“Es inagotable la imaginación jurídica que desarrollaron los organismos de Derechos Humanos, a casi 50 años del golpe en Argentina. No pararon de imaginar cosas nuevas en contextos distintos”, dijo Juan Cruz Goñi, abogado, docente e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDeCS), de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y becario doctoral del Conicet. Fue, además, querellante por la APDH Neuquén en varios tramos del juzgamiento a los militares y otros responsables por los delitos de lesa humanidad en la región.
Durante una charla por la Memoria realizada en la FaDeCS, sostuvo que el comportamiento de los organismos de Derechos Humanos en Argentina tuvo un desarrollo singular respecto al camino que hicieron otros movimientos en países de América Latina, como Brasil y Chile, también castigados por el terrorismo de Estado en los 70.
“La historia de los organismos de Derechos Humanos en Argentina estuvo vinculada a los procesos de resistencia de la dictadura; hubo una disputa para que el discurso de los derechos humanos se estabilizara desde la resistencia y no desde el poder, como pretendía el discurso de Videla”, ejemplificó.
Recordó que, aunque en plena etapa final de la dictadura los militares en el Gobierno intentaron copar y controlar la escena pública y mediática, tapar los reclamos de los organismos y emplear un vano recurso para instalar que el gobierno de facto era “derecho y humano”, el bastión de derechos humanos fue la herramienta política de resistencia de las organizaciones de familiares.
Ante el retroceso del Estado argentino en políticas públicas de derechos humanos con un discurso de vindicación de la tortura y de la persecución política, desde Intempestiva, urgía una ampliación sobre aquella observación.
Goñi enumeró que en la actualidad se están desarrollando los juicios penales en distintas partes del país contra los represores. En los 90, un “periodo oscuro” por la vigencia de las leyes de impunidad que impedían los juzgamientos (por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final) se hicieron los Juicios por la Verdad: “un invento jurídico que no existía en el manual de derecho penal: no se podía juzgar, pero se usaron los tribunales para conocer la verdad y avanzar en el periodo de justicia”, destacó.
Hubo Juicios por la Verdad que demoraron años, como el de La Plata. En el caso de Neuquén se extendió por varios menos, desde fines de 1999 hasta mediados del 2000, en Bahía Blanca. Con el marco jurídico del Derecho a la Verdad y convenciones internacionales, se habilitaron juicios presididos por jueces de tribunales federales en audiencias públicas en las que se convocó (con fiscales y defensores públicos) a dar testimonio a testigos de los secuestros y también a militares, civiles y eclesiásticos para conocer el destino final de mujeres y hombres de la región que permanecían desaparecidos.
Esos juicios lograron un fuerte impacto público a partir de los testimonios aportados en diferentes jurisdicciones sobre cómo se desarrolló la represión. Fue en plena etapa de impunidad: se publicitaron en diarios y radios, con un desarrollo incipiente de la comunicación digital en algunos portales y blogs.
Desde el aspecto jurídico, luego sirvieron como prueba cuando se abrieron los juicios penales: fueron audiencias grabadas con las reglas de la justicia, con todas las garantías de defensa que exigía una prueba documentada.
“Algunas acciones jurídicas fueron innovadoras; otras fueron sociológicas, como la aparición de los Hijos e Hijas, luego los hermanes, los nietes, la visibilización de la violencia del colectivo LGTBIQ+ con el colectivo 30.400, el surgimiento de los hijos desobedientes de los represores. El pasado de la dictadura ocupa un lugar muy productivo para leer nuestro presente: permanentemente estamos volviendo al pasado reciente para pensar e imaginar el futuro, eso es característico de la experiencia argentina en Derechos Humanos”, describió Goñi.
En una enumeración de la resistencia de los organismos, describió que en Argentina se combinaron varios factores tras el final de la dictadura, con una transición de colapso: con la Guerra de Malvinas, los militares se fueron en malos términos y se achicó la posibilidad de imponer condiciones al régimen de la democracia liberal que se reestableció, recordó.
Este marco “dio un margen” a la primera ola de justicia de transición, siguió Goñi, desde que terminó la dictadura hasta la llegada de Raúl Alfonsín y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
“El corto periodo de inmediata post dictadura abrió una oportunidad interesante al movimiento de Derechos Humanos para proyectar mecanismos de Verdad y de Justicia: el juicio a las Juntas y la reapertura de causas en todo el país: así nació la causa de Neuquén, con el juez Rodolfo Rivarola”, recordó Juan Cruz, en referencia a la instrucción federal de la causa por las violaciones a los derechos humanos que se produjo en 1987 en Neuquén y Río Negro, y que luego fue la base de los expedientes que llegaron a juicio en 2008, tras la reapertura de la investigación penal en 2005, cuando se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
“Fue una larga secuencia que comenzó el juicio a las Juntas y la apertura de las investigaciones, que se completó con la investigación de los movimientos de derechos humanos, y de las políticas de Verdad de la Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) y las comisiones locales. Antes de la Conadep no existía ninguna experiencia histórica de verdad; el Juicio a las Juntas fue un juzgamiento inédito después de Nüremberg, que fue un juicio llevado a cabo por las potencias ganadoras, mientras aquí los nacionales juzgaron a sus propios compatriotas por los crímenes aberrantes”, comparó.
