Trabajadoras del Programa de “Familias solidarias” reclaman que el gobierno provincial les asigne un espacio físico en condiciones necesarias para desarrollar su tareas, teniendo en cuenta que trabajan con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
Días atrás, recibieron un informe del área de Seguridad e Higiene del Ministerio de Gobierno de la Provincia del Neuquén (del que depende el programa), donde les informaron que el edificio de la calle Intendente Carro Nº 37 no se encuentra apto para su funcionamiento.
Los problemas que sobresalen son hacinamiento; fallas estructurales como humedad y filtraciones; falta de reglamentación en los dispositivos de gas; hay una pileta en el patio trasero que no está bien cubierta y se ha convertido en un foco infeccioso; no hay salidas de emergencia, entre otros.
Vale señalar que el Programa funciona desde hace muchos años en el edificio que ahora quedó inhabilitado. Ahí se desempeñan alrededor de 45 trabajadores y trabajadoras, administrativas, choferes, psicólogas, trabajadoras sociales, entre otras profesionales, que por estos días le dan continuidad a su trabajo como pueden.
Familias solidarias depende de la Subsecretaría de Justicia, Derechos Humanos y Familia, que funciona en la órbita del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Neuquén, a cargo de Jorge Tobares.
Es un programa creado para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran atravesando una Medida de Protección Excepcional originada ante la vulneración de derechos. El objetivo es garantizar su derecho al cuidado, a vivir en familia y con acompañamiento mientras el proceso judicial se lleva adelante.
