El alineamiento del Gobierno provincial de Rolando Figueroa con las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei trascendió el ámbito de los pactos de gobernabilidad y sumó el plano simbólico con la detención de diez mujeres referentes de organizaciones sociales en un megaoperativo policial, coordinado entre el Gobierno, la Justicia y algunos medios de comunicación.
Hace mucho que Neuquén dejó de ser la provincia de los derechos humanos –de hecho, la mitad de la población es pobre, al igual que en el resto del país- pero hasta ahora se jactaba, por ejemplo, de no haber adherido al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich y de no reprimir la protesta social como sí ocurre en CABA, Tucumán o en otras provincias.
La imagen televisada de Gladys Aballay, referente de Libres del Sur, saliendo del local con las manos esposadas rumbo a una comisaría donde solamente le tomarían sus datos, es un uso desproporcionado de la fuerza que tiene como objetivo disciplinar: “Miren lo que les pasa a quienes protestan”.
Al mediodía, mientras Aballay y las demás detenidas eran liberadas, la fiscalía daba una conferencia de prensa donde explicaba lo que sucedió. El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, indicó que hubo una denuncia del Gobierno provincial, realizada en mayo de este año, contra dos organizaciones sociales, Libres del Sur y el Frente de Organizaciones en Lucha “Auténtico”, y una cooperativa vinculada a esta última, llamada Viento Sur, por presunto fraude a la administración pública.
Según la investigación que lleva adelante la Justicia, estas organizaciones recibían fondos no reintegrables del Estado provincial que no eran utilizados con el fin original, un programa de capacitación en oficios. El fraude sería superior a los 1.100 millones de pesos.
Vignaroli mencionó que también se investiga el accionar de funcionarios provinciales “que al menos permitieron que esto pasara ya que daban la orden a la Tesorería de la provincia sin que existiera un rendimiento previo” de los fondos. Los funcionarios en cuestión, cuyos nombres no fueron aportados, estarían siendo investigados por el delito de “administración fraudulenta” y pertenecen a la gestión anterior, cuando Germán Chapino se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Social, durante el Gobierno de Omar Gutiérrez.
No explicó –y no le preguntaron en la conferencia de prensa- sobre ese recorte temporal. ¿Acaso el Gobierno provincial no renovó en marzo de este año sus acuerdos con las mismas organizaciones sociales? La respuesta es sí.
La denuncia del Gobierno provincial también aducía que mercadería que envía el Estado a comedores y merenderos “era utilizada con fines comerciales”. Amplió que, concretamente, “se organizaban ventas de pollo con mercadería que había sido aportada por el Estado provincial”.
También mencionó que detectaron una “metodología” que consiste en que “integrantes de estas organizaciones eran obligados a pagar un aporte a una referente que a su vez era rendido a otra referente en una escala superior dentro de los niveles que entendemos que existen en las organizaciones”. Y justificó que los catorce allanamientos tenían como fin dar con las planillas que contienen información telefónica de las personas que eran obligadas a participar de cortes de calle o movilizaciones.
Agregó que, en la investigación sobre el FOL, detectaron transferencias que tenían como objeto pagar un terreno comprado en Junín de los Andes y otro en San Martín de los Andes. “La sospecha es que se usaron los fondos con el objetivo de defraudar al Estado y no con el objetivo que tenía el programa”, indicó, y apuntó contra el referente de la organización, Diego Mauro, cuando dijo que en las actas de esa organización se lee que “se compró una camioneta Renault Kangoo que figura como autorizado para utilizarlo uno de los referentes del Fol de apellido Mauro”. Luego añadió que a esa camioneta “no la hemos podido encontrar”, así como tampoco pudieron conocer el domicilio real de Mauro, que también está “autorizado a manejar las cuentas bancarias de la cooperativa Viento Sur”.
Repudio a la “hipocresía” del Gobierno
La espectacularización de las detenciones de las referentas Ana Montoya, Sonia Barros, Liliana Larrosa, Vanina Ruminot, Alejandra Alcapan, Gladys Aballay, Marisol Lopez, Graciela Leunom, Romina Pachevo e Indira Bulman fue rápidamente repudiada por organizaciones sociales, políticas y sindicales que se presentaron en la Comisaría Primera de Neuquén para exigir su inmediata liberación.
¿Era necesario esposar y privar de la libertad a personas, simplemente, para corroborar sus datos personales? A simple vista, parece un uso abusivo de la fuerza.
El presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar, pidió la renuncia de Vignaroli y de Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral argumentando que “el atropello producido contra mujeres de organizaciones sociales no solo busca perseguir a las únicas que hoy defienden a los pobres sino además, la inaudita violencia con la que se desenvolvieron remite a las peores épocas”. Agregó que “desplegaron los lineamientos políticos, represores y antidemocráticos de Javier Milei y Patricia Bullrich”.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén denunciaron el “Tremendo acto de hipocresía” del Gobierno provincial y de la Justicia neuquina. Señalaron que “malversar los fondos públicos es darles las enormes exenciones impositivas a las multinacionales abusivas; es darle libertad a los grandes evasores; es permitir blanquear sus ganancias en sus casas centrales mientras nos dejan tierra arrasada”. Y se preguntaron: ¿Cuándo los vamos a ver a uno de ellos esposados y empujados por policías como ocurrió hoy?”.
