Un niño con una costilla fracturada. Una mujer con la muñeca dolorida y otra, de 63 años, que terminó en el hospital. Un joven con los dientes flojos y la boca hinchada, llena de sangre. El uso de gas lacrimógeno a corta distancia. Un indigente, que estaba por ahí, y fue levantado. Son algunos de los datos que arrojó el “desmedido y abusivo” operativo de desalojo de comunidades mapuche, recogidos por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Neuquén (CPPT).
El organismo elaboró un informe sobre el procedimiento que llevó adelante la policía de la provincia para desalojar a las personas que se encontraban acampando frente a la Gobernación en reclamo de la finalización del trámite de las personerías jurídicas, al que se había comprometido el gobierno provincial.
En un informe elaborado el 21 de julio, un día después del operativo represivo, los integrantes del Comité escribieron lo que vieron y escucharon durante su visita a las dos comisarías donde las personas detenidas durante la represión permanecieron demoradas durante algunas horas.
El Comité indicó que, al conocerse el operativo, Pablo Scatizza y Silvia Couyoupetrou se acercaron a la Comisaría N° 17, donde habían sido llevadas las mujeres. Allí fueron recibidos por la titular de la dependencia, comisaria Marcela Gutiérrez, “quien los atendió de forma inmediata” y les informó que “el operativo había sido ordenado por el fiscal Vignaroli, ejecutado por la Dirección de Seguridad bajo la jefatura del comisario Catalán y supervisado por el Ministerio de Seguridad, habiéndose protocolizado la orden bajo el número 096”.
Según el documento, “las mujeres fueron revisadas por la médica de la División Sanidad de la Policía, Dra. Nadia Romero, quien indicó a los comisionados que se trataba de una revisión no invasiva, consistente en la inspección de brazos, piernas y zonas del cuerpo visibles que pudieran presentar lesiones. La médica señaló que no se observaron lesiones visibles, salvo en una de las mujeres, quien manifestó dolor en una muñeca”.
Los comisionados pudieron acceder al lugar donde estaban detenidas las mujeres, para entrevistarlas. “Coincidieron haber sido objeto de un accionar violento y abusivo por parte de los efectivos policiales durante el desalojo. Relataron haber sido reducidas con violencia, incluso por efectivos varones, quienes las golpearon mientras se encontraban en el suelo. Una de ellas mostró su muñeca inflamada, refiriendo que el dolor era producto del forcejeo con la policía, y otra mujer manifestó que uno de los oficiales a cargo le dijo: ‘¿Te creés que por ser mujer no te voy a pegar?’”.
Asimismo, señalaron que “también fueron golpeadas por personal policial femenino, incluyendo a una mujer de 63 años, con patologías médicas previas y que había sido operada recientemente”. El informe agrega que “ante el dolor persistente manifestado por una de las mujeres los comisionados solicitaron que se dispusiera su derivación a un centro de salud. La comisaria Gutiérrez indicó que sería trasladada al hospital Bouquet Roldán”.
Luego de recorrer la comisaría 17, los Scatizza y Couyoupetrou se trasladaron hasta la Comisaria N° 2, donde también acudió otro miembro del Comité, Roberto Samar. Allí, entre los demorados, se encontraba su colega, Pablo Meuli, que al momento de ingresar a la comisaría fue identificado y liberado, justamente, por ser miembro del organismo.
“Durante las entrevistas, se recabaron diversos testimonios que describieron situaciones de violencia física”, se lee en el informe. Agregaron que “uno de los varones presentaba un fuerte golpe en la boca, manifestaba mucho dolor y tenía dientes flojos, los labios muy hinchados y sangre. Afirmó que fue agredido por varios policías. Otra persona mostró marcas de balas de goma en la espalda y en la cintura, y otra refirió golpes en la cabeza que le fueron propinados cuando lo tiraron al piso presionando su cabeza contra el suelo y golpeándolo en esa posición en dos ocasiones”.
En tanto, señalaron que “otra de las personas presentaba varias marcas de forcejeo en el cuello”.
“Los testimonios coincidieron en calificar el operativo como desmedido y abusivo”, consigna el informe. En ese sentido, amplía que “se documentaron situaciones particularmente graves, como el uso de gas lacrimógeno a corta distancia a personas que estaban esposadas en el piso, así como a otras que se encontraban encadenadas frente a la Casa de Gobierno como parte de la protesta”.
Entre los datos más escabrosos, “se denunció la detención de un hombre mientras sostenía a su hijo en brazos, y la detención de un menor de edad, quien también fue golpeado”, situación que fue advertida por uno de los integrantes de las comunidades mapuche detenidos, que es también abogado. Asimismo, “se registró la presencia de una persona en situación de calle, quien indicó que no fue agredida físicamente, aunque sí esposada y trasladada junto con el resto, y se informó que un menor de edad había sufrido una fractura en su costilla durante la represión, y que había sido derivado al hospital regional de Neuquén.”
A modo de conclusión, el CPPT considera necesario profundizar la investigación y para ello solicita contar con la información oficial complementaria solicitada a las autoridades intervinientes. Los comisionados reiteran la “preocupación institucional ante el uso excesivo, irracional, innecesario y desproporcionado de la fuerza en contextos de desalojo del espacio público” y, para finalizar, subrayan la “obligación del Estado provincial de garantizar el derecho a la manifestación y la protesta social”.
