El conflicto educativo desatado días antes del receso invernal luego de la aprobación exprés en la Legislatura del presentismo en la provincia, no tiene a la fecha una solución palpable. Mientras el Gobierno sigue firme con su postura de ignorar al sindicato y promover iniciativas que pretenden poner a la comunidad en contra de las y los maestros, el gremio redobla fuerzas, moviliza, suma días de paros y concentra unidad interna y apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos. La permanencia de ayer en las puertas de Casa de Gobierno, medida que dio inicio a esta nueva semana de paro, fue una clara muestra de unidad. Aunque es cierto que en ese gran arco sindical hubo importantes ausentes; algunos porque no son propensos a luchar en la calle, otros porque evitan mostrarse enfrentados a Rolando Figueroa. Hoy se repetirá la acción y mañana se cerrará con el desarrollo de asambleas en toda la provincia. Esa instancia marcará el pulso de la medida y determinará cómo se sigue de acá en adelante.
Desde Aten reiteran una y otra vez que el Gobierno generó un conflicto que no había y aseguran que el Ejecutivo es el responsable absoluto de solucionarlo. Y para que eso ocurra, la única vía posible es sentarse en una mesa de negociación. Instancia que por el momento es una gran incógnita. Si bien no existe un fluido contacto entre las partes, como sí en otras gestiones, hay funcionarios que, por sus experiencias anteriores, podrían tener la llave para esa reunión. El problema es que el manojo parece estar en poder de uno solo, quien se muestra duro y reticente a que eso suceda. En parte, según indican algunos que caminan los pasillos de Casa de Gobierno, por lo que ocurrió a principio de año, donde la fuerza gremial obligó a derogar un decreto que había sido anunciado con bombos y platillos y que iba en la misma sintonía.
“Este presente es producto de la política que impulsa el Gobierno provincial en su búsqueda de encontrar enemigos públicos”, expresó Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten, en las puertas de Casa de Gobierno, donde los acusó de hostigar, estigmatizar, perseguir y descalificar a las y los docentes. Afirmó que “el Ejecutivo tiene las herramientas suficientes para resolverlo” y exigió el cumplimiento de lo firmado en las mesas técnicas, la eliminación de todo condicionamiento al adicional sancionado por la Legislatura y defendió las Jornadas Institucionales, al indicar que son “instancias que habilitan más posibilidades de enseñanza y aprendizaje”.
Guagliardo cargó contra las gestiones anteriores por no atender las obligaciones educativas y no llevar adelante acciones serias, y cuestionó a funcionarios y diputados actuales que intentan hacer responsable al colectivo docente de “los males y problemas que han generado las políticas de vaciamiento que impulsaron ellos mismos”. También salió al cruce de quienes intentan de cercenar la protesta y atacan a los gremios y a sus dirigentes, defendió las asambleas y la democracia interna y pidió más unidad y fortalecimiento solidario y colectivo.
Adhesión, mensajería y pedidos de renuncias
Luego de la aprobación en Diputados del llamado Incentivo al Desarrollo Profesional Docente y de su promulgación, el Gobierno se puso al frente de ejecutarlo y comenzó una amplia campaña con tintes “descalificativos” al desempeño docente. Primero, asegurando que lo sancionado es un plus, ya que no habrá descuentos sino dinero extra para quienes no falten más de tres veces en un trimestre (con un máximo de dos dentro de un mes), desconociendo el régimen de licencias. Luego, presentó una plataforma a los fines de que las y los docentes que se opusieran a la norma renunciaran a ese “beneficio”. Y más tarde, el Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció un chatbot, con el objetivo de que sean las propias familias de las y los estudiantes quienes denuncien las ausencias de quienes están con sus hijas e hijos día a día dentro de una escuela. Pero eso no es todo, en el medio hubo descuentos a quienes se afectaron a la medida de fuerza de la organización sindical (también a quienes no), se denunciaron “aprietes” a directivos y el diputado Claudio Domínguez, quien oficia de vocero del oficialismo dentro y fuera de la Legislatura en este conflicto, impulsa otro proyecto contra la docencia.
A esto, y ante la negativa del Ejecutivo de convocar a las y los representantes de los más de 25 mil docentes neuquinos, el gremio le responde con medidas de fuerza que, por lo que se ha visto en las calles, han tenido una contundente respuesta. La adhesión, según las cifras difundidas por ATEN, ha sido de entre el 77 y 95 por ciento, porcentajes que varían con lo entregado por el Gobierno, que se ubican entre el 38 y el 55 por ciento.
