¿Existe realmente la posibilidad de que el sistema democrático representativo funcione sin partidos políticos? Sabemos que entre el capitalismo y la democracia ha existido siempre una relación tensa, con el Estado en el centro, tironeado por ambas lógicas. Por un lado, debe garantizar la acumulación del capital, generando desigualdad económica y, en contraposición, debe asegurar su propia legitimación social, basado en una igualdad política donde un ciudadano es igual a un voto.
Hacia fines de la década de 1970 comenzó a gestarse en Occidente un modelo capitalista, una versión del capitalismo, que inclinaría la balanza estatal en favor de la acumulación de capital, en detrimento de los derechos de las grandes mayorías y de la distribución de la riqueza. En ese contexto, los partidos políticos fueron perdiendo progresivamente su identidad ideológica de origen, adaptándose a las orientaciones impuestas por el gran capital, especialmente a partir del 9 de noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín y, con él, del campo socialista.
Como señalaba el politólogo y sociólogo alemán Claus Offe, a finales del siglo XX, los partidos políticos tienden a “abarcarlo todo”, evitando posiciones radicales, reduciendo el debate ideológico y transformando la política en una cuestión de gestión técnica. En este proceso, se consolidan aparatos partidarios cada vez más profesionalizados, se elitiza la dirigencia y, en consecuencia, las distintas fuerzas políticas tienden a asemejarse entre sí. Esta caracterización no solo se mantuvo, sino que se profundizó a la par del afianzamiento del modelo neoliberal y de la denominada globalización.
En nuestro país, la mesocracia —entendida como la incorporación de las clases medias a la vida política— impulsada por el radicalismo bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen, así como la irrupción del movimiento obrero en la representación política promovida por el peronismo, han quedado relegadas a un recuerdo cada vez más difuso en la memoria colectiva. En paralelo, las élites y sus privilegios han ido socavando los derechos más elementales de las mayorías.
En nuestro país, la mesocracia —entendida como la incorporación de las clases medias a la vida política— impulsada por el radicalismo bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen, así como la irrupción del movimiento obrero en la representación política promovida por el peronismo, han quedado relegadas a un recuerdo cada vez más difuso en la memoria colectiva. En paralelo, las élites y sus privilegios han ido socavando los derechos más elementales de las mayorías”.
En particular, el peronismo —que no es un partido clásico europeo, sino un movimiento amplio, (que fue) capaz de canalizar conflictos sociales reales y romper con los esquemas de partidos de élite homogéneos— parece haber comenzado a transitar un camino similar, transformándose en un partido tradicional más, sin planteos disruptivos que impulsen verdaderas representaciones de los intereses populares que permitan construcciones colectivas -no elitistas- de poder. En definitiva, los partidos políticos han terminado por desvirtuar las funciones para las cuales fueron concebidos. Ya no representan genuinamente los intereses de quienes dicen representar, mientras que el poder real es ejercido por grandes corporaciones económicas, que logran cooptar a buena parte de los poderes judicial y legislativo. Ello se traduce en la implementación de medidas políticas y económicas abiertamente contrarias a los intereses populares, aquí, en nuestro país y en Occidente, mal llamado “mundo libre”.
Al no poder garantizar la legitimidad de la representación —como consecuencia de inclinar la balanza en favor de la acumulación del capital- emergen fenómenos como los de Javier Milei e incluso Donald Trump. Sectores significativos de la sociedad canalizan sus odios y frustraciones en respuestas ilusorias que prometen estas figuras que se presentan como ajenas a los partidos políticos —cada vez más parecidos entre sí – en contenido y formas violentas y antiderechos. Finalmente, estos outsiders de la política terminan profundizando las lógicas de concentración de la riqueza, bajo modalidades que adquieren rasgos de barbarie y que dejan atónitos a propios y a ajenos, muchas veces sin margen para una reacción efectiva.
Cuestionar el sistema partidocrático liberal en un contexto en el que, a mi juicio, impera en varios países, incluyendo a EEUU y el nuestro, regímenes de características neofascistas, podría parecer inoportuno. Sin embargo, eludir ese debate equivale a esconder los problemas bajo la alfombra y, en definitiva, perpetuar nuestra decadencia como país y como sociedad.
Ha quedado muy lejos, en el tiempo pero también en los hechos, aquello que el ex presidente Raúl Alfonsín en los inicios de la actual etapa democrática y en plena campaña electoral repetía a forma de proclama: “con la democracia se come, se cura y se educa”. Las estadísticas económicas y sociales de los últimos 42 años hunden en el mar de la desesperanza esa pretendida aspiración. Los niveles de pobreza, desocupación, desnutrición infantil y otras variables vinculadas a la vida cotidiana reflejan un deterioro evidente. Hoy, por dar un ejemplo, la pobreza alimentaria supera niveles históricos: el 35,5 % de niños, niñas y adolescentes padece inseguridad alimentaria, y dentro de ese universo, un 17 % sufre inseguridad alimentaria severa, es decir, hambre. Asimismo, distintos relevamientos señalan que uno de cada tres niños enfrenta dificultades para alimentarse y que una proporción significativa de trabajadores también atraviesa situaciones similares. El índice de pobreza pasó de 21 % en 1983 —al inicio de la etapa democrática más prolongada del país- a cifras cercanas al 38 % en 2025, con tendencia al alza. El desempleo también muestra incrementos recientes, y los indicadores de distribución del ingreso evidencian mayores niveles de desigualdad desde el final de la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad.
No obstante, este proceso no ha sido lineal: entre 2003 y 2015 se registraron mejoras significativas en varios indicadores, en un período caracterizado por una mayor capacidad estatal de planificación económica, social y cultural. Por las políticas aplicadas en materia educativa en ese período se puede decir que el analfabetismo en nuestro país ha bajado en los últimos cuarenta y dos años de 6% a 1,2%. De persistir el alza en los demás indicadores seguramente en pocos años más el analfabetismo volverá a aumentar.
El sistema partidocrático liberal es, en definitiva, el resultado de una evolución del pensamiento político surgida en un contexto histórico europeo de hace más de doscientos cincuenta años, que respondió, en aquel momento, a una nueva estructura económica y social. Con el paso del tiempo —y, sobre todo, por las propias características fundacionales del sistema— se fueron consolidando, ampliando y profundizando tanto los privilegios como las marginalidades, en los planos económico y político.
¿Cuáles serían las alternativas al sistema partidario liberal?
La propia historia argentina ofrece ejemplos de alternativas pensadas desde una matriz distinta y descolonizante. En el Congreso de Tucumán, Manuel Belgrano propuso la instauración de una monarquía incaica, iniciativa que contaba con el respaldo de José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. Del mismo modo, Juan José Castelli bautizó “Túpac Amaru” al único cañón bajo su mando, en clara alusión a las raíces americanas del proceso emancipador. Estas ideas —y, sobre todo, las acciones que las acompañaron— reflejaban la búsqueda de formas institucionales propias. Sin embargo, no prosperaron en gran medida debido a la oposición de la élite porteña, aferrada a los privilegios —legales e ilegales— que le garantizaba el sistema colonial.
Más cerca en el tiempo, Juan Domingo Perón presentó en 1949, en el marco de una nueva Constitución —posteriormente derogada por un bando militar-, los fundamentos de la doctrina de la “Comunidad Organizada”, basada en la justicia social, la organización del pueblo y un Estado que articule intereses en lugar de abandonarlos al conflicto. El preámbulo de aquella Constitución incorporaba “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Asimismo, en su capítulo III establecía los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. En sus artículos 38 y 39 disponía que la propiedad privada debía cumplir una función social orientada al bienestar general, mientras que el artículo 40 garantizaba un rol decisivo del Estado en el control de la economía, especialmente en áreas estratégicas como la energía, los servicios públicos y el comercio exterior, así como en aquellos sectores donde actuaran monopolios u oligopolios.
Hemos quedado tan lejos de ese horizonte que pareciera que se hablara de otro país… y quizás, en parte, lo era. En esa línea, cabe preguntarse: ¿Por qué no imaginar un Congreso en el que los distintos sectores de la sociedad cuenten con representación directa, capaz de expresar y defender sus intereses reales? ¿Por qué no pensar en la recuperación de los principios de la Constitución de 1949, vulnerada durante décadas por el sistema político argentino? Atrevernos a cuestionar, a imaginar, a plantear un nuevo sistema democrático que recupere el sentido originario de DEMOCRACIA: el gobierno del pueblo.
*Esta nota fue publicada también en el sitio Va con firma.
