La semana legislativa deja, en principio, un triunfo y dos derrotas para el oficialismo. Si bien logró imponer en Diputados el veto presidencial a la reforma jubilatoria, dejándola sin efecto, el Senado convirtió en ley el financiamiento universitario, que podría forzar al Ejecutivo a usar nuevamente el poder de veto para suspender ese aumento en pos del tan mentado equilibrio fiscal. En tanto, en un hecho sin precedentes, la Cámara alta coincidió con la decisión de los diputados de rechazar el DNU que otorgaba fondos para la SIDE.
Javier Milei festejó el miércoles la ratificación del veto al aumento de las jubilaciones por la Cámara de Diputados. En esa votación, que resultó con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones, fue clave el rol de cinco diputados nacionales del radicalismo que se reunieron con Milei y parte de su gabinete, y cambiaron su voto. Los legisladores que fueron recibidos en la Casa Rosada son Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y el neuquino Pablo Cervi. Esto desató una crisis hacia el interior de la UCR, al punto tal que el titular de la Convención Nacional, Héctor Rossi, adelantó que les pedirán la desafiliación.
El revés llegó el jueves en el Senado. Por un lado, en un hecho inédito, se votó el rechazo al DNU que incrementó en 100.000 millones de pesos los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dirige desde las sombras el monotributista Santiago Caputo.
El recuento sumó 49 votos negativos, 11 afirmativos y 2 abstenciones. De esta manera, el decreto presidencial queda sin efecto, aunque las medidas adoptadas mientras estuvo vigente son consideradas legales. Es decir, la comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Martín Lousteau, puede investigar la utilización que hasta ahora se había hecho de esos fondos.
Esta mañana, la cuenta de la red social X de la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que condenó “el voto irresponsable de un grupo de legisladores que dejaron al Sistema de Inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”.
Por otro lado, el Senado convirtió en ley el financiamiento para las universidades públicas. El texto sancionado con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, incrementa el presupuesto de funcionamiento e incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Si el presidente no veta la ley, tal como viene anunciando, el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
Por último, una perlita de la sesión del Senado, fue cuando la senadora neuquina de UxP, Silvia Sapag, pidió una cuestión de privilegio para repudiar la visita de los diputados a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza. Podés ver su intervención acá:
