La Legislatura neuquina convirtió en ley el proyecto de Ficha limpia que surgió de la unificación de un proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa y otro del PRO, que impide ser candidatos a cargos electivos u ocupar cargos en organismos públicos a aquellas personas que tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos. La norma se aprobó con 28 votos positivos del oficialismo y sus aliados, y cinco negativos aportados por Unión por la Patria y la izquierda.
La ley establece que las personas alcanzadas por la ley están impedidas de ser candidatas a cargos electivos como así tampoco pueden ser designadas para integrar el Gabinete Provincial, ni tener designaciones políticas en el Gobierno de la Provincia, Consejeros de la Magistratura, Vocales del Tribunal de Cuentas, magistratura judicial, ministerios públicos y secretarias, subsecretarias y direcciones municipales.
Las personas alcanzadas por la ley son aquellas que se encuentran imputadas por distintos tipos de delitos y a quienes la justicia les haya impuesto medidas restrictivas de la libertad, así como las que estén condenadas en segunda instancia por delitos dolosos comunes o federales como el tráfico de estupefacientes y delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la Ley nacional 27.430.
También estarán impedidos de ser candidatos o funcionarios los deudores al fisco condenados al pago, los deudores alimentarios morosos que estén inscriptos en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, y los que hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.
La inhabilitación será de carácter perpetuo (no se revoca al cumplir la condena) pero cesa en caso de que la sentencia sea revocada.
Durante el debate, Darío Martínez (UxP), que había presentado un proyecto que obtuvo despacho en minoría, votó de manera negativa argumentando la inconstitucionalidad de la iniciativa aprobada. Además, señaló que “pierde algo de credibilidad” el proyecto “porque este oficialismo tiene funcionarios condenados”. Con el fallo en mano pero sin dar el nombre de la persona aludida, preguntó: “¿Cómo va a tratar de sancionar esta ley alguien que es un funcionario público y está condenado por la justicia en un hecho de corrupción?”.
Desde la izquierda, Andrés Blanco, dijo “si hay algún desprevenido que crea que esto va a resolver el problema de la corrupción, de la transparencia, ya les voy anticipando que eso no va a ocurrir” y para ejemplificar preguntó: “¿Dónde está Lucila Crexell, que vendió su voto por un cargo?”, para responder: “libre”.
Marcelo Bermúdez (PRO), celebró la sanción de la ley y “la firme convicción del gobernador hizo que hoy estemos hablando de este tema”, según destacó durante la sesión y agregó que con esta ley “vamos a generar que haya una clase política que al menos pueda representar al ciudadano medio que no comete ilícitos”.
