La comunidad universitaria volverá a marchar hoy en todo el país en defensa de la universidad pública. Se trata de una de las instituciones más prestigiosas del país que viene siendo vapuleada y asfixiada económicamente desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. Tal como ocurrió el 23 de abril, se espera que las movilizaciones sean multitudinarias. El objetivo es que el Gobierno reglamente la ley de financiamiento que sancionó el Congreso y que, en caso de que Milei la vete, los legisladores que permitieron su sanción la defiendan con su voto.
El plazo para frenar la ley sancionada el 13 de septiembre pasado vence mañana y el Gobierno lo estira al máximo. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el veto será total. Lo cierto es que el Gobierno no cuenta por estas horas con el respaldo de la oposición para sostenerlo en el Congreso, como sí ocurrió con la reforma jubilatoria. Los ocho integrantes de Innovación Federal dejaron entrever que esta vez no acompañarán al oficialismo, al igual que algunos diputados del PRO. Se estima que la intensidad de la marcha –que se espera contundente- termine de definir esa votación, hoy ajustada. Sería un duro golpe para un gobierno que empieza a sentir el deterioro de su imagen positiva y el cambio en el humor social por el brutal aumento de la pobreza.
Desde que se confirmó la fecha de la segunda convocatoria federal, el Gobierno buscó de distintas formas desalentar la medida. Una, fue enardecer los ataques al sistema universitario. A través de distintos funcionarios, acusaron a los rectores de engordar las matrículas con falsos alumnos, propusieron traspasar la gestión de las universidades a las provincias, y volver a un sistema elitista y arancelado como el previo a la reforma universitaria.
La semana pasada, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a las federaciones que nuclean a los docentes y no docentes, realizaron una conferencia de prensa para convocar a la marcha. Allí, Víctor Moriñigo, presidente del organismo, sostuvo que “esta marcha es en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública argentina, y fruto de un tortuoso 2024” y agregó que “esta marcha va a ser en función de solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario. Si tenemos de aquí al 2 de octubre un veto del Presidente, esta marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la ley de financiamiento universitario”.
Luego, en declaraciones radiales, el puntano sostuvo que “el Gobierno necesita que le recordemos que para los argentinos la educación pública, la universidad pública es un activo” y, agregó que “no se puede andar contando las hormigas mientras los elefantes pasan con un RIGI sin cobrar impuestos”.
Según los cálculos del CIN, el Gobierno le asignó 3,8 billones de pesos a las universidades nacionales, mientras que necesitarían 7,2 billones de pesos para poder funcionar.
Días atrás, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó el recorte de fondos y alertó que actualmente “más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres”. En esa línea, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, detalló que en la Unco “estamos percibiendo la renuncia de docentes con dedicación simple, todavía no las dedicaciones exclusivas; pero si esto sigue así, va a suceder”, debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de docentes y no docentes.
El proyecto sancionado por el Congreso establece una recomposición salarial de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Sobre la idea de arancelar las universidades, en una entrevista con Aire 99, Gentile recordó que “es una idea de muchos gobiernos de la derecha argentina, históricamente” y “nunca logra encarnar realmente en una posibilidad cierta en términos de gestión pública”. Agregó que es una aspiración que confunde a la sociedad con la idea de que las universidades pueden autosostenerse, y “en más de una ocasión se ha demostrado que esto es imposible”.
La Unco llama a movilizarse en todas sus sedes, desde el mar a la cordillera, tanto en Río Negro como en Neuquén. En la sede central, convocan a las 17 en el playón de estacionamiento para luego marchar por el centro de la ciudad.
Respecto de la posibilidad de transferir las universidades a las provincias, es preciso aclarar que el sistema universitario es federal porque el Gobierno nacional pretende garantizar las mismas oportunidades a un estudiante de La Quiaca que a uno de Ushuaia, independientemente de las diferencias geográficas, políticas y socioeconómicas donde se localice cada casa de estudios. Así está establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, que dice que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”.
En caso de querer traspasarlas a las provincias, la decisión debe ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso y por cada legislatura provincial ya que en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución nacional se indica que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
Una marcha política, no partidaria
El ministerio de Capital Humano publicó un comunicado en el que “rechaza enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo” y acusó –como si pudiese ser de otra manera- que “la marcha es política”, buscando deslegitimarla.
La marcha es política desde el momento en que busca mantener una política universitaria que defienda el financiamiento del sistema científico y universitario federal y de acceso gratuito. Dirigentes de todo el arco opositor entendieron la transversalidad del reclamo y convocaron a manifestarse hoy en rechazo de los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, entre otros puntos.
En el caso del peronismo, el sistema universitario cierra momentáneamente la grieta que se abrió entre La Cámpora y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cristina Fernandez eligió una sugestiva forma de convocar a la movilización. Lo hizo a través de un video que compartió la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, a propósito del 35º aniversario de la Unqui. Allí señaló que el desfinanciamiento de la universidad significa “clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta” y llamó a marchar. Lo mismo hicieron Máximo Kirchner y Kicillof que, como hizo en abril, encabezará una columna en CABA junto a funcionarios de su gobierno.
Desde el radicalismo, el líder de Evolución, Martín Lousteau publicó en X: “El miércoles volvemos a marchar porque sin educación pública no hay desarrollo posible”. Ayer participó de una conferencia de prensa junto a diputados y senadores de la UCR, Hacemos, Coalición Cívica, Partido Socialista, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, donde convocaron a participar de la Marcha en Defensa de la Universidad pública. Estuvieron también Maximiliano Ferraro (CC- ARI), Guadalupe Tagliafierri (PRO), Margarita Stolbizer (Juntos), entre otros. La Izquierda también llamó a marchar en la tarde de hoy. Y otros dirigentes que convocaron desde sus redes sociales fueron Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Grabois, Myriam Bregman y Ricardo Alfonsín.
