El 25 de junio, la Legislatura de la provincia de Neuquén aprobó por mayoría la Ley 3447, con el título de “Adicional al desarrollo profesional docente”, difundida, conocida y bien llamada ley de “Presentismo docente”. A partir de allí, se desató un conflicto que, en la última semana, dio muestra de tener una magnitud considerable.
El trasfondo de la ley pone en juego el sentido de la tarea docente y de la escuela. Durante el debate en la Legislatura, un diputado señaló que la medida representa un “cambio cultural”. Ante esta manifestación surgen las preguntas: ¿qué significa esto?, ¿cuál es la cultura actual?, ¿cuáles son las finalidades pedagógicas que persigue ese cambio cultural? Si la intención inicial fue aplicar un incentivo al presentismo del aula, ¿por qué se lo vinculó al desarrollo profesional docente? ¿Por qué el presentismo o la mera presencia del docente en el aula garantiza la continuidad pedagógica?
La tarea que define al docente es la enseñanza, entendida como práctica que lo vincula con estudiantes a través del conocimiento. Lo que hace la y el docente en la escuela es enseñar y para poder hacerlo requiere de una serie de condiciones que permitan y faciliten las prácticas de enseñanza. Estas condiciones son de distinta índole y grado de importancia: infraestructura escolar segura que posibilite la asistencia, tanto de estudiantes como maestras y maestros, recursos didácticos para el desarrollo de las clases, libros, materiales para el laboratorio, educación física, artes plásticas, músicas, talleres de las escuelas técnicas, sólida formación de grado y desarrollo profesional de las y los docentes, organización institucional que posibiliten el desarrollo curricular, buenos salarios para el personal que trabaja en las escuelas, entre otros tantas que se pueden mencionar. Si falta alguna de ellas, la continuidad pedagógica y la calidad educativa se ven afectadas. En la situación actual de la vida en las aulas, la continuidad pedagógica está sostenida, en gran parte, por las y los docentes y las familias que se hacen cargo de pagar fotocopias, libros, transporte para actividades fuera de la institución escolar, aportar materiales didácticos y muchas otras situaciones, que a diario se solucionan en la escuela, sin que nadie hable de ello.
Entrar en el debate implica exponer argumentos que sobrepasen el sentido común de los posicionamientos, y recurrir a conocimientos y saberes que se producen en el ámbito de las ciencias de la educación que estudian e investigan los diversos problemas que se presentan en la cotidianeidad escolar. Al mismo tiempo, recuperar las buenas enseñanzas que a diario se dan en nuestras escuelas. ¿Hay cosas que mejorar en la educación actual? Claro que sí; no todo está bien, pero existen prácticas pedagógicas que deben trascender las paredes del aula para que la sociedad las conozca y las reconozca. Una vivencia personal que nos invita a pensar y rescatar el trabajo de docente: a pocos días de la aprobación de la ley, nuestra familia recibió el informe trimestral del desempeño de mi nieta que asiste a séptimo grado en una escuela pública de la ciudad de Neuquén. Un informe de dos páginas, analítico y constructivo que señala logros y aspectos a profundizar en todas las áreas curriculares que se enseñan en la escuela primaria; esas maestras realizaron los veinticuatro informes de las niñas y niños que están en ese grado y pensé cuánto conocimiento hay puesto en las dos páginas, cuánto trabajo de seguimiento y atención sostenida en el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje infantil. El informe no sólo refleja la calidad del trabajo docente -que seguramente fue realizado durante un fin de semana o en la noche, luego de atender las demandas de la casa-, sino también el proceso de desarrollo profesional que colectivamente, junto a otras maestras, se da en la escuela.
Frente a esta situación me pregunto: ¿La escuela y las y los docentes tienen “mala prensa”? ¿o comenzamos a transitar una etapa en la cual hay intencionalidades político-pedagógicas de transformar la escuela y las prácticas docentes al “servicio” de otro proyecto? En Neuquén está vigente la Ley Orgánica de Educación (N.º 2945 promulgada en 2014), que establece las bases políticas pedagógicas de la educación provincial -uno de los capítulos refiere a los derechos y deberes del personal docente-. Si la ley recientemente aprobada tiene como finalidad el desarrollo profesional docente debiera presentar una articulación con la ley orgánica, pero sólo lo que hace es establecer mecanismo para el pago del adicional por asistencia. En el proceso de tratamiento del proyecto de ley de presentismo -presentado el 17 de junio, aprobado el 25 y promulgado el 28 de junio- no se contempló las consultas, asesoramiento y la participación en el debate del tema. El Gobierno afirma que el 40 por ciento de los trabajadores estatales integran el sistema educativo, a lo que agregó que esa cantidad se ocupan de la educación del 32 por ciento de la población total de la provincia (datos del 2023 de la Dirección Provincial de Estadística y Evaluación del CPE), la magnitud cuantitativa de la población destinataria -directa e indirectamente- de la aplicación de la ley, merece que se destine más tiempo y rigurosidad en la discusión del contenido de la norma. Desde lo cualitativo, se trata de la educación de las niñeces, juventudes y de adultes, y no es un tema menor. La educación es constitutiva de sociedades, de presentes y futuros comunes, colectivos, humanos. Leer los contenidos transversales obligatorios que establece la Ley 2945 sirve para reflexionar sobre la magnitud de la tarea de enseñanza a cargo de las y los docentes.
Y si de debate se trata, debatamos seriamente por qué faltan las y los docentes; se puede recurrir a investigaciones serias que estudian el problema desde hace unas cuantas décadas y planificar estrategias para prevenir las enfermedades que sufren las y los docentes. Los trabajos de Deolidia Martínez, docente investigadora argentina, que recorrió el país y la región difundiendo sus ideas y estudios, fundamentados en datos rigurosos sobre la problemática de la salud y el trabajo docente. También se podría promover investigaciones locales, contextualizadas y actualizadas en nuestra realidad, que pueden ser desarrolladas por los propios docentes del sistema educativo provincial. Estos estudios permitirían conocer y comprender la situación para legislar para mejorar la calidad educativa y proteger la salud de las y los docentes.
Si las y los legisladores que representan al conjunto de la población de la provincia de Neuquén sinceran sus discursos y prácticas y llaman a las cosas por su nombre, se podrá transparentar el debate y la disputa sobre el sentido de la escuela pública se centrará en los logros alcanzados y los aspectos a mejorar -como el informe de las maestras de mi nieta-, sin estigmatizar y culpabilizar a las y los docentes. Planteados como está en la actual ley de presentismo, sólo genera conflictos y abre una nueva grieta en la sociedad. La realidad social marcada por la pobreza y la extrema desigualdad exige políticas que contemplen necesidades y derechos, en este contexto, la educación es prioridad. Y esto, el colectivo docente de la provincia de Neuquén lo tiene muy claro; no olvidemos que este colectivo docente, junto con la comunidad educativa, enfrentó, resistió e impidió la implementación de la reforma educativa establecida en la Ley Federal de Educación.
- Por María Rassetto – Profesora Consulta – Universidad Nacional del Comahue
