Tras las masivas movilizaciones realizadas ayer en las principales ciudades del país en defensa de la educación universitaria pública y gratuita, el presidente Javier Milei, tal como había anticipado, vetó la ley de financiamiento universitaria que sancionó el Congreso en septiembre. Ahora, esa decisión debe ser ratificada con dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Ayer por la tarde, mientras los miles de manifestantes que inundaron las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Neuquén, Tucumán, Comodoro Rivadavia, entre muchas otras, se desconcentraban, el Gobierno emitió un comunicado desde la Oficina del Presidente donde anunciaba el veto del “irresponsable” proyecto sancionado en el Congreso y señalaba que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”.
Seguidamente se refirió a las movilizaciones. En ese sentido, señalaron que “el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de destruir el plan económico del Presidente”. Y aludió a la “conformación de un nuevo frente de izquierda populista” integrado por esos dirigentes.
En las primeras horas de hoy se publicó en el Boletín Oficial el veto total, aduciendo “Que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, entre otros argumentos.
Ayer, tras conocerse esa decisión, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) pidió una sesión en Diputados para el próximo 9 de octubre, para rechazar el veto de Milei. La decisión cuenta con el apoyo de todo el arco opositor pero deben reunir 172 votos para alcanzar los dos tercios y confirmar el rechazo. Si el veto es ratificado por 86 votos, la medida se mantiene firme. Habrá que ver si el oficialismo logra, a último momento, torcer voluntades como lo hizo con la reforma jubilatoria o si algunos aliados circunstanciales le sueltan la mano a un Gobierno que empieza a sentir el desgaste que le ocasiona el peso de sus propias decisiones.
