A diez meses del los allanamientos a integrantes de organizaciones sociales Neuquén, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra seis referentes de “Viento Sur”, cooperativa vinculada al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), por el presunto delito de malversación de fondos del Estado.
El MPF acusó a tres personas identificadas con sus iniciales D.A.M; S.E.B y L.L.V. de ser autoras del desvío de 1.341.400.640 pesos que debían ser destinados a programas de capacitación laboral. En tanto, a otros tres integrantes, identificados como M.G.S, B.R.V.N y F.G.S, les imputaron haber prestado colaboración (coautores) para que los primeros lograran su objetivo.
El referente del FOL, Diego Mauro, que está imputado en calidad de autor dijo a Intempestiva que “estábamos esperando esta situación porque nos acusaban de algo y no nos habían dicho de qué” y agregó que “hay cosas que se dicen en ciertos medios, que la mayoría reproduce, entonces nosotros decimos basta de show”.
“Nosotros vamos a presentar todo lo que tiene que ver con las cosas de las que nos acusan” siguió Mauro, y afirmó: “Nosotros no nos robamos la plata, como decían. ¿Por qué? Porque están todas las cosas ahí”.
Para la justicia, en agosto de 2022, la organización fue beneficiada con la creación de un programa mediante el cual el Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, comprometía desembolsos mensuales como aportes no reintegrables que debían destinarse a la capacitación laboral de integrantes de organizaciones sociales para su inserción laboral o en la economía social.
Las organizaciones debían presentar una rendición detallada de las acciones implementadas y para la fiscalía de Delitos Económicos el dinero no fue destinado a los fines dispuestos por el programa, sino a otros fines. El principal fue el pago de sueldos: más de mil millones de pesos distribuidos en 10.220 transferencias. El dinero restante se destinó al pago de servicios y a proveedores, inversiones en plazos fijos y la compra de 4 terrenos y 3 vehículos.
Mauro explicó que “nosotros agarramos el convenio original, que dice que la plata es para las capacitaciones, para herramienta, maquinaria y para lo que se necesite si el Gobierno no lo provee” y cuestionó que “la fiscalía no se pregunta, si nosotros estamos haciendo una obra de vereda, ¿cómo hacemos para llevar las herramientas”.
“Lo que sí sabe el Ministerio y no cuenta, es para qué teníamos nosotros esos terrenos. Y era para construir unas cabañas en el terreno en San Martín de los Andes para que las compañeras hagan capacitación en servicios turísticos. Pero nunca llegamos porque cayó Milei y pasaron un montón de cosas en este país”, indicó.
El dirigente cuestionó que desde la organización aportaron fotos y documentación que respalda los gastos pero la justicia no incorporó esa documentación a la investigación. Tendrán la posibilidad de hacerlo durante el desarrollo del juicio.
En un comunicado del FOL difundido ayer luego de la audiencia de formulación de cargos, denunciaron que “se trata de una causa trucha, con fines persecutorios y de criminalización hacia las organizaciones que luchan contra el hambre y por el trabajo”.
Una causa archivada y otra que avanza
Tal como informó Intempestiva, en julio del año pasado, la justicia ordenó realizar en simultáneo 14 allanamientos en las viviendas y las sedes donde funcionan las cooperativas Manos Solidarias y Viento Sur, en el marco de una investigación por un supuesto fraude al Estado iniciada a partir de una denuncia del Poder Ejecutivo.
A fines de marzo de este año, archivaron por falta de pruebas la investigación por el delito de extorsión contra integrantes de ambas organizaciones acusados de pedirle a sus compañeros una parte del dinero que cobraban por las tareas que realizaban.
Ahora el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez decidieron avanzar con la formulación de cargos contra los integrantes de Viento Sur que están sospechados de fraude.
Más precisamente, los hechos imputados se encuadran en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículo 173, inciso 7, del Código Penal; en función del artículo 174 inciso 5) en calidad de coautores a D.A.M; S.E.B y L.L.V; y en calidad de partícipes necesarios a M.G.S, B.R.V.N y F.G.S (artículos 45, 46 y 48 del Código Penal).
En la audiencia realizada ayer, los funcionarios judiciales solicitaron al juez Raúl Aufranc la declaración de investigación compleja y un plazo de un año para poder llevarla adelante. Además, pidieron como medida cautelar el embargo de bienes y cuentas a nombre de la cooperativa, como así también la inhibición general de bienes de los imputados. El juez Aufranc hizo lugar a las medidas solicitadas y dictó un embargo de bienes por el plazo de 6 meses.
