La Justicia ordenó esta mañana al Gobierno que entregué en un plazo de 72 horas un plan detallado de cómo se distribuirán las más de 5 mil toneladas de alimentos que mantiene retenidas y que se niega a repartir a los comedores, en medio de una crisis alimentaria y un sostenido crecimiento de la pobreza. Se trata de productos que, según estimaciones de las organizaciones sociales, alcanzarían a cubrir necesidades de unas 250 mil familias durante unas semanas.
El fallo del juez federal Sebastián Casanello también obliga al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a presentar el stock de los alimentos almacenados y las fechas de vencimientos de cada uno de ellos. Además, pide “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha y los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados”.
De esta manera, la Justicia responde a la cautelar presentada por el dirigente Juan Grabois y pone el ojo en las políticas de Javier Milei y en el accionar de sus funcionarios.
El origen de este tema que revolucionó al Gobierno fue una nota publicada por El Destape, con la firma del periodista Ari Lijalad, en la que se menciona que hay miles de kilos de leche en polvo, harina, aceite, tomate en lata, arroz con carne, yerba y garbanzos, entre otros productos de primera necesidad, retenidos en uno de los depósitos de Desarrollo Social desde diciembre.
Tras los intentos de defensa por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni; de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de funcionarios de Capital Humano, quien salió al cruce de esta cruel maniobra fue el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, quien criticó el accionar del Gobierno y dijo que “rápidamente deben ser entregados”. “No entro en las razones por las que están guardados”, afirmó.
