El Gobierno nacional atacó ahora al colectivo de personas con discapacidad utilizando en un documento oficial términos descalificativos y discriminatorios como “idiota”, “imbécil”, y “débil mental”. El objetivo de retomar estas categorías arcaicas para medir la inteligencia según el Coeficiente Intelectual (CI) es reducir el número de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral. “Cuando aparece un gobierno de derecha como el que tenemos ahora, necesita que haya pocos ricos que acumulen mucho dinero y lo primero que busca son los grupos que están de más para, rápidamente, descartarlos”, explicó Carmen Mónica Senger, integrante del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Neuquén.
El 16 de enero pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que conduce Diego Orlando Spagnuolo, publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025, donde establece un nuevo baremo (o cuadro de clasificación) para la evaluación médica de personas que presentan algún tipo de invalidez, ya sea psicológica o motriz.
El objetivo de la nueva normativa, según se informó de manera oficial, es regular el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y, en sintonía con la voluntad del Gobierno de achicar el Estado, se sostiene que la intención es dar “un nuevo paso en la lucha contra el malgasto de los recursos”.
En el Anexo de la resolución, se detalla la normativa para la evaluación médica de invalidez de aquellas personas que podrían recibir una pensión. En el apartado XIII, relativo al “Psiquismo”, se habla de la posibilidad de realizar tests psicológicos para obtener un diagnóstico y en el caso de los “retardos mentales”, señala:
El uso de estos términos configura un hecho de violencia institucional y un acto discriminatorio toda vez que no respeta la normativa vigente que establece cómo referirse a las personas con discapacidad, como la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, a la que Argentina adhirió en 2008 con la sanción de la Ley 26.378.
El malestar que causó esta publicación en la opinión pública y en las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad en particular hizo que el Gobierno tuviera que retractarse y pedir disculpas. En un comunicado difundido ayer a la tarde, señalan que “Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”.
“A la derecha no se le escapa nada”
Carmen Mónica Senger, del Foro Permanente en Defensa de los derechos de las Personas con Discapacidad de Neuquén, dijo a Intempestiva que “a la derecha no se le escapa nada” y descartó que haya sido una equivocación de parte del Gobierno. Historizando, explicó que esta terminología se usó en todo el mundo occidental y cristiano desde que comenzó la sociedad industrial (siglo XVIII), donde la inteligencia estaba relacionada a la productividad, y que incluso en Neuquén se había instalado esa corriente.
“Cuando empecé a trabajar en la Escuela Especial Nº 1, en 1977, se hacían los tests de inteligencia en forma rigurosa en los gabinetes psicopedagógicos”, pero aclaró que “no se los llamaba imbécil ni idiota. Teníamos los débiles mentales leves, moderados y profundos, para escolarizar: El que tenía más de 90 de CI podía ir a la escuela normalizadora”.
Explicó que con esta teoría “quedaba mucha gente afuera”, como los migrantes, los indígenas, que eran considerados débiles mentales porque no comprendía, cuando en realidad tenían otra cultura. “La sociedad fue evolucionando y con el tema tecnológico ya no necesita tanta gente”, entonces “cuando aparece un gobierno de derecha como el que tenemos ahora, necesita que haya pocos ricos que acumulen mucho dinero y lo primero que busca son los grupos que están de más para, rápidamente, descartarlos”.
Senger lamenta el retroceso que estamos viviendo después de haber luchado tanto por los avances alcanzados y plantea una pregunta: “¿Por qué Milei tiene la necesidad de usar esta grilla y no decir discapacidad intelectual?”. Tiene una respuesta: “Porque necesita que el Estado no ponga más dinero para esta gente, meterlo al interior de las familias”.
Si bien hasta ahora no se redujeron las pensiones por discapacidad, esta normativa es una ventana para que inicie ese proceso. En algunas provincias, como Mendoza, ya comenzaron a llegar notificaciones a las personas con discapacidad, solicitándoles que se presenten para ser evaluadas.
Contrariamente a esta mirada, Senger señala que “Todas las personas tienen inteligencia y la pueden utilizar a su favor. ¿Por qué sabemos que tienen inteligencia? Porque están vivos”. Su perspectiva está en sintonía con el espíritu de la Convención, que deja de lado la mirada clínica sobre el individuo por una mirada social de la discapacidad que involucra al entorno.
