La iniciativa de intentar aprobar un proyecto de ley para que el Gobierno provincial pague un plus por presentismo a docentes, tuvo hoy un nuevo revés público. Más de 30 organizaciones sociales y sindicales salieron a rechazar la propuesta que avanza en la Legislatura. Lo hicieron a través de un duro documento que, entre otras cosas, pide a las y los legisladores “no violar los derechos consagrados constitucionalmente” y recaen sobre el accionar de los gobiernos emepenistas, quienes, según este escrito, han sido y son responsables de las malas condiciones en general de la infraestructura educativa.
“Nos oponemos porque representa la anulación de la discusión colectiva entre las y los trabajadores de la educación, docentes y los sectores patronales”, se afirma en el documento, donde se agrega que “nadie podría negar la importante tarea que los y las docentes desempeñan y su trascendencia para el conjunto de la población, así como nadie tampoco podría desconocer las malas condiciones en general de la infraestructura educativa y la cantidad de días de clases que pierden nuestros hijos vinculada a esta situación”.
Los espacios firmantes indican que “en los fundamentos del proyecto se sugiere que es responsabilidad del colectivo docente la falta de presupuesto para la construcción de escuelas y se los califica prejuiciosamente de irresponsables y de falta de capacitación”. Esto, según las organizaciones, “es una tremenda falta de respeto hacia quienes dan sobradas muestras de compromiso con su labor de parte de un Poder del Estado que debiera cuidarlos y garantizarles salarios y condiciones de trabajo dignas, que serían asimismo las condiciones de aprendizaje merecidas para miles de estudiantes en nuestro extenso territorio provincial”.
“El trabajo incentivado está prohibido por nuestra constitución y la negociación colectiva es una garantía, tanto de la Constitución Provincial como de la Nacional. En este marco, los trabajadores sindicalizados expresamos, además, nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que esta medida u otras en línea con las reformas laborales impulsadas por el Gobierno Nacional, se generalicen hacia el resto de los trabajadores del Estado, sus distintos poderes y las actividades productivas y de servicios del sector privado”, hacen saber.
El documento, que lleva la firma de unas representaciones sociales y sindicales, finaliza haciéndoles un pedido a las y los diputados “a no violar derechos consagrados constitucionalmente, a abondonar esa mirada injustamente disvaliosa de los y las docentes y a no acompañar con su voto esta iniciativa que cercena derechos y estigmatiza a un sector de trabajadores”.
“Es una tremenda falta de respeto hacia quienes dan sobradas muestras de compromiso con su labor de parte de un Poder del Estado que debiera cuidarlos y garantizarles salarios y condiciones de trabajo dignas, que serían asimismo las condiciones de aprendizaje merecidas para miles de estudiantes en nuestro extenso territorio provincial”, aseguran desde las organizaciones.
El documento lo firman, entre otros, UPCN, ANEL, CEC, SEJUN, FASEMP, SIPROSAPUNE, SADOP, ADUNC, APUNC, UNVAP, FATPREN, FATSA, SACRA, SAREC Neuquén, Sindicato de Trabajadores Pasteleros, ATFN, Sindicato de choferes de Remises, Empleados Judiciales de la Nación, Satsaid, UATRE, SUPARA, AJEPROC, Confederación Mapuche de Neuquén (Xawvnko), Centro de Educación Mapuche Norgvbamtuleayiñ, Instituto Derecho Laboral del Colegio de Abogados, CTEP – TERRITORIO EVITA, MTD, IDENTIDAD, CCC y Descamisados.
El repudio a Aten
Esta expresión unificada se suma al ya conocido repudio de Aten, desde donde habían expresado que “la idea del presentismo nos lleva a la época del sobichismo donde todo derecho intentó ser vulnerado”.
