Esta semana comenzó en Neuquén el juicio por la estafa con planes sociales en el que 14 personas están acusadas de integrar una banda, que con la connivencia del ministerio de Desarrollo Social de Omar Gutiérrez, se quedaba con parte de los fondos destinados a un subsidio para la desocupación. De acuerdo a la investigación penal el dinero se repartía entre quienes participaban de la maniobra y servía para financiar campañas políticas del MPN. “Uno de los compromisos que hemos tomado con la sociedad neuquina es que vamos a volver a la independencia de poderes. Hay jueces muy buenos y tenemos que potenciar a los independientes”, declaró el entonces candidato Rolando Figueroa, en 2023, cuando se refería al asunto frente a los micrófonos de La Política Online.
El ahora gobernador sabe muy bien que el poder se ostenta, pero primero se ejerce, y por eso creará las condiciones durante su gestión para designar vocales en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ).
Actualmente no hay ninguna vacante. El único de los siete integrantes que está cerca de jubilarse es Evaldo Moya, que llegó al puesto de la mano de Jorge Sapag. Fue su asesor general de Gobierno y presidió el Tribunal de Cuentas.
Moya cumple acabadamente con los requisitos de edad: tiene 66 años. La ley 859, el régimen especial de jubilación de los jueces en la provincia, le exige 15 años de aportes a la caja de ISSN. Juró el 1 de febrero de 2012, por lo que en 2027 podría despedirse de su oficina en el cuarto piso de Alberdi 52.
Pero a “La Neuquinidad” no le interesaría una silla del TSJ. Aspira a tener al menos dos. Para eso debe forzar la salida de alguien más.
Quién es quién
Sapag nominó a Moya y también en 2012 al fiscal general, José Gerez, un joven abogado de 36 años que había trabajado como apoderado y subsecretario legal y técnico de la municipalidad de Neuquén, durante las intendencias de Horacio Quiroga y Martín Farizano.
Postuló a dos vocales más: Soledad Gennari, que fue su asesora y diputada provincial electa por el MPN, y Alfredo Elosú Larumbe, un exjuez penal. Llegaron en 2015.
Gutiérrez hizo lo suyo. Eligió en 2018 a Germán Busamia, un abogado y escribano proveniente de la actividad privada que firmó la afiliación al MPN en 1995 después de conocer a Felipe Sapag, y Gustavo Mazieres, en 2022, como parte del acuerdo con el peronismo parrilista. A estos dos vocales se les sumó la defensora general, Vanina Merlo, que era su ministra de Seguridad.
No todo cambia
La Constitución de Neuquén establece que el gobernador necesita una mayoría agravada en la Legislatura para que se apruebe su candidato o candidata al TSJ.
En lo inmediato es complicado. Hoy Figueroa debería acelerar una renuncia, con la promesa de un retiro con honores, y recolectar dos tercios de votos en la Cámara para imponer a los suyos.
El oficialismo apuesta a lograr una buena performance electoral en octubre e ir asfaltando el camino hacia la reelección de 2027. Consolidar un liderazgo indiscutido que lo exima de negociar nombres con otros bloques o dar explicaciones sobre su decisión.
Si en ese momento opta por Matías Nicolini, el juez administrativo que abandonó Zapala para jurar como ministro de Seguridad, será una jugada arriesgada. ¿Cuánto se diferenciaría de lo que hizo Gutiérrez con Merlo o Sapag con Moya?, ¿Cómo sostener un discurso refundacional –o anti casta- si operan las mismas lógicas del pasado?
Por lo pronto este mes Figueroa vació la cuenta del Fondo de Estabilización para cubrir el déficit del Poder Judicial. Le otorgó por decreto $24.052.528.394,41. No sólo se conduce con alfiles propios.
