“Los acuso de delitos de lesa humanidad: sus aportes fueron fundamentales para la aplicación de tormentos, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones” forzadas, dijo el fiscal federal Miguel Ángel Palazzani el 27 de septiembre pasado, como corolario de varias jornadas de alegatos de la fiscalía, en el que pidió 25 años de condena para el ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, por los crímenes cometidos durante la dictadura en el Alto Valle.
De los juicos que se llevaron a cabo en Neuquén (donde ya hubo 7 anteriores), La Escuelita VIII es el único en el que están acusados civiles por crímenes imprescriptibles. El Juzgado Federal era el único que intervino en la Región por las presentaciones de los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. El fiscal los acusó por 25 y 24 hechos (o casos), respectivamente, contenidos en 31 expedientes judiciales que se generaron a partir de los operativos de secuestros en Neuquén, Cinco Saltos, Cutral Co, Plottier, entre otras localidades.
La etapa de alegatos continuará en octubre con las querellas de la secretaría de Derechos Humanos de Nación, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH). Al término de la acusación, será el alegato de la defensa oficial, que patrocina tanto a Duarte como a Ortiz.
Se estima que, a fines de noviembre, el tribunal que preside la jueza María Paula Marisi e integran también los vocales Sebastián Foglia y Alejandro Silva, emita su veredicto.
“Todo está probado si se ponen a estudiar las causas y lo que pasó con los hábeas corpus cuando estaba Duarte. Se lo imputa porque no se manda un pedido, no se va a hacer la inspección, no se insiste en las respuestas que le dan, donde hubo un camión lleno de conscriptos para un allanamiento y el Ejército dice que no tiene nada que ver”, describió
Noemí Labrune el 6 de junio de 2023, cuando dio testimonio para este juicio, en una declaración anticipada debido a su avanzada edad.
También por su condición etaria declaró ese día el abogado Guillermo Correa. Sus dichos fueron incorporados en este juicio que comenzó el 20 de octubre de 2023 y aún no terminó. Labrune, referente de la lucha por los derechos humanos en el país (como una de las fundadoras del Cels y de la APDH en Neuquén) falleció el 10 de septiembre, un mes antes que iniciaran las audiencias con los testimonios de sobrevivientes y familiares.
Oscar Ragni y su esposa, la Madre de Plaza de Mayo Inés Ragni, referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la región, con el patrocinio del Ceprodh, son parte de la querella en esta causa. Ellos sí pudieron declarar durante el año de audiencias realizadas en el salón de AMUC. Allí ratificaron las diferentes modalidades de la falta de justicia que padecieron durante la desaparición de su hijo y explicaron lo que sabían del centro clandestino, cuando el tribunal inspeccionó el lugar donde funcionó el centro clandestino “La Escuelita” el 29 de marzo. Fallecieron en julio y en septiembre de este año, respectivamente.
El tribunal también se constituyó en el Juzgado Federal de Santa Fe y Ministro González (donde tenía su despacho Duarte) y en la ex U9, donde estuvieron ilegalmente detenidos las y los presos políticos. Allí, una delegación de sobrevivientes, mujeres y hombres, respondieron preguntas de los jueces.
Tiempo de alegatos
La fiscalía, liderada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, les endilgó a Duarte y a Ortiz ser parte del plan criminal de exterminio, desapariciones y torturas que comenzó el 24 de marzo de 1976 en la región. Su alegato comenzó el 26 de agosto y terminó el viernes 27 de septiembre, con el planteo de condenas por 25 años por los delitos cometidos (omisión de persecución pena en calidad de autor y participación secundaria en los secuestros, torturas y desapariciones) y la inhabilitación perpetua para Duarte, por prevaricato, un delito reservado únicamente para los jueces por actuar de modo ilegal.
Palazzani explicó que antes de ser designado Juez Federal de Neuquén, Duarte era auditor (asesor letrado con cargo en la plana mayor) del Comando y que fue puesto por la jerarquía del Ejército en el juzgado como parte del plan. “Fue el único caso en el país, de un militar, que es designado juez”, señaló.
Dijo que, así como el jefe de sanidad del comando, Hilarión de la Paz Sosa (el que controlaba la sobrevivencia de los cautivos en la Escuelita, durante la sesiones de tortura, condenado en el primer juicio) fue designado subsecretario de Salud, o el jefe de Inteligencia del Comando, Osvaldo Laurella Crippa, designado al frente de la policía neuquina, Duarte cumplió su rol de asegurar la zona de justicia liberada para la impunidad y continuidad del accionar de los grupos de tarea.
La dictadura en la región apartó al juez y a la jueza que había en la jurisdicción y lo designó a Duarte, mientras a Víctor Ortiz, que era secretario del juzgado, lo nombró fiscal. “No pudo haber un Duarte sin un Ortiz ni un Ortiz sin un Duarte, porque nos controlamos mutuamente los fiscales y los jueces: Ortiz no hizo nunca nada distinto de Duarte y viceversa, actuaba en tándem”, explicó.
En un año de juicio, los imputados presentaron sólo un testigo presencial y otros dos testimonios que estaban en el expediente. Pero el principal aporte a su defensa lo hicieron ellos: durante 8 audiencias Duarte y 2 audiencias Ortiz, culparon a los familiares de los desaparecidos por no haberle aportado datos para investigar. Aseguraron haberse enterado de los cautiverios bajo tortura cuando regresó la democracia, en tanto insistieron en que como no les respondían, nunca pudieron saber qué había ocurrido con los centenares de jóvenes que faltaban tras los operativos de secuestros en casas, en la calle y lugares de trabajo.
El análisis que hizo la fiscalía, expediente por expediente, de los 25 casos por los cuales se llegó a juicio dieron por tierra con todas esas versiones: el fiscal explicó cómo Oscar Metz, padre de Raúl Metz y suegro de Graciela Romero, le entregó a Duarte los detalles del secuestro en Cutral Co, testimonios, datos de policías que pudieron intervenir en el procedimiento, patentes de vehículos y testimonios de vecinos el día del secuestro.
Los expedientes mostraron luego que, Metz recibió detalles de la permanencia de Graciela Romero en el centro clandestino de Bahía Blanca –por testimonios de sobrevivientes bahienses- y se los aportó al juez al igual que el detalle del nacimiento, en abril de 1977, de un varón en ese lugar de cautiverio.
“No nos recibió”, dijo Oscar Ragni en la audiencia en la que se le consultó por los hábeas corpus presentados en el Juzgado Federal. Con el detalle del contenido de los expedientes que el fiscal puntualizó durante el alegato, quedó en claro la cantidad de veces que Ragni acudió al despacho, incluido con la compañía del padre Italo Barbello y la jueza María del Carmen Ingelmo (conocidos del Juez) para intentar acercarle datos que le permitieran al investigador poder dar con su hijo que estaba desaparecido. Pero el juez sólo recibió a su colega y la amenazó para que “no se metiera” en asuntos que no eran de su competencia.
Por su parte, Labrune contó cómo, en septiembre de 1976, fueron a ver a Ortiz a su domicilio junto con una delegación de la APDH, con el dato que había conseguido el obispo Jaime De Nevares que indicaba que en el Batallón se estaba torturando a perseguidos políticos. Y el triste relato que les dio el cursillista: si eran inocentes, la tortura acerca a Dios; y si eran culpables, iban a lavar sus pecados. “Nos fuimos devastados, no iba a hacer nada”, fue la reflexión de Labrune.
