El gobierno nacional, a través de dos de sus ministerios, envió al Congreso un proyecto de Ley que modifica, entre otras cuestiones, la edad de punibilidad de les adolescentes.
Ofrecemos algunos argumentos para reflexionar acerca de la situación:
- El debate sobre la baja de la edad de punibilidad de adolescentes en conflicto con la ley penal es un tema complejo y multidimensional, que requiere un análisis detallado de datos y factores entrelazados y situados en el contexto socio histórico.
- El proyecto de ley pretende dar una solución simple a un problema complejo. Omite pensar en cómo les adolescentes transcurrieron sus vidas, desconoce cómo fue el tránsito por la escuela, cuáles fueron sus distintos pedidos -y las respuestas que el Estado dio o negó- en las situaciones de crueldad a que el contexto les empujó.
- La Convención de los Derechos del Niño, integra la Constitución Nacional y en sintonía con ella se han sancionado la ley nacional de Protección Integral 26061 y en la provincia de Neuquén la Ley 2302. Todas estas normativas jurídicas explicitan las directrices para el diseño del Sistema de Protección de Derechos, con el andamiaje de Políticas Sociales, programas y dispositivos, en consonancia con el Paradigma de la Protección Integral. El proyecto de ley implica un desplazamiento de todas las acciones de cuidado, protección, prevención y asistencia hacia la criminalización de les adolescentes; vulnerando aquí los derechos a la participación y a ser escuchados en todos los ámbitos en los que participe.
- Quienes transitan el inicio de la adolescencia, viven momentos de turbulencias y cambios tanto biológicos, relacionales en los espacios más próximos y en los más amplios. Para afrontarlos necesitan de distintos soportes: afectivos, institucionales, entre otros, para continuar construyendo su identidad, su estar en la sociedad. Ofrecerles como única alternativa el encierro generaría cancelar todo tipo de posibilidades de una sociedad empática y solidaria.
- Les niñes y adolescentes necesitan que se garantice el principio de interés superior, crecer en un ambiente que les permita un desarrollo integral. Son el Estado, las organizaciones y las familias quienes en distintos grados tendríamos que asumir la máxima garantía simultánea de los derechos no de manera punitiva y criminalizadora, sino restituyendo aquellos derechos que fueron vulnerados.
- Las estadísticas muestran que es bajísimo el porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal. Será necesario entonces acciones y recursos para atenderles en pos de garantizar condiciones de vida digna y trabajar en torno a posibilitar su inserción en la educación, en el deporte, en la cultura, en el arte, garantizar la salud. Esto posibilitaría apropiarse de sus derechos, exigirlos, colaborando con la construcción de sus proyectos de vida singulares y colectivos.
- El único argumento es el castigo, no tiene intención de contener, reparar, transformar las condiciones que empujaron a les adolescentes a realizar acciones que pongan en peligro su integridad y la de otres.
- Niñes y adolescentes no son peligroses, están en peligro. El proyecto de ley enviado al Congreso intenta construir representaciones sociales en torno a las adolescencias, se las estigmatizan, rotulan y discriminan construyéndoles como sujetes peligroses, que necesitan del encierro para reinsertarse. Cuestión altamente contrafáctica y que se entendía saldada, por antecedentes normativos vigentes que se oponen al mismo.
- El proyecto que se propone es inconsulto, no se les preguntó a les representantes de las instituciones provinciales y a otros organismos responsables de la promoción de los Derechos de Niñes y Adolescentes datos, experiencias y estrategias de intervención acerca de sus intervenciones en situaciones que se vinculan con el delito. Cabe aclarar que las estadísticas muestran datos bajísimos en relación a los delitos cometidos por adolescentes y que de ellos habría que discriminar en cuáles fueron empujados por personas adultas.
- Está demostrado que en los distintos países en el que se bajó la edad de punibilidad y como única estrategia se implementó el encierro, esto no resolvió ni la situación social ni la de les adolescentes. Por otra parte en la historia de nuestro país, ni en los tiempo más oscuro, la baja fue una posibilidad.
- En temas de derecho humanos y en situaciones de grupos especiales como lo son les adolescentes, la legislación y las prácticas institucionales se apoyan en el principio de progresividad. Proponer bajar la edad, claramente es regresivo.
- El discurso de la baja de edad de punibilidad emerge en distintos momentos de la historia de nuestro país. Son las organizaciones de Derechos Humanos, quienes visibilizan esta estrategia como chivo expiatorio del desmantelamiento del Estado, en pos de desviar el eje de lo realmente importante para la sociedad.
Apelamos a que la sociedad pueda informarse, sensibilizarse, se organice, luche y resista para impedir la avanzada de este proyecto y tantos otros que criminalizan y encierran, cuando las necesidades son de protección y cuidado. Será necesario generar instancias de diálogos intergeneracionales, en los que les adolescentes puedan plantear sus demandas y juntes se generen estrategias que pongan en agenda sus voces.
- Por Sofía Ohanian y Emilia Campos – Integrantes del Foro en defensa de la Ley 2302.
