En el calabozo de la comisaría séptima de Plottier, un rectángulo de 3×5, viven once presos. No hay ventanas ni una rendija por la que entre la luz del sol. Los colchones se amontonan en el piso y llegan hasta dentro del baño. Uno de los reclusos duerme con los pies casi tocando el inodoro y su cabeza queda justo debajo de la bacha. Esa es la imagen que describió el comisionado del Comité Contra la Tortura de Neuquén, Pablo Scatizza. La jueza de ejecución penal, Raquel Gass, también se encontró con un escenario de “hacinamiento muy complicado”. Por eso, el 15 de abril ordenó al gobierno de la provincia de Neuquén que ocupe el pabellón de máxima seguridad de la U11 en un plazo de 30 días.
“No se puede alojar condenados en comisarías, no es un lugar de alojamiento apto. El Estado está incumpliendo obligaciones porque la privación de libertad tiene que darse en determinadas condiciones y eso no se está cumpliendo”, sentenció la magistrada en diálogo con Intempestiva. Vio con preocupación que el ministerio de Seguridad haya celebrado la inauguración del nuevo pabellón de la U11, en diciembre de 2025, y aún permanezca vacío cuatro meses después, pese a las condiciones de hacinamiento en las dependencias policiales.
La foto se repite en toda la primera circunscripción judicial de Neuquén, con condenados y con procesados. “La séptima fue el caso testigo, pero la primera y la segunda están en condiciones iguales o peores”, enfatizó Gass. Su mirada coincide con los datos que relevó el informe anual del Comité Contra la Tortura: creció un 33% la población encarcelada en comisarías y se detectó un “hacinamiento crítico” bajo condiciones “inhumanas y degradantes”.
Como primera medida, la jueza prohibió que ingresen más condenados a la comisaría de Plottier, ya que “querían seguir ingresando personas”. Además, exigió que se habilite el pabellón de máxima seguridad de la U11. A Gass le llamó la atención que recién en la audiencia, frente al reclamo de las defensas y del Ministerio Público Fiscal, el Estado provincial argumentara que faltaba la habilitación de gas de Camuzzi. “Entiendo entonces que no podría haber sido inaugurado, si faltaban cosas”, observó.
A Gass le llamó la atención que recién en la audiencia, frente al reclamo de las defensas y del Ministerio Público Fiscal, el Estado provincial argumentara que faltaba la habilitación de gas de Camuzzi. “Entiendo entonces que no podría haber sido inaugurado, si faltaban cosas”, observó.
La magistrada indicó que hay 114 personas condenadas alojadas en comisarías sólo en la primera circunscripción. “Todas esas personas deberían estar en unidades de detención”, recalcó. El informe 2025 del Comité contabilizó 218 personas en dependencias policiales, de las cuales seis de cada diez están condenadas.
El pabellón de máxima seguridad de la U11 está autorizado para 26 plazas, pero entre las partes se acordó duplicar ese número para descomprimir el volumen de detenidos en las comisarías. “Lo que sí acordamos con la Fiscalía, y la Defensa Pública no tuvo mayores objeciones, es que se podía alojar el doble de esas personas, porque es un lugar apto que tiene buena iluminación y que ediliciamente está muy bien. Estamos hablando de 52 personas, que tampoco resuelve la cuestión de fondo”, remarcó Gass.
Diagnóstico de un colapso: números que alarman
En Neuquén se declaró la Emergencia carcelaria en marzo de 2024. Según el informe 2025 del Comité contra la Tortura, la situación se agravó en el último año. “Entre 2024 y 2025 hubo un incremento de casi 14% de la población privada de libertad en total, pero en las comisarías el aumento fue del 33%”, señaló a Intempestiva el comisionado, Pablo Scatizza. El también doctor en Historia y docente de la Universidad Nacional del Comahue advirtió que “no hay una planificación integral de lo que significa la seguridad” y sostuvo que el aumento de las “prácticas punitivas”, sin atender a cuestiones estructurales como la educación o el trabajo, genera un “círculo vicioso”.
Mientras las unidades de detención están cerradas por cupos máximos dictados por la justicia, las comisarías se han convertido en un “subsistema informal de encarcelamiento” donde no se respeta la dignidad humana. “En la Séptima, las personas no tenían acceso a la luz solar, ni al patio, ni a ningún tipo de derecho más que a dormir y a comer”, denunció Scatizza. El hacinamiento es innegable: las comisarías tienen un nivel de ocupación que alcanza el 216% de su capacidad.
Un dato que el documento calificó como “especialmente grave” es la situación procesal, ya que seis de cada diez personas alojadas en dependencias policiales están condenadas. Esto significa que el Estado neuquino utiliza calabozos de 24 horas como cárceles de cumplimiento de pena.
