El Grupo Clarín, a través de Telecom, concretó ayer la adquisición de la filial argentina de Telefónica por un monto cercano a los 1.250 millones de dólares. La compra generó la reacción del gobierno de Javier Milei, que expresó su preocupación por la formación de un monopolio que puede atentar contra la libre competencia.
A través de la Oficina del Presidente, la Casa Rosada advirtió que “en función de versiones que circulan sobre la potencial adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, del Grupo Clarín, se dará intervención al ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y a la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio”.
Según explica el comunicado oficial, la transacción podría concentrar el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, “lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales recibidos por dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo”. Además, el gobierno considera que esta maniobra atenta contra el actual proceso desinflacionario.
La adquisición de Telefónica de Argentina implica la incorporación de recursos estratégicos, como bandas de espectro asignadas para servicios móviles, una extensa red de infraestructura física, personal y activos inmobiliarios. Telecom anunció, en un comunicado oficial, que la compra “aprovechará la complementariedad territorial y de clientes de ambas empresas y la mayor capacidad de inversión, posibilitando que sus soluciones tecnológicas y servicios tengan la misma calidad para todos sus clientes sin importar en qué zona se encuentren. Esto le dará al mercado argentino estándares internacionales y fortaleza competitiva en términos de velocidad, ancho de banda y confiabilidad de red”.
El ENACOM también se pronunció: “El marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de TIC. Estos controles garantizan el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, la asequibilidad y la accesibilidad de los mencionados servicios. Además, se trata de herramientas y recursos fundamentales para garantizar el derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión”.
Lo llamativo es que tanto el presidente como el ENACOM plantean un control estatal que contrasta con la política de libre mercado que promueve el gobierno. El Doctor en Comunicación e investigador del Conicet, Martín Becerra, en esta nota, recordó que en julio del año pasado, en un discurso en República Checa, Javier Milei afirmó: “El monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho, lo dice el propio Mises: enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo”.
Sin embargo, el comunicado oficial del gobierno cierra asegurando que “tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones”. ENACOM y la CNDC serán los organismos encargados de evaluar si esta operación implica la creación de un monopolio.
