Mientras en la provincia de Neuquén se profundiza la crisis carcelaria, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes denunció la subejecución del presupuesto asignado por la Legislatura de Neuquén para el periodo 2025, lo que les impide a los comisionados realizar su trabajo.
Los ocho integrantes del organismo creado por ley en 2019 vienen trabajando en la Capital provincial, poniendo dinero de su bolsillo para la compra de insumos básicos y sin contar siquiera con una computadora donde poder volcar la información que producen.
Ante esta situación, esta semana, enviaron un proyecto de Resolución a la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina, solicitando la “inmediata ejecución” de las partidas correspondientes a los ítems “Bienes de consumo”, “Servicios no personales” y “Bienes de uso”, que fueron asignadas en el presupuesto, pero no fueron ejecutados.
Las partidas están contempladas en la Ley N.º 3482 —Presupuesto General del Poder Legislativo—, la Ley N.º 3213 y su Decreto Reglamentario N.º 2161/2021. Allí también se establece que el Comité debe contratar a cinco personas especializadas, para integrar un equipo técnico que se sume al trabajo que ellos realizan. Pero eso también está pendiente.
En los fundamentos del proyecto que lleva la firma del Vicepresidente del Comité, Pablo Scatizza, explican que la Ley de Presupuesto 3482 para el ejercicio fiscal 2025, promulgada en diciembre de 2024, asignó al organismo una partida específica de $336.911.013. “Sin embargo, al día de la fecha solo se ha efectivizado el pago de las remuneraciones de los ocho comisionados, sin que se haya concretado la transferencia de los fondos necesarios para garantizar el normal desenvolvimiento del organismo”, indican.
“En ese contexto, el incumplimiento en la ejecución de las partidas presupuestarias afecta gravemente el funcionamiento del Comité y pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones provinciales en materia de derechos humanos”, describen.
En diálogo con Intempestiva, el comisionado Roberto Samar, sostuvo que esta situación “nos limita un montón en nuestro funcionamiento”. Y dio detalles de las tareas que quedan inconclusas: “No podemos ir a recorrer las comisarías, las unidades o los hogares que están en otras localidades de la provincia porque no tenemos recursos, por ejemplo, para pagar un pasaje”, ejemplificó
No podemos ir a recorrer las comisarías, las unidades o los hogares que están en otras localidades de la provincia porque no tenemos recursos, por ejemplo, para pagar un pasaje”
Agregó que tampoco cuentan con dinero para la compra de insumos, por lo que deben costear de su bolsillo los elementos mínimos para poder trabajar. “No hemos podido comprar una computadora, lo cual es un elemento fundamental para nosotros para poder alojar ahí información sensible que pueda estar radicada en un solo lugar, y a su vez para integrar esa computadora al sistema nacional de prevención de la tortura”, señaló.
En la nota dirigida a Reina, solicitan a las diputadas y los diputados de la provincia que acompañen el proyecto de Resolución “reconociendo la importancia de garantizar el funcionamiento pleno, autónomo y eficaz del Comité”. Hasta ahora, las notas formales presentadas no han tenido respuesta.