El informe detalló que el encierro en comisarías afecta, sobre todo, a los más jóvenes: el 72% de los alojados tiene menos de 35 años. En cuanto al perfil delictivo de la población carcelaria total de la provincia, el grueso se concentra en delitos contra las personas (34,8%) e integridad sexual (31,4%). Por otro lado, y a contramano del discurso público, los delitos vinculados a estupefacientes representan apenas el 2,5% de los casos totales.
Entre las cifras, una en especial llama la atención: el 77% de los presos en Neuquén, tanto en comisarías como en unidades de detención, no terminó el secundario. “Es un dato para abordar la seguridad de un aspecto más holístico y global. Lo que está sucediendo hoy es que la cárcel es un lugar de mayor empobrecimiento y de precarización”, analizó Scatizza. El comisionado hizo hincapié en que el acceso a la educación es la herramienta más eficaz para romper el vínculo con el delito. “Está comprobado que disminuye la reincidencia. Necesitamos que las personas salgan mejor de lo que entraron, y eso es imposible si el Estado solo garantiza el amontonamiento en comisarías donde no hay ni un pupitre”, enfatizó.
El informe dejó otra estadística alarmante: hay cuatro niños que viven con sus madres en la U16, con un total de 27 mujeres presas. El Comité advirtió que el crecimiento de la población en esta unidad alcanzó el 33% en el último año, por lo que la situación “resulta tensionada con el interés superior del niño y el derecho a desarrollarse en un entorno adecuado para su crecimiento integral”. Se añade que no existe un menú diferenciado para las infancias y que la calidad de los alimentos es “pésima” o “incomible”.
El informe dejó otra estadística alarmante: hay cuatro niños que viven con sus madres en la U16, con un total de 27 mujeres presas. El Comité advirtió que el crecimiento de la población en esta unidad alcanzó el 33% en el último año”.
La respuesta oficial: la culpa es de Camuzzi
Frente a la intimación judicial, el representante de la Fiscalía de Estado, Martín Moya Assef, calificó el plazo de 30 días como un “gravamen irreparable”. Según comunicó el Diario Río Negro, el funcionario argumentó que la operatividad del pabellón depende exclusivamente de Camuzzi Gas del Sur. “Le pone un plazo al Poder Ejecutivo que está condicionado a la habilitación que tiene que expedir una empresa sobre la cual el Ejecutivo no tiene ascendencia”, protestó contra la orden de la jueza
El Gobierno provincial intentó blindar su postura y difundió un descargo técnico sobre el estado de la obra en la U11. Informaron que hubo una “reformulación del esquema de abastecimiento” de gas, que incluyó la instalación de plantas de regulación primaria y secundaria, además de nuevas inspecciones para corregir la documentación presentada ante Camuzzi.
Sostuvieron que ocupar el edificio sin las garantías básicas de suministro eléctrico y de gas pondría en riesgo la salud y la vida de los propios internos, por lo que el cumplimiento de la orden está supeditado a los tiempos de la prestataria de servicio. Aseguraron que la gestión de la crisis carcelaria está en marcha, pero que los plazos de la justicia no pueden ignorar los procesos administrativos y técnicos que rigen la obra pública.
Una crisis con finales trágicos
La urgencia del traslado no es caprichosa. El informe del Comité recuerda que las malas condiciones materiales tienen consecuencias letales. Durante 2025 se registraron dos muertes en la U11, Franco Figueroa y Michael Aguilar. Además, se registró un suicidio en la Comisaría 25 de Junín de los Andes. El caso de Figueroa fue emblemático: se prendió fuego un colchón de goma espuma en una celda de resguardo que no tenía calefacción ni ventanas y falleció producto de las quemaduras. El Comité y la justicia ya habían ordenado un año antes la provisión de colchones ignífugos que no llegaron a tiempo.
Michael Aguilar murió luego de una gresca en el pabellón 8A, un sector donde el Comité detectó una densidad de población asfixiante: compartía una celda de apenas 7,5 metros cuadrados con otros tres internos. “Ambos fallecimientos se produjeron en un contexto de sobreocupación sostenida y falta de estándares mínimos de espacio vital”, recalcó el informe.
Más que muros y patrulleros: el desafío frente a la crisis carcelaria
Pablo Scatizza remarcó que resolver la crisis carcelaria en Neuquén requiere de un abordaje integral ante un problema complejo. “Planificar la seguridad no es solo poner más policías y más cárceles. Hay que abordar la precarización laboral, el acceso a la salud y la salud mental. Casi todos en la cárcel van a salir en algún momento; la pregunta es si queremos que salgan mejor de lo que entraron o peor”, cuestionó.
La jueza, Raquel Gass, vio con preocupación la demora en la acción estatal que solo agrava la situación, pero confió en que el Gobierno de Neuquén habilitará el pabellón de máxima seguridad de la U11 en los plazos establecidos. “Yo pienso que van a cumplir, es lo que entiendo que va a suceder”, insistió. Aunque ello generará cierto alivio para medio centenar de personas, sostuvo que la medida por sí sola no alcanza: “Hay que empezar a crear plazas penitenciarias genuinas, no hacinando gente”.
