Al igual que a comienzo de año, el ciclo lectivo reiniciará luego de dos semanas de receso invernal con un conflicto. Y, como ocurrió en marzo, se trata de un paro evitable o, mejor dicho, provocado por el propio Gobierno, con anuencia legislativa. Esta tensa situación generará pérdidas de días de clases, movilizaciones y asambleas en el marco de reclamos por parte del colectivo docente. El presentismo -ley aprobada en la Legislatura por amplísima mayoría y con un tratamiento fugaz- es la punta de un iceberg que pretende imponerse en la agenda social, cuando la discusión debería centrarse en cuál es la política educativa en la provincia de Neuquén.
Al no haber análisis previo sobre un proyecto que ingresó “por la ventana” durante la corta semana de feriados largos, las únicas posiciones se conocieron en el Plenario de Comisiones y en la sesión adelantada para el martes 25. Ahí, según expresaron desde el gremio docente, se escucharon discursos que plantearon cuestiones irrisorias y mostraron un total desconocimiento sobre la educación pública, demonizando el trabajo docente y queriendo responsabilizar a las y los trabajadores de las falencias de un Gobierno que sigue el camino del empobrecimiento educativo que transitó el MPN durante las últimas décadas. Indicaron que alcanza con recorrer los edificios escolares, analizar el presupuesto, tomar nota de la ausencia de capacitaciones que brinda el Estado, revisar los salarios y entender las magras partidas que se destinan desde hace años para darse cuenta del abandono estatal y entender, en gran parte, el rol fundamental que cumplen los equipos directivos y los docentes.
El análisis de esta ley, que abre un nuevo foco de tensión en Neuquén, no debería estancarse en el ausentismo, que de hecho no trae ninguna solución a ese problema que existe y al que nadie le escapa. Pero la finalidad de la norma, de acuerdo a las expresiones de Aten y de la CTERA, es más profunda que el presentismo. Aseguran que el objetivo es disciplinar, erradicar las protestas, perseguir a la clase trabajadora y cercenar derechos conquistados. Aclaran que el propósito, al igual que a nivel nacional, es distraer la atención de la sociedad para desviar la mirada y no hacer foco en la desinversión pública en educación.
“En un momento en el que no había conflicto, los legisladores y el Gobierno abren un nuevo conflicto innecesario en la provincia”, expresó en varias ocasiones durante los últimos días Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten. El titular cargó las tintas contra el autor del proyecto, Claudio Domínguez (MPN), contra los que lo apoyaron -el resto de los bloques a excepción de la izquierda y uno de los tres legisladores de Unión por la Patria- y contra el Gobierno de Rolando Figueroa.
El dirigente extrajo uno a uno los puntos del proyecto inicial y los derribó con argumentos concretos que fueron brindados en el Plenario de Comisiones. Expuso que la iniciativa es “extorsiva” y remarcó que estas políticas ya se implementan en otras provincias donde las condiciones están dadas por la ausencia, principalmente, de sindicatos únicos como Aten. Recordó los presentimos del 87 al 91 y del 2005 al 2007, derrotados por la lucha colectiva, y aseguró que este intento de disciplinamiento tiene “olor a declarar a la educación como servicio esencial”. Pero les recordó que Aten tiene 43 años de historia y que durante esos años ha sabido enfrentar todo tipo de avasallamiento con organización, unidad y lucha en la calle.
El gobernador Rolando Figueroa se desentendió del tema desde el minuto cero. No se atribuyó ningún poroto, todo lo contrario. Promulgó la ley, pero evitó que el posible costo político recaiga sobre su gestión. Por eso prefirió que el anunció lo hiciera la Legislatura, decisión que también podría leerse como una maniobra para desligarse de su sanción. Igual camino tomó la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien no habló de la conformación del proyecto y sólo hizo mención a su implementación. Dijo que aún no hay evaluaciones para hacer, debido al corto plazo que lleva la norma, y en relación a las posibles medidas de Aten aseguró que será el Ejecutivo el que tome las medidas correctas. Martínez, quien viene de ser diputada por el Frente de Todos y ha cuestionado las políticas educativas de los gobiernos del MPN, fue ayer fuertemente cuestionada por la docencia, a tal punto que el Plenario de secretarios y secretarias generales del gremio le pide la renuncia.
Este Gobierno, que se jactó de haber tenido tiempo suficiente para analizar cada área durante los ocho meses de transición, arrancó el año enfrentándose con los docentes e intentó imponer el presentismo por un decreto que fue obligado a derogar. Hoy, tres meses más tarde, este mismo Gobierno busca seguir las líneas de Nación y vuelve a entrar en conflicto con el mismo sector, por el presentismo y por una decisión que es legislativa pero que contó con los votos de sus representantes.
Los alcances del presentismo
Con esta ley, que entró en vigencia el lunes pasado, los docentes que certifiquen tres o menos inasistencias injustificadas trimestrales -con un máximo de dos dentro de un mismo mes- cobrarán un adicional del 15 por ciento en sus haberes. El primer desembolso será en octubre, con los meses de julio, agosto y septiembre.
