Los allanamientos y la detención de diez mujeres referentes de movimiento sociales realizados en la provincia de Neuquén, en operativo coordinado entre funcionarios del Poder Judicial, la Policía Provincial, funcionarios del Poder Ejecutivo y medios de comunicación, en una clara réplica del modelo persecutorio instaurado a nivel nacional contra toda forma de diversidad y disidencia, exige analizar las formas en las que la violencia institucional se incorpora como elemento inherente (necesario para la “gestión”) y cómo se intenta sofisticar su ejercicio a través de prácticas que -presentadas como legales y prioritarias- persiguen en realidad el disciplinamiento y las estigmatización de las disidencias.
Como es evidente este procedimiento, por su orquestación, su difusión mediática y principalmente por su innecesariedad, supuso la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (honra y dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 (obligación general de garantizar) del mismo instrumento, así como los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Este accionar, lejos de ser accidental o atribuible a la mera negligencia, se presenta como claramente sistemático, de modo tal que la violencia ejercida por el Estado a través de diferentes agentes que actúan de manera coordinada, en claro abuso de potestades y en franca violación de derechos y garantías, se incorpora como práctica inherente dentro de un sistema orquestado y diseñado de sometimiento, estigmatización, persecución y criminalización.
Las acciones desplegadas dan cuenta de la desembozada intención y decisión de utilizar métodos ilegales (violencia institucional) como forma de gestionar e imponer un modelo autoritario, incorporando en dicho esquema no sólo a las fuerzas represivas de seguridad, sino además a agentes de otras instituciones e incluso a actores privados.
Además de la gravísima sistematización de la violencia institucional, este tipo de acciones supone un ejercicio mucho más extensivo e intensivo de la violencia en tanto supone la inordinación de las instituciones, no ya para la observancia de la legalidad y para la gestión general de derechos, sino para su utilización como instrumento de dominación que opera sobre todo el decálogo de derechos humanos y garantías constitucionales.
A este desolador panorama se le suma un despliegue propagandístico de características cinematográficas que persigue el doble propósito de mostrar a la protesta, a las disidencias y a las diversidades como un enemigo pasible de ser estigmatizado, violentado e incluso aniquilado y -concomitantemente- de mostrar al aparato estatal (represivo) como un instrumento imparcial, objetivo, transparente y eficaz.
Toda esta parafernalia está diseñada con la exclusiva finalidad de procurar que, quienes detentan el poder estatal, puedan sustraerse de su obligación constitucional de gestionar en procura de la máxima realización de derechos como estándar justificante, prioritario y exclusivo de la delegación del poder estatal.
Básicamente los modelos autoritarios procuran detentar el poder público para desviar su uso en propio beneficio y ese ejercicio ilegal del poder requiere para su implementación el uso sistemático e intensivo de la violencia institucional.
El paradigma de libertad -autoatribuido- por quienes se reputan liberales responde, en realidad, a una segmentación conceptual elaborada con la finalidad de encubrir una relación de dominación.
El concepto de libertad, entendido en términos democráticos, es imposible de concebir sin un consecuente y equiparable grado de igualdad social que permita un ejercicio racional por fuera de una relación intersubjetiva de detrimento.
Así, entender a la libertad desligada del concepto de igualdad supone enmascarar -burdamente- una relación de dominación en donde el ejercicio de la “libertad” implica un grado autoritarismo y de violencia institucional por parte de un grupo minúsculo en detrimento de los derechos del grupo mayoritario.
La violencia institucional desplegada por el Estado provincial es sin lugar a dudas una clara muestra de su vocación de dominación a través del uso de la violencia institucional sistemática y organizada, eso sí, todo ello, en nombre de la “libertad”.
- Federico Egea – Abogado, integrante de la asociación de Derechos Humanos Zainuco
