Aten inicia hoy un nuevo contragolpe en defensa de sus derechos, contra el presentismo docente, por escuelas seguras y en reclamo del cumplimiento de los acuerdos alcanzados por acta a principios de año. Lo hará con una marcha provincial, en lo que será la primera de las dos jornadas de paro previstas para esta semana en busca de que el Ejecutivo abra una mesa de discusión urgente, situación compleja porque el Gobierno se mantiene firme con su postura. Las medidas continuarán mañana con actividades en el CPE. Para la semana que viene, el gremio ya tiene definidas tres jornadas de paro, dos de ellas con permanencia en las puertas de la Gobernación.
“Este conflicto no existía en la provincia. Es un conflicto generado por el Gobierno y es el Gobierno quien tiene en sus manos la posibilidad de desactivarlo”. Estas palabras son las que se repiten desde el sindicato desde el día que Diputados aprobó, por amplísima mayoría (todas y todos los presentes a excepción de Andrés Blanco, Gabriela Suppicich y Darío Martínez), la ley que estipula el presentismo docente en la provincia, pero que, según el gremio, tiene como finalidad “disciplinar” a la organización sindical.
A esta situación se le suman irregularidades en el funcionamiento del Consejo Provincial de Educación (CPE), denunciadas públicamente por aten durante los últimos días, y reiterados reclamos de directivos por el estado de las escuelas y la necesidad de contar con un aumento en las partidas de refrigerio y comedor para hacer frente a una realidad que los sobrepasa.
Desde las 11, concentrarán en el Monumento a San Martín para luego movilizarse por el centro de la ciudad y culminar en Casa de Gobierno, donde se realizará el acto central.
Ante los reiterados “aprietes” del Gobierno a directivos para que informen a quienes no concurren a las escuelas por plegarse a las medidas de fuerza y las “amenazas” de descuentos a las y los docentes, aten informó que existe una reglamentación que ampara a las y los trabajadores que defiendan sus derechos.
En ese comunicado advierte que no es facultad del directivo informar la adhesión a un paro, dado que “no es una novedad individual sino la acción colectiva al amparo de la organización sindical, en el marco del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y del artículo 39 de la Constitución Provincial”. También mencionan al Estatuto Docente, leyes y resoluciones vigentes y se concluye que “el requerimiento de información relacionada con la adhesión a paro, lejos de ser una cuestión administrativa, es una intromisión o intimidación política y económica en un conflicto de alcance sindical y colectivo”.
Se sabe que en este conflicto el Gobierno pone en juego mucho y que el gremio está decidido a luchar por los derechos de sus afiliados y afiliadas, como lo ha hecho a lo largo de sus más de cuatro décadas. Y esta nueva gestión lo sabe bien, ya que en marzo intentó imponer un decreto y la calle los obligó a derogarlo. ¿Qué pasará ahora? Sólo el tiempo lo afirmará.