La semana pasada, Cintia Galetto, secretaria adjunta del gremio, indicó a Intempestiva que las y los legisladores deberían “contribuir a garantizar que la Ley de financiamiento educativo se cumpla como corresponde, que los fondos para infraestructura se ejecuten como corresponde y no que pretendan, ajustando el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, generar fondos para salir a construir escuelas”.
El proyecto por el cual se crea el Incentivo al Desarrollo Profesional Docente, establece que se pagará un 10 por ciento más de la asignación del cargo que mensualmente corresponde a cada agente, a aquellos cuyas inasistencias no superen las 3 trimestrales con un límite de 2 mensuales, debidamente justificadas.
Además, los agentes deberán cumplir con una serie de capacitaciones previstas en un Plan Anual de Capacitación y Fortalecimiento Docente, el que será establecido anualmente previo al inicio de cada ciclo lectivo. De lo contrario, no percibirán el dinero extra.
Sobre este punto, Galetto indicó que en la actualidad los docentes ya se capacitan y eso es lo que les permite incrementar el puntaje, con lo cual “hay un desconocimiento total en relación al funcionamiento del sistema educativo y el proyecto, más allá de querer ir contra una situación de abuso de licencias que ellos describen, a nosotros nos parece que está también en consonancia con un modelo nacional en donde hace muy poco en la Comisión de Educación, Presupuesto y Hacienda se presenta el mismo tipo de proyecto instalando la idea de presentismo en el sistema educativo y poniendo en duda entre otras cosas, el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación”.
La iniciativa, que comenzará a ser debatida en comisiones, lleva las firmas de Claudio Domínguez, Gabriel Marcial Álamo, Patricia Noemí Fernández, Gerardo Gutiérrez, Cielubi Agustina Obreque y Juan Abel Sepúlveda (MPN); Carina Yanet Riccomini (JUN); y Alberto Raúl Bruno y Guillermo Claudio Monzani (HN). También cuenta con la adhesión del diputado César Gass (JXC NQN -UCR).
Desde aten afirman que en la actualidad las y los docentes ya se capacitan y eso es lo que les permite incrementar el puntaje. “Hay un desconocimiento total en relación al funcionamiento del sistema educativo”, dijo Galetto.
Consigna que el “Incentivo” será liquidado con una periodicidad trimestral, con los haberes mensuales devengados de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. De sancionarse esta ley, será percibido a partir de los haberes de septiembre de este año, en base al trimestre inmediato anterior.
Para el secretario gremial de Aten provincial, Pablo Grisón, este proyecto “pone sobre el debate la salud porque van a cambiar salud por plata”. “Los docentes tienen que trabajar cuando están en condiciones de salud para trabajar”, apuntó.
“Por otro lado no está aclarado cómo lo van a liquidar. Estimo yo que va a ser plata en negro, una suma fija atada a un porcentaje del básico. Y fin. Entonces eso no le aporta al Instituto, es una suma que nosotros rechazamos porque además nos costó muchísimo sacar las sumas en negro y nos costó la vida de un compañero”.
En los fundamentos del proyecto, retoman declaraciones del Gobernador Rolando Figueroa en las que aseguró que el Tesoro Provincial destina “alrededor de US$100 millones anuales al pago de suplencias. De esta suma, US$20 millones se utilizan para el pago de ‘suplentes de suplentes’, un gasto que podría financiar la construcción de 64 escuelas primarias cada año”.
Los docentes tienen que trabajar cuando están en condiciones de salud para trabajar”, apuntó Grisón.
Grisón sostuvo que “las suplencias no son todas que se pagan dos veces porque hay gente que toma cargos de mayor jerarquía y no cobra por el mismo puesto dos veces. “Es una falacia lo que dice el gobierno. Encima, hay suplencias que se pagan de docentes que no están en el sistema educativo. Hay docentes que van a trabajar a la Legislatura, a los ministerios, a Concejos Deliberantes, y eso lo paga Educación. Eso no se lo pueden achacar a los docentes”, señaló.
