El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, atraviesa actualmente una investigación por enriquecimiento ilícito y otras presuntas maniobras de corrupción. La pesquisa gira, principalmente, sobre un dato incómodo: un nivel de gastos, consumos y adquisiciones que no parecen compatibles con los ingresos declarados por un funcionario público.
Como suele ocurrir en este tipo de investigaciones, hay dos elementos centrales: los gastos en sí mismos y la posibilidad —o imposibilidad- de justificarlos de manera razonable y lícita.
Allí aparece una herramienta básica de cualquier sistema republicano: las declaraciones juradas patrimoniales.
A nivel nacional, las leyes 25.188 y 26.857 obligan a los altos funcionarios a presentar declaraciones juradas públicas. No es un detalle burocrático ni una formalidad administrativa: es el mecanismo que permite a periodistas, investigadores judiciales y ciudadanos controlar la evolución patrimonial de quienes administran fondos públicos.
Precisamente porque esas declaraciones son públicas hoy resulta posible comparar el patrimonio previo al ingreso a la función pública con el nivel de gastos y bienes exhibidos durante el ejercicio del cargo.
En Neuquén ocurre exactamente lo contrario
La vieja Ley N° 5 establece que las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales son secretas. Deben permanecer en sobres cerrados, lacrados y archivados en la Escribanía General de Gobierno. Solo pueden abrirse si el Ministerio Público Fiscal formula cargos en una causa penal por enriquecimiento ilícito.
Es decir: primero debe existir una investigación penal para acceder a la información que justamente podría permitir detectar un enriquecimiento ilícito.
El sistema fue duramente cuestionado mediante una acción judicial de inconstitucionalidad, en la que se advertía lo obvio: el régimen neuquino viola principios elementales de publicidad, transparencia y acceso a la información pública.
Sin embargo, en febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró constitucional la norma y validó el carácter secreto de las declaraciones juradas. Para el máximo tribunal provincial, ese esquema no afecta ni la publicidad de los actos de gobierno ni el control ciudadano. Así, garantiza que nadie se atreva o pueda cuestionar el enriquecimiento de los/las funcionarios/as.
La pregunta entonces surge sola: ¿qué ocurriría si un caso como el de Adorni involucrara a un funcionario neuquino?
La respuesta es sencilla y bastante incómoda: probablemente nunca lo sabríamos.
Ni periodistas ni ciudadanas/os podrían acceder al patrimonio declarado. Tampoco sería posible cotejar la evolución patrimonial, verificar inconsistencias o detectar incrementos injustificados de bienes.
Bajo el sistema neuquino, el problema no sería explicar los gastos, sino evitar que alguien pudiera conocerlos. Para eso existe la Ley N° 5, la cual jamás se reformó y que el poder judicial convalidó.
Y esa es quizás la discusión de fondo que Neuquén todavía se resiste a dar: cuántos funcionarios públicos exhiben o podrían exhibir niveles de consumo, bienes o patrimonio imposibles de justificar, sin que la sociedad tenga siquiera la posibilidad de advertirlo.
En la provincia donde el secreto fue judicialmente equiparado a la transparencia, la opacidad dejó de ser una anomalía para convertirse directamente en política y práctica institucional.
Definitivamente, a Adorni le gustaría ser funcionario en Neuquén.
