Desde principio de este año, el tema de la Universidad Pública se puso en agenda pública a partir de las políticas del Gobierno nacional tendientes a su desfinanciamiento. Si bien la pelea por mayor presupuesto universitario estuvo presente durante muchos años, en esta oportunidad nos encontrábamos no sólo con un presupuesto congelado a valores de 2022, sino también sin la llegada de programas y partidas especiales que garantizaban el normal funcionamiento.
El conflicto tuvo su pico más álgido en la marcha universitaria del 23 de abril, que puso en las calles del país a más de un millón de personas: docentes, no docentes, estudiantes, graduadxs, autoridades y la sociedad en general salimos a marchar en defensa de la Universidad Pública. Se lograron dos cuestiones fundamentales. Por un lado, “abrirle la mano” al Gobierno nacional con un aumento del presupuesto destinado a partidas de funcionamiento y, por otro lado, desbaratar el discurso mediático que ponía un manto de sospecha sobre el presupuesto universitario, que deslegitimaba la tarea docente y ponía en duda nuestro quehacer en las aulas. De ese modo, ganamos la batalla en un plano más concreto, con la llegada de las actualizaciones en las partidas de funcionamiento y también en un plano más sutil, el del sentido y significado de la universidad pública en Argentina. Todo ello se consiguió en unidad con todos los sectores, unidad que se fue construyendo poco a poco, con cada volanteada, clase pública, actividad de visibilización y medidas de fuerza.
No hay dudas que se trata de una victoria parcial, ya que las partidas de funcionamiento de las universidades públicas representan entre el 8% y el 10% del presupuesto total. El resto se destina al pago de salarios del personal docente y no docente, por ello la crisis universitaria sigue vigente.
En este sentido, la pelea por la recomposición salarial se pone como eje principal de la lucha universitaria en este segundo cuatrimestre. Ante comunicados que pretenden instalar que la docencia universitaria es la que más incrementos salariales ha recibido, es preciso decir que a ese análisis le falta el componente inflacionario y que, al considerarlo, nuestros salarios, desde diciembre a julio de 2024, han quedado 57,7 puntos por debajo de la inflación acumulada.
Como si esto fuera poco, la restitución del impuesto al salario (el mal llamado Impuesto a las Ganancias) viene, de forma encubierta, a ajustar más los salarios de nuestrxs compañerxs, sobre todo de aquellxs que tienen mucha antigüedad. Nos encontramos en una situación grave e injusta. La pérdida salarial que tuvimos en tan pocos meses es inédita. Desde diciembre a la actualidad perdimos un 26% de poder adquisitivo, es decir que en 6 meses perdimos el doble que en 2001, cuando nos quitaron un 13% del salario. Los salarios bajo la línea de la pobreza generan renuncias y la no cobertura de vacantes, ya que nuestros salarios no son competitivos con otros trabajos. De hecho, un/a profesional que se inserta a la Universidad con un cargo de Ayudante de Primera con dedicación exclusiva (40 hs. semanales, 8 hs. diarias), sin antigüedad (cargo testigo a nivel nacional) y con retención de título, cobra un salario de bolsillo que apenas supera los $600.000.
En este contexto, no es un dato menor que nuestro interlocutor es el Gobierno nacional, un gobierno que abiertamente expresa que odia al Estado y desprecia a la educación pública y que hace más de dos meses no nos convoca a discutir en las paritarias salariales. Entonces, la primera pregunta que surge es, cuál es el plan de Mieli para las universidades? y seguidamente: ¿Milei planea cerrar las universidades públicas? La respuesta es no. No las va a cerrar porque esto implica un costo político muy alto, tan alto que no está dispuesto a absorberlo. Entonces, cuál es el plan?
El plan del gobierno de Milei para las Universidades Públicas es tan claro como sutil: destruir la Universidad por dentro, a través de un presupuesto insuficiente y de salarios de pobreza para sus trabajadorxs. Los trabajadorxs docentes y no docentes sostenemos las tareas cotidianas que garantizan el funcionamiento de la Universidad y si nuestros salarios no son dignos, no sólo se afecta nuestros ingresos (y el de nuestras familias) sino también la universidad en sí misma. La consigna “sin salarios dignos no hay universidad pública” lo resume con contundencia.
De este modo, nos encontramos en un punto de inflexión en el conflicto universitario. El hecho de haber logrado la actualización en las partidas de funcionamiento sólo garantiza el pago de proveedores, de insumos, de servicios básicos. Pero no resuelve el 90% del conflicto, que tiene que ver con nuestros salarios. Al no resolver esta situación, negando la pérdida salarial y sin convocatoria a paritarias, el Gobierno sigue de algún modo, atacando la universidad, a través de sus trabajadorxs.
Si compartimos el análisis, estaremos de acuerdo en que el plan es claro: el Gobierno está decidido a destruir la Universidad. Por esto, cuando el Gobierno toca los salarios de quienes trabajamos en la universidad, atenta no sólo contra trabajadorxs, sino también contra la educación pública, contra la Universidad y de este modo afecta no sólo lo edilicio, el pago de servicios, sino también el significado de la Universidad en términos de proyectos, de carreras, de sueños, de desarrollo, de mejores posibilidades. Cuando el menosprecio a la Universidad se materializa en la política del Gobierno nacional, la pregunta del título ya tiene su respuesta. Sí. Cuando tocan la Universidad, nos tocan a todxs.
- Silvia Brouchoud – Secretaria General de ADUNC, docente del Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades.