Desde el reinicio de las actividades (semana del 22 de julio), se han completado hasta ahora seis de las siete jornadas de protesta aprobadas masivamente en asambleas. En dos de esas oportunidades hubo marcha provincial; las restantes estuvieron divididas entre permanencias en Casa de Gobierno, actividades en el CPE y en los Distritos Escolares y el desarrollo de asambleas.
En este lapso, Aten también pidió la renuncia de la ministra de Educación Soledad Martínez por ineficiencia en el cargo, denunció maniobras inconstitucionales en el funcionamiento del CPE y reclamó seriedad a la hora de hablar de las partidas y refrigerios, las cuales son insuficientes y necesitan un urgente y real incremento.
Apoyo gremial, social y de organismos de DD.HH.
La muestra de unidad ante cada conflicto educativo es recurrente. Organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos y gremios del sector público y privado están siempre a disposición en defensa de la escuela pública, el ámbito al que van sus hijas e hijos. Y esta no es la excepción. Desde el inicio, han participado en cada una de las actividades y han descargado munición gruesa contra el Gobierno de Rolo. Ya sea por el “vaciamiento” en Salud, por los recortes en organismos públicos, por el hambre y la indigencia, por la falta de fuentes de trabajo y por su alineación a las políticas que impulsa el presidente libertario Javier Milei, con el apoyo a la Ley Bases como bandera.
Luis Tiscornia, de la Conadu Histórica, aclaró que “esta lucha es para defender la educación pública” y adelantó que la semana que viene habrá un paro general de universidades en defensa de los derechos, de los salarios y de la educación. En la misma sintonía se expresó Silvia Brouchoud, de Adunc, quien defendió la tarea docente, cuestionó la falta de políticas públicas y le pidió a la Provincia resolver de manera urgente este conflicto.
Las organizaciones sociales sumaron su apoyo y le exigen al Gobierno neuquino respuestas ante los altos índices de pobreza que se conocieron en las últimas horas. Matías Medina, de Identidad, mostró preocupación por la ausencia del Estado ante “el crecimiento del hambre en los barrios” y destacó el rol de las y los docentes y de los sectores populares. En tanto, Gladys Aballay, de Libres del Sur, dijo que “es una obligación defender la escuela pública, porque quienes van a esas escuelas son las y los hijos de los sectores más humildes, los que hoy no tiene un plato para alimentarse”.
Desde la CeProDH, Mariana Dermi dijo que “la docencia ha sabido enseñar a generaciones a luchar, a organizarse y a no resignarse” y sumó que “este es el momento para defender las condiciones de trabajo, las condiciones en las que nuestras infancias aprenden y a la educación pública en general”.
Por su parte, Mariana Franco, secretaria adjunta de Siprosapune, también responsabilizó al Gobierno por altos los números de la pobreza e indigencia, así como del deterioro y vaciamiento en Educación y Salud. “Que no haya clases no es por el presentismo, es porque tenemos escuelas sobrepobladas, reventadas y docentes con salarios miserables”, aclaró. En tanto, Walter Pérez, presidente de la APDH Neuquén, exhortó al Ejecutivo a solucionar este conflicto y dijo que ese es el camino “si es verdad que para el Gobierno es prioridad que haya clases”.
Angélica Lagunas, secretaria general de Aten Capital, aseguró que el “plus no es un premio a quien va a trabajar, sino que es un plus para castigar y meter por esa vía el cambio del acceso a la licencia”, a lo que Mariano Di Bartolo, titular de SADOP, aclaró que las escuelas privadas no son ajenas a este conflicto, porque la finalidad de estas medidas es “precarizar la tarea docente”.
Desde el Polo Obrero, César Parra se sumó a la lucha de Aten y dijo que “la única manera de defender la escuela pública es defendiendo a las y los docentes”, a lo que Alejandra Otero, en representación del colectivo estudiantil, expresó que “hoy son los docentes, pero también son los profesores universitarios, las organizaciones sociales, los trabajadores de la Salud y los profesionales del INCA” y señaló que el desafío “es unificar a esos sectores que están siendo atacados” para enfrentar las políticas de ajuste de los gobiernos nacional y provincial.
Lo que viene se sabrá con el correr de las horas. Si no hay convocatoria de parte de la Provincia, serán las bases las encargadas de analizar el contexto y definir cuáles son los pasos a seguir.
