Tres días después de haber sido puesto en libertad por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Matías Santana, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, condenado en suspenso por el delito de usurpación, fue detenido dos veces en un día por la policía rionegrina, cuando circulaba por la calle.
“Hay una criminalización y una persecución hacia Santana en particular y hacia la comunidad mapuche en general que hace que para la policía resulte sospechoso”, explicó a Intempestiva Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados que defendió a la comunidad en el juicio en que se dictó sentencia el lunes pasado.
Santana fue uno de los condenados este lunes 26 de mayo en la causa contra la Comunidad Winkul. Junto a Santana, Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, María Celeste Ardaiz Guenumil y Yéssica Boneffoi recibieron penas de entre uno y dos años y medio de prisión en suspenso por usurpación en Villa Mascardi.
A diferencia de las mujeres, Santana llegó al juicio privado de su libertad por no haberse presentado cuando la jueza Silvina Domínguez les dictó el procesamiento. Pero el juez Alejandro Adrián Silva, el lunes pasado, durante la lectura del veredicto, ordenó su “inmediata” libertad.
Franquet explicó cómo son los procedimientos habituales en una situación así. “Cuando se dicta el pedido de captura se avisa al SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), un organismo que depende del ministerio de Seguridad de la Nación que recibe el pedido y lo manda, además de a las fuerzas federales, a todas las fuerzas provinciales del país”, indicó.
Cuando Santana fue detenido, en febrero de 2024, ese sistema informó a las dependencias que levanten el pedido de captura. “De la misma manera que a la policía le llegó en su momento el pedido de detención, ahora les llegó la orden de dejarlo sin efecto”, remarcó.
Pero mientras Santana cumplió con las obligaciones que le impuso Silva en la sentencia, la policía no hizo lo mismo. Según denunció la Gremial en un comunicado “un funcionario policial que lo vio en la calle, lo reconoció (como toda la policía de Río Negro reconoce a este luchador del pueblo mapuche), verificó que seguía vigente un pedido de captura en la misma causa por la que se lo condenó y, por supuesto, no le creyó que ese pedido de captura fue dejado sin efecto en febrero de 2024 cuando, justamente, lo encarcelaron”.
“Hablé con el primer policía”, contó Franquet, “y me dijo que le figuraba un pedido de detención para Santana fijado por el Juzgado Federal de Bariloche. Yo le explico, entonces él consulta, le preguntó a alguien, y evidentemente le dijeron que lo deje en libertad”.
Debido a la rápida actuación de sus abogados, Santana fue puesto en libertad. Sin embargo, a los pocos minutos, el episodio se repitió con otros efectivos de la fuerza rionegrina. Nuevamente, la Gremial intervino para que pueda recuperar su libertad.
“Tuve que llamar al Juzgado Federal de Bariloche y decirles que lo estaban deteniendo, que se estaba armando una discusión ahí, porque empezaron a llegar las mujeres de la familia, entonces llamaron del juzgado, aclararon la situación y lo dejaron ir”, contó Franquet.
“El fondo de la cuestión es que uno va por la calle con una persona vestida con la ropa tradicional mapuche y lo detiene la policía para pedirle documentos. En el caso de Matías, además, todo el mundo lo conoce. Hay una criminalización y una persecución hacia Santana en particular, y hacia la comunidad mapuche en general, que hace que para la policía resulte sospechoso”, analizó el abogado.
Respecto de los procedimientos judiciales, sostuvo que “lo que les importa es cargar la orden de captura. Eso se resuelve muy rápido y eficientemente. Las cuestiones de dejar salir a la gente en libertad son siempre complicadas, burocráticas, hay errores”, detalló.
Luego de lo ocurrido, los abogados recomendaron a Santana presentar un pedido de habeas corpus por restricciones ilegales e ilegítimas a su libertad, para que todas las autoridades nacionales y provinciales correspondientes informen si siguen teniendo esa orden de captura en sus bases de datos y, de ser así, la eliminen.
En el comunicado, la Gremial advirtió que “hace responsable a cualquier instancia judicial, policial y estatal de las acciones que se produzcan contra Matías Santana, su esposa la Machi Betiana y cualquier otro integrante de la Comunidad Winkul Mapu” y “en particular al gobernador Weretilneck”.
