El proyecto libertario del déficit cero se está aplicando con el ajuste a las clases populares, con una fuerte desregulación de las relaciones entre la empresa privada y las familias consumidoras de bienes y servicios esenciales, con la baja de impuestos a los ricos y con la violencia estatal a quienes alzan sus voces de protesta. Y todo eso se lleva adelante con el consenso de quienes siguen esperando el cumplimiento de la promesa electoral.
La represión afuera del Congreso en momentos que se discutía el veto presidencial a una ley que mejoraba, poco, las jubilaciones mínimas que no cubren la Canasta Básica Alimentaria ni los medicamentos, fue repudiada desde casi todos los sectores. El abandono del Estado a las y los jubilados con la desregulación de los sistemas de salud, la devaluación de la moneda y los aumentos en medicamentos de hasta un 40% por encima de los índices publicados (y en el caso de PAMI cada vez más restricciones para el acceso) dan cuenta de la generalización de las condiciones de vida de quienes viven por debajo de la línea de pobreza a una edad en que no hay revancha. Estas acciones en su conjunto son una clara muestra de la intención de esta derecha gobernante de avanzar sobre el conjunto de los derechos a la seguridad social, consagrados en la constitución nacional. El ataque es hacia el sistema previsional de reparto, intergeneracional y asistido que sostienen la Anses y las Cajas provinciales.
Desde la década del 90, en que se transfirieron las Cajas provinciales a la Nación, existe una puja política jurisdiccional por la distribución de los recursos que se administran para garantizar los derechos previsionales. Las provincias con cajas no transferidas reclaman deudas al Estado nacional plasmadas en diferentes pactos, acuerdos y tratados, las cueles son prioritarias para complementar los aportes personales y las contribuciones patronales.
Menem inició el camino, que luego siguió Macri y ahora continua Milei, para desresponsabilizar al Estado de la protección social de sus trabajadores y trabajadoras. En los ‘90 se instalaron la AFJP, empresas que recibían y capitalizaban ahorros individuales de las y los trabajadores, quienes, al jubilarse (si es que la empresa no se había fundido), recibían en concepto de jubilación lo que hubiera podido ahorrar individualmente, y ese ahorro la mayoría de las veces se agotaba en dos o tres años y no era heredable. Este fue un negocio para pocos que hizo que fracase el sistema de capitalización creado en 1994. La Seguridad Social se transformó en un bien privatizado y comercializado.
Con la nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP, a partir del 2007, se logró la administración de los recursos disponibles con resultados positivos que permitieron sostener, por ejemplo, programas como Conectar Igualdad y el Procrear. Se establecieron, además, moratorias que incorporaron al sistema previsional a más de 2,5 millones de personas que hasta entonces estaban excluidas de la cobertura, entre otros derechos de la seguridad social garantizados.
Durante sus años de gestión, Macri continuó con el plan de ajuste de los ‘90 en materia previsional. Una vez más, el blanco elegido fueron las y los trabajadores en edad de jubilarse. La Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) se creó con la sanción de la denominada Reparación Histórica. Todos los mayores de 65 años que no reúnen los requisitos para jubilarse tienen derecho a acceder a la PUAM. Lo que parecía una buena idea, en el fondo escondía un objetivo perverso: ajustar sobre las viejas y los viejos. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y no es heredable; su implementación liberó al Gobierno de Macri de aplicar las moratorias previsionales para que cada vez una mayor cantidad de personas pudiera acceder por lo menos a la mínima. La misma ley del macrismo establece un proceso de armonización de las cajas no transferidas. Este mecanismo pretende, a cambio de la cobertura del déficit de cada una de ellas, “armonizar” las condiciones jubilatorias de las y los trabajadores, transformándose en una pérdida de derechos que supimos frenar y que, con la lucha del colectivo de los sindicatos estatales, en nuestra provincia logramos que se sancionara la Ley Provincial 3088, que impide el paso de la Caja a Nación y que no toca nuestras condiciones jubilatorias establecidas en la Ley 611.
La mayoría de las cajas previsionales de reparto no transferidas, por diversas razones objetivas, están en desequilibrio. Las razones, son varias, entre las que podemos mencionar las malas y/o fraudulentas administraciones, las jubilaciones anticipadas, la reducción arbitraria de los porcentajes de contribuciones y la pérdida de la relación entre aportantes y jubilados, no sólo por el aumento de la expectativa de vida. Los gobiernos liberales/libertarios profundizan ese desequilibrio cuando se despiden trabajadoras y trabajadores privando a las cajas de los aportes y de las contribuciones pertinentes. Las políticas que ejecuta Milei y que generan desempleo, despidos, trabajo no registrado y bajos salarios profundizan ese desequilibrio. Las leyes y decretos sancionados pretender naturalizar ese desentendimiento del Estado de los derechos jubilatorios. No es sólo bajar los montos de las jubilaciones de reparto, es hacerlas desaparecer. Milei no sólo veta el aumento de las jubilaciones, sino también la devolución progresiva a las provincias de las deudas armonizadas. Primero suspende dichos pagos anulando, por Decreto 280/24, varios artículos de la Ley de Presupuesto, y luego lo hace vetando la ley con el Decreto 782/24. Empujan a las y los trabajadores a “privatizar su derecho a la seguridad social”, fomentando la capitalización individual que tanto daño hizo en los ‘90. Queda claro con la intervención del presidente en el Congreso el pasado domingo y la ausencia de propuestas para revertir la situación. Pretende profundizar las desigualdades en post del déficit cero. “Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado”, dijo el mandatario, palabras más palabras menos. Eso es planificar más pobreza y un futuro sin jubilaciones estatales de reparto.
Nuestro desafío, como trabajadoras y trabajadores sindicalizados, es darle continuidad a la construcción de la más amplia unidad con todos los sectores atacados por las políticas libertarias. La pelea necesaria es enorme, porque el enemigo es poderoso y está dispuesto a pagar todos los intereses de la deuda a costa de cualquier otro requerimiento social. Debemos revertir el rumbo impuesto por los dueños del poder real y reconstruir políticas públicas que incluyan a las mayorías populares. El pueblo organizado peleando por sus derechos es el único camino posible para derrotar esta planificación de la miseria libertaria.
- Susana Delarriva – Docente jubilada y consejera gremial en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén.
