En la Legislatura de la Provincia de Neuquén se está debatiendo un proyecto de ley presentado por uno de los bloques que conforman el oficialismo, mediante el cual se intenta autorizar a la policía provincial a utilizar “armas no letales”.
El proyecto, como fue presentado, debería pasar por un exhaustivo análisis ya que contiene grandes imprecisiones que traerán más problemas que soluciones. Sin embargo, como suele suceder, el proyecto tiene de interesante lo que no dice. Tal vez, sea el momento de discutir uno de los temas que tiene pendientes la Legislatura hace tanto tiempo: el modelo de seguridad.
Me permito compartir esta breve opinión que no tiene pretensiones de ser absoluta ni exhaustiva. Es un tema muy complejo que, obviamente, no tiene una solución sencilla.
Un debate serio debería empezar por proponer qué modelo de seguridad queremos. Existen en la teoría, al menos, dos grandes enfoques. Uno pensado desde el populismo punitivo y otro desde el reformismo progresista. El primero se lleva bien con la idea de seguridad pública y el segundo, con la idea de seguridad ciudadana.
La seguridad pública se asentó en la idea de “orden público”. Para este enfoque será un tema de seguridad todo aquello que “altere el orden público”. El orden como objetivo del Estado y todas las decisiones políticas tendrán más que ver con ese objetivo que con los ciudadanos.
Para alcanzar ese objetivo suelen adoptarse como políticas de seguridad decisiones que dotan a las policías de distintos elementos para restablecer ese orden, sostenidas en discursos autoritarios y violentos.
Así, seguridad y policía han sido, en general, utilizadas como sinónimos y eso no ha traído resultados valiosos para nuestras sociedades.
En cambio, para la seguridad ciudadana, las políticas de seguridad tienen como destinatario principal al ciudadano y, fundamentalmente, entienden la seguridad como necesaria para proteger derechos humanos. Esto implica, entre otros muchos aspectos, que la misma ciudadanía debe participar en el diseño de esas políticas, no solo por ser las destinatarias sino también por el mismo principio de democracia.
Sabemos que la democracia no termina el día que votamos. El ejercicio de la vida democrática implica participar en la toma de decisiones que para nada se reduce a la actuación de los y las legisladores.
El proyecto presentado es el claro ejemplo. ¿Es un problema actual en Neuquén el no uso de pistolas eléctricas por parte de la policía? Parece que no. De hecho, ya existen armas no letales que utilizan las policías, ejemplo: gases lacrimógenos, balas de goma, bastones. También existen muertes producidas con la utilización de esos elementos, y que en nada han impactado en estadísticas de mejor seguridad.
Por lo tanto, es claro que la presentación de un proyecto que no surge de ninguna demanda social real se debe a otros motivos. Por un lado, me aventuro en suponer que el motivo responde a la coyuntura actual de intentar simpatizar con las líneas políticas del gobierno nacional. Pero, por otro lado, se debe a la ausencia de un proyecto mayor que englobe el uso de las armas y de la fuerza por parte del personal policial.
Pero ese modelo mayor no se reduce al uso de la fuerza policial. Un modelo de seguridad ciudadana debería pensar en las causas del delito tamizado por diferentes criterios de análisis para abordajes específicos y de prevención; la transversalidad que implica la intervención de diversas instituciones sociales y estatales; los barrios, sus redes comunitarias y el control policial territorial del delito; la policía en cuanto a las jerarquías, formación, salarios, horarios, licencias, elementos y más; la policía de investigación y su formación específica y dependencia de los órganos de investigación judicial; las comisarías; las cárceles y su (mal) funcionamiento, y un largo conjunto de etcéteras.
Ese proyecto mayor es el de construir un modelo de seguridad ciudadana que proteja el ejercicio de los derechos humanos. Pero seamos claros, dar esa discusión honestamente es salir de argumentos disfrazados de progresismos que resultan inútiles para abordar y tratar el complejo problema que en definitiva logran no transformar nada.
La inseguridad existe, y el sector que más la sufre son los laburantes de clase media y baja. Que luego son los mismos que reclaman más seguridad asociada a la idea de mayor policía. Policías que son, en su gran mayoría, vecinos de esos sectores cada vez más empobrecidos.
Tampoco debe romantizarse la idea de que armar dos reuniones en un barrio es receptar la demanda del lugar. Los barrios no son homogéneos y entender las demandas implica trabajar con el barrio y en el barrio. A su vez, tampoco es homogénea la demanda de todos los colectivos. ¿Qué tienen para decir las mujeres? ¿Y los jóvenes? ¿Los jóvenes de dónde? ¿Pensarán lo mismo acerca de la seguridad personas de disidencia sexual que heterosexuales? ¿Cómo se comunica la inseguridad urbana?
Un debate serio sobre qué modelo de seguridad queremos es todavía una deuda. Nos debemos como sociedad un amplio debate con datos estadísticos confiables, precisos, equipos técnicos y, sobre todo, con una amplia participación ciudadana, horizontal, de todos los sectores sociales interesados en mejorar nuestra convivencia.
En ese marco se discutirá que el uso de la fuerza se deberá ajustar a los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas; y recién en ese momento analizaremos qué tipos de armas portarán y las situaciones de uso. Pero para que llegue ese momento, primero deberíamos discutir qué modelo de seguridad queremos.
- Bruno Vadalá – Abogado – DD.HH.
