El Gobierno nacional sorprendió la semana pasada con la publicación de un decreto donde informó sus intenciones de ir a fondo con la venta del paquete de acciones mayoritario de cuatro complejos hidroeléctricos que funcionan en la cuenca de los ríos Neuquén y Limay.
Se trata de las represas Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
El 10 de abril, mediante el decreto 263/202 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció el plazo de 15 días a partir de esa publicación para llamar al concurso público nacional e internacional “con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades”, que estuvieron en manos de empresas privadas durante 20 años y cuyos contratos de concesión vencieron en agosto de 2023. Tras sucesivas prórrogas de esos contratos, en agosto de 2024, un decreto del Gobierno nacional las convirtió en sociedades anónimas.
En ese documento argumentaron que el establecimiento de la fecha respondía al pedido de los gobernadores de Neuquén Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. Pero a los pocos minutos de conocerse la fecha, ambos mandatarios expresaron un profundo malestar. Sucede que el plazo que ellos habían solicitado era de 30 días –y no de 15, como dio el Gobierno-, tiempo que consideraban suficiente para que sus equipos técnicos puedan hacer un análisis completo del proceso que se inicia “y así poder transmitir al Estado nacional una acabada respuesta sobre el tema”.
Siguiendo con el plan, este lunes pasado el Gobierno nacional envió a las provincias los pliegos de bases y condiciones para la licitación y así avanzar con la privatización de los cuatro complejos hidroeléctricos.
Esta tarde, cuatro senadores de Unión por la Patria de Neuquén y Río Negro enviaron una nota a los gobernadores de ambas provincias en la que propusieron “que se licite el 50% del capital accionario de las cuatro sociedades” y que “el 50% restante quede reservado a las provincias de Río Negro y Neuquén, según corresponda”.
La nota, que lleva la firma de Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, sugiere además que en el nuevo contrato de concesión se establezca un plazo máximo de 10 años, la devolución de los activos al Estado al finalizar la concesión y la obligatoriedad de reinvertir el 50% de las utilidades en el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura.
También solicitan asegurar que los ingresos por la venta del 50% del capital accionario “se depositen en dólares estadounidenses en el BCRA”, y “no se destinen al pago de deuda e intereses de deuda externa”.
