Con el anuncio realizado por el Gobierno Provincial en torno al lanzamiento de una línea de créditos hipotecarios, la cuestión habitacional ha tomado nuevamente la primera plana de los principales portales periodísticos de la región. De ser una temática marginal, casi molesta para las autoridades de turno, el acceso al hábitat se ha convertido en una de las principales avenidas por las que va a circular la gestión de Rolando Figueroa. La falta de músculo del Estado nacional, sintetizada en la consabida frase “no hay plata”, pareciera contrastar con la voluntad política de revertir injusticias que llevan décadas madurando, especialmente aquellas registradas en escenarios urbanos en los que la población y calidad de vida no han aumentado de forma equilibrada. Y para enfrentar este desafío, el Poder Ejecutivo abraza el recetario emepenista clásico: el Estado es un actor clave en la producción de viviendas, ya sea de forma indirecta, financiando a las familias, o bien haciéndose cargo de la construcción de nuevas unidades habitacionales. Con este set de políticas, el Gobierno espera lograr lo que, en lo que va de siglo XXI, ha sido poco menos que una misión imposible: acompasar oferta y demanda habitacional en un contexto de crecimiento económico apalancado por la actividad hidrocarburífera.
La falta de músculo del Estado nacional, sintetizada en la consabida frase “no hay plata”, pareciera contrastar con la voluntad política de revertir injusticias que llevan décadas madurando.
Este panorama, aunque alentador, no deja de plantear algunos interrogantes cuya falta de respuestas puede encender señales de alerta en el mediano plazo, justo cuando empiece a bajar la espuma del incremento del parque habitacional. La más notoria podría sintetizarse en una frase: si la inyección de recursos no es acompañada de la producción de suelo urbano, es probable que se generen procesos de valorización inmobiliaria que van a afectar a la población que no fue objeto de la política crediticia. La experiencia de los Procrear es muy reveladora al respecto: la presión sobre la oferta de terrenos condujo a un aumento del valor del suelo y de todo lo construido sobre el mismo, haciendo trepar el importe de los alquileres y llevando a ocupar “tierra” relativamente barata que, hasta allí, había tenido usos productivos. Si lo primero aumentó la vulnerabilidad inquilina (el creciente peso de los alquileres al interior de los ingresos de los hogares), lo segundo profundizó una urbanización extensiva que complicó enormemente la provisión de servicios y volvió a buena parte de los neuquinos en rehenes del automóvil. El resultado de estas acciones salta a la vista: una ciudad fragmentada, una urbe astillada que se encuentra atravesada por profundas brechas socioterritoriales.
Este breve repaso de la historia reciente nos brinda una enseñanza elemental. Si las políticas de acceso a la vivienda no se acompañan de políticas urbanas, el derecho a la vivienda puede poner en aprietos al derecho a la ciudad. Tan importante como construir nuevas viviendas es crear las condiciones para que ellas se construyan en los espacios vacantes que aún existen en la mancha urbana, sin necesidad de estirar sus límites de manera exagerada y poco sustentable en términos ambientales. En caso de aprovechar esos “vacíos de oportunidad”, muchas veces sujetos a especulación inmobiliaria, podría propiciarse el pasaje de una urbe dispersa, distante y desconectada (las tres D) a otra compacta, cercana y conectada (las tres C). No hacerlo equivaldría invocar nuevamente esa extraña maldición que -renta petrolera de por medio- ha hecho de Neuquén un territorio desigual.
- Joaquín Perren – Universidad Nacional del Comahue – CONICET
