Después de 22 años, la Justicia Federal dictó el procesamiento de diecinueve personas que participaron de la desaparición forzada de Sergio Ávalos, el joven estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, ocurrida el 14 de julio de 2003, en el local bailable “El Fuerte”, Las Palmas, en la ciudad de Neuquén.
La novedad llegó como un ciclón el lunes a la noche, cuando la resolución de Gustavo Villanueva, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 comenzó a circular. Se trata de una causa emblemática para la capital provincial y para la provincia, que estuvo 10 años dormida en la justicia neuquina bajo la carátula de “averiguación de paradero”, y a punto de quedar impune por las dilaciones del sistema sumadas al pacto de silencio entre las personas ahora imputadas.
“Lamentablemente, la investigación fue llevada adelante por quienes desde el comienzo ya aparecían como principales sospechosos y no se recogieron evidencias esenciales desde el primer instante de conocido el hecho”, señaló Villanueva en su resolución.
Es también importante porque la reconstrucción de lo que ocurrió aquel 14 de julio en Las Palmas, donde el joven oriundo de Picún Leufú fue visto con vida por última vez, desnuda los hilos que permitían funcionar a un local bailable peligroso para sus clientes -donde ya había muerto un joven al caer de cuatro metros de altura y otro había sido desfigurado a golpes-, con el aval de la policía de la provincia.
la reconstrucción de lo que ocurrió aquel 14 de julio en Las Palmas, donde el joven oriundo de Picún Leufú fue visto con vida por última vez, desnuda los hilos que permitían funcionar a un local bailable peligroso para sus clientes -donde ya había muerto un joven al caer de cuatro metros de altura y otro había sido desfigurado a golpes-, con el aval de la policía de la provincia.”
Entre las personas procesadas por Villanueva, se encuentran los ex militares Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, María Alejandra Siboldi, Diego Alberto Herman y Cristian Rubén Cepeda; los ex policías de la provincia Rubén Gustavo Escobar, Irene Esther Fuentes, Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, y Pablo Martín Fantón; y los empleados Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño y Rubén Ángel Ferreyra. Todos ellos, estaban a cargo de la seguridad del lugar bajo la conducción de Patricio Sesnich, por disposición del dueño del lugar, Pedro Nardanone.
También fueron imputados Ítalo Edgardo Soto y Pedro Ángel Pacheco, que realizaban la limpieza del lugar y María Teresa Monsalve, que hacía tareas administrativas y se encargaba de reponer las cintas en las cámaras de seguridad del lugar que en la madrugada del 14 de julio, llamativamente, no registraron nada.
En la resolución se lee que a todos ellos se les imputó “haber participado en la desaparición de Sergio Daniel Avalos el 14 de junio de 2003, a partir de las 6:30 hs., y/o haber ocultado lo sucedido, en el interior del local bailable”.
De esta manera, el juez Villanueva avanzó con la línea de investigación que había propuesto Luis Virgilio Sánchez, abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas, que en 2008 logró incorporar a Asunción Ávalos –padre de Sergio- como querellante y logró llevar la causa a la justicia federal, donde cambió de carátula y comenzó a investigarse como una desaparición forzada, un hecho que no prescribe.
Sánchez representó a Asunción entre agosto de 2013 y el mismo mes de 2019. Por decisión de la familia de la víctima, fue reemplazado por los doctores Sergio Alejandro Heredia y Leandro Aparicio, al no ver avances en la investigación. Se sabe, los tiempos de la justicia no suelen ajustarse a las necesidades de las familias.
Los nuevos abogados llegaron con un mensaje que prometía mucho en poco tiempo. Heredia aseguraba, sin haber leído la causa, que ya tenía el caso resuelto, siguiendo una hipótesis sin sustento en pruebas que señalaba a los amigos de Sergio, que fueron con él al boliche, como las personas que sabían y callaban lo que le había ocurrido. Pero el juez avanzó con otra hipótesis que se sustentan en pruebas aportadas, principalmente, por las declaraciones de las personas que trabajaban en el boliche aquella noche de terror.
Villanueva dispuso que los imputados cumplan con prisión preventiva por la gravedad de los hechos, aunque dictó, al mismo tiempo, que la medida no se haga efectiva mientras dure el proceso, por considerar que están ajustados a derecho. También ordenó millonarios embargos a algunos de los acusados y otras medidas cautelares, como la prohibición de salida del país sin previa autorización. Si las incumplen, esperarán el juicio en prisión.