Describió luego otros mecanismos como el activismo internacional para exigir Justicia, con la denuncia internacional de los crímenes de la dictadura en foros internacionales, con la instalación de la cuestión de los desaparecidos con activismo jurídico.
“Los instrumentos de la convención contra la desaparición forzada de las personas se instaló gracias al accionar de los organismos argentinos, como la Comisión por los Derechos Humanos de presos políticos que lideró en el exterior Eduardo Luis Duhalde, luego secretario de Derechos Humanos en Argentina”, recordó.
Entre otros elementos, destacó los viajes de las Madres de Plaza de Mayo en los foros mundiales, las cartas internas al Papa, por ejemplo, enviadas por el obispo Jaime de Nevares, con la denuncia ante el Vaticano de los hechos aberrantes que ocurrían en Argentina.
“Hubo un activismo con mucha imaginación política. Iniciativas innovadoras que aportaron elementos nuevos entre lo existente respecto a los organismos de Derechos Humanos: no solo los dispositivos como los Juicios por la Verdad, sino el surgimiento de los escraches de los HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia en contra del Olvido y del Silencio) y herramientas poco convencionales que surgían de la sinergia de la militancia en la calle con manifestaciones y el accionar en tribunales: esa estrategia de combinación de la militancia en el espacio público y la instrumentación de medidas institucionales como las comisiones por la Verdad, que no existían antes, o las impugnaciones de funcionarios de lo que se conoce como el veto, que no fueron comunes en otros países; o el impedimento del ascenso de militares que actuaron en la represión”, enumeró.
Recordó la carta documento ante el Congreso de Noemí Labrune con Oscar Ragni en 1984 para rechazar la validación de la continuidad de la carrera en la justicia del ex juez Pedro Duarte y del ex fiscal Víctor Ortiz, por su accionar durante la dictadura. Fue 40 años antes de la condena penal en la que los tribunales neuquinos sentenciaron a prisión a ambos ex funcionarios judiciales.
Los casos de Brasil y Chile
“Hay que tener imaginación para todo eso, pero todas las luchas por la memoria hay que mirarlas en contexto”, aclaró. Indicó que la mirada de aquellas experiencias políticas de los movimientos de derechos humanos dependen de la circunstancias, del contexto y los factores de poder, la dinámica de las discusiones sobre las memorias históricas y la justicia que hubo en la transición de la dictadura hacia las elecciones.
“Cada proceso tiene sus avances y retrocesos”, destacó. En su opinión aquellos avances se encuentran actualmente ante un retroceso interno, que tiene su emergente en un presidente electo con una vicepresidenta surgida de las urnas que propugnan el negacionismo y la reivindicación de los actores del Terrorismo de Estado.
aquellos avances se encuentran actualmente ante un retroceso interno, que tiene su emergente en un presidente electo con una vicepresidenta surgida de las urnas que propugnan el negacionismo y la reivindicación de los actores del Terrorismo de Estado”.
Describió que fueron herramientas de lucha de un proceso de Memoria que es potente y que fue excepcional. En Brasil hubo una ley de amnistía que cerró cualquier apertura de los juicios desde 1979, que benefició a represores y que equiparó el accionar de los represores con los reprimidos; a su vez, validado por el Supremo Tribunal Federal.
“Eso le valió la condena internacional a Brasil por la violación de derechos humanos, que dijo que la ley de amnistía no se adecuaba a los estándares internacionales de Derechos Humanos”, recordó Goñi.
Agregó que entre 2011 y 2014 se abrió la Comisión de Verdad, habilitada por la ex presidenta Dilma Rousseff y se generó una revisión del pasado con la revisión de la participación de las empresas (como lan VW en Brasil) en una vía civil, ante la obturación de la investigación penal.
“Chile tuvo otra dinámica: se abrieron los juicios pero no como consecuencia de la nulidad de las leyes de impunidad como ocurrió en Argentina, sino con una diferente interpretación jurídica de lo que antes se definió como Amnistía. Esto hizo que se habilitara una política muy limitada de juicios, dijo.
Amplió que en Chile no hubo una transición por colapso, como en Argentina, por el impacto de la Guerra por Malvinas, sino pactada con una Constitución de 1980 que aún está en vigencia, con poco margen para una política fuerte de Memoria, Verdad y Justicia.
Destacó que el accionar de los movimientos de derechos humanos en Chile fue importante ante la ONU, como la instalación del caso Letelier en Estados Unidos o la visita de la Corte Interamericana de Justicia (CIDH), con un informe anterior al que se produjo luego tras la visita de los comisionados a Argentina.
Aún así, se lograron instalar otros instrumentos que destacó como valiosísimos, como la comisión Rettig (1991) que luego se completó con el informe Valech (2011), en Chile con la documentación de las violaciones cometidas contra la población civil.
