por Juan José Carbajales*
Cuadro de situación: Argentina puede convertirse en un gran exportador de Gas Natural Licuado (GNL). Desafío: plasmar las condiciones técnicas, económicas y regulatorias para concretar grandes inversiones a lo largo de la cadena de valor.
Nuestro país complementa su oferta local de gas con importaciones de GNL desde el año 2008 en Bahía Blanca y 2011 en Escobar. En el pico de déficit (2013/14) se importaron más de 160 buques de GNL/GO a un precio de 15 USD/MMBTu. En 2022 se importaron 43 cargamentos a un promedio de 30 dólares la unidad –por la guerra en Ucrania–; y este año se importarán unos 29 buques (estamos pagando 10 USD de promedio). Pero si logramos exportar nosotros el GNL, los recursos potenciales y excedentes de Vaca Muerta nos permitirían vender en el mercado global unos 250 cargamentos por año. Ahora bien, ¿el Proyecto de Ley estimula esta posibilidad? ¿Y quiénes serán los ganadores y perdedores? Veamos.
Rigidez del RIGI
En su versión original, este Régimen de Incentivo tenía como objetivo viabilizar inversiones de envergadura en sectores estratégicos, uno de los cuales es el energético, con el proyecto de licuefacción del gas natural como prioridad. El instrumento elegido es el otorgamiento de estabilidad fiscal y exenciones impositivas y aduaneras por 30 años, a efectos de aminorar el costo de capital (riesgo país) y brindar “reglas claras” que generen confianza al inversor extranjero.
No obstante, se trata de un sistema por demás rígido (y excesivamente concesivo a partir del tercer año), que no obtuvo casi cambios en el Senado, por lo que mantiene los siguientes beneficios:
- Rebaja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias en un 10%;
- No obligación de liquidación en el mercado de cambios de las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos:
- de un 20% luego del 2° año de iniciada la inversión;
- de un 40%, después del 3° año; y
- del 100%, a partir del 4° año.
- Fijación de una alícuota de derechos de exportación (retenciones) del 0% a partir del 3° año.
- Reconocimiento de la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años.
Asimismo, es imperioso que los legisladores complementen el Régimen con dos capítulos. Uno, relativo al desarrollo productivo y la integración nacional (creciente), con incentivo al entramado productivo local y regional, las cadenas de valor y de suministro, industria nacional, creación de empleo y participación de Pymes proveedoras de bienes y servicios (ej. industria metalmecánica, transporte, construcción, arena, caminos y –más adelante– rigs de perforación y sets de fractura). La libre importación de maquinaria –incluso usada– sin aranceles es un disparo al pie. Y aquí el contraejemplo es el Proyecto de Ley de GNL de 2023 (aprobado en Diputados), lo que revela un consenso al interior del arco político y la industria operadora, con YPF a la cabeza –que defendió el proyecto en el Congreso.
Que rujan las Pymes
El segundo aspecto modificado en el Senado se refiere a la introducción del papel del “compre local” vía prohibición a la importación de bienes usados y la necesaria participación del entramado de proveedores nacionales con:
- Limitaciones al margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada.
- Posibilidad de que los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada también puedan adherir al RIGI.
- Garantías al empleo de trabajadores locales y la contratación de servicios de proveedores locales:
- Como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión;
- Siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad;
- Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.
- Requisito de dar información del empleo directo e indirecto estimado junto con el detalle de la integración local estimada.
- Exigencia de presentación de un plan de desarrollo de proveedores locales.
- Todo ello, sujeto a sanciones en caso de incumplimiento.
Lo que sigue sin figurar en el Régimen que volvió a Diputados es la consolidación del sistema nacional de ciencia y técnica que fomente la innovación tecnológica, especialmente “verde”. Ello, a efectos de insertar al país en la agenda ambiental global, con incentivos como los que otorga la ley IRA de EE.UU. (política industrial explícita), apalancados en los vastos recursos energéticos bajos en emisiones y en las robustas capacidades nacionales ya demostradas.
Conclusión
En consecuencia, un Gobierno que se autopostula liberal-libertario y garantiza la premisa de “libre iniciativa privada” para la actuación económica, privilegia aquí –por el contrario– un régimen de incentivo que busca mejorar los economics del “proyecto país” en materia de valorización de los recursos gasíferos no convencionales. Si ello apalancará la estructura productivo de Neuquén y del país en su conjunto, vía empleo, recaudación y acceso a divisas de exportación, es todavía una incógnita.
*El autor es abogado y politólogo, fue Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y es Director de la consultora Paspartú.
