El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentó el veredicto oficial sobre el “Caso Megaproyecto Vaca Muerta”, en el cual documentaron graves impactos del megaproyecto de fracking en la región patagónica sobre la naturaleza y los derechos humanos que configuran, a su entender, “crímenes de ecocidio y etnocidio”.
La presentación del veredicto fue la culminación de un proceso que comenzó en diciembre de 2019 y que incluyó una visita a Añelo, Sauzal Bonito, Plaza Huincul y Neuquén, entre marzo y abril de 2023, para recolectar evidencia en terreno. En esa oportunidad, una delegación del Tribunal anticipó que el daño ambiental que genera el fracking “supera con creces lo que se puede ver en una actividad petrolera convencional”. Las conclusiones de esa visita fueron entregadas en mano al entonces gobernador Omar Gutiérrez pocos días antes de las elecciones.
Ahora, el documento ingresó por mesa de entradas en la Casa de Gobierno para que llegue a las autoridades provinciales. Además, fue divulgado entre organizaciones sociales, como la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero Sur y la APDH Neuquén, entre otras.
Este documento ético no vinculante destaca el “reconocimiento irrefutable de la violación a los Derechos de la Naturaleza y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas que ancestralmente han sido y continúan siendo protectores y guardianes de sus territorios, así como de las otras comunidades de habitantes en el territorio de Vaca Muerta”. El veredicto releva también las afectaciones contra sus territorios, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, así como los daños provocados contra los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, “todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio”, se lee en el texto.
Además, exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar una “transición energética justa y popular, que incluya un abandono progresivo y ordenado de la explotación de combustibles fósiles” en favor de “matrices energéticas renovables, descentralizadas y desmercantilizadas”.
Gonzalo Verguz, Coordinador del Equipo Legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, consideró que “el veredicto emitido por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en relación al caso Vaca Muerta es, sin dudas, en este difícil contexto socioeconómico, una acción de valentía, porque pone en evidencia un lado B de la opinión hegemónica en materia de transición energética y en materia de resaltar los hipotéticos beneficios del ingreso de divisas, el trabajo y la imposible falta de afectación ambiental por una actividad tan nociva, justamente, para la naturaleza, como es el fracking”.
Ante la consulta de Intempestiva, agregó que “por otro lado, para quienes trabajamos como operadores jurídicos, constituye una herramienta fundamental teniendo en cuenta que las fuentes del derecho que utilizan los jueces y juezas para la toma de decisión, principalmente, está compuesta por la normativa dura, es decir, por el derecho legislado, por las normas, por las leyes, por los convenios y acuerdos internacionales, pero al mismo tiempo también está constituida por la costumbre, por la jurisprudencia, por la doctrina. En ese espacio, este veredicto que resume de forma contundente y eficiente un proceso de muchos años, sirve como insumo y como herramienta para empezar a contribuir a una fundamentación que tenga como fin una transición energética justa, popular y, sobre todo, que respete los derechos de la naturaleza”.
Un Tribunal con antecedentes en todo el mundo
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos de distintos países para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la naturaleza. Está integrado por referentes de organizaciones ambientalistas de América Latina. Su secretaria es Natalia Greene (Ecuador, Alianza Internacional por los Derechos de Naturaleza), y los jueces son Patricia Gualinga (Ecuador), el economista y ex Ministro de Energía y Minas de Ecuador en 2007, Alberto Acosta; la lideresa ambiental colombiana Yuvelis Morales, y los argentinos Gabriela Cabezón Cámara, Enrique Viale y Rafael Colombo (AAdeAA) y Claudia Aboaf (Colectivo Mirá).
Ha tenido intervención en países como Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia y México. También contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.
