La justicia neuquina, que en julio pasado abrió una investigación contra el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Libres del Sur por supuesta defraudación a la administración pública, dio a conocer novedades esta semana. Al igual que aquel día de julio en el que exhibieron más de una decena de allanamientos que incluyeron la detención de mujeres que integran las organizaciones puestas en la mira, la investigación volvió a tener su pico de rating en la agenda mediática de la región. Lo cierto es que la justicia todavía no avanzó en la formulación de cargos contra las personas que, presume, cometieron delitos.
Tras analizar la documentación contable secuestrada en los allanamientos sumada a la que presentaron voluntariamente ante su requisitoria, la justicia informó que dejó de investigar la presunta administración fraudulenta cometida por Manos solidarias, la organización vinculada a Libres del Sur.
“No hay un retiro de cargos porque nunca formularon cargos”, aclaró a Intempestiva Federico Egea, el abogado que defiende a las integrantes de Libres del Sur, y agregó que “El 4 de diciembre tengo una audiencia para pedirles eso: que se decidan de una vez, que formulen o no formulen cargos, pero que avancen con la investigación porque la están sosteniendo para nada, en este momento”.
Seis cajas de documentación prolijamente ordenada, con facturas rendidas y con un balance presentado en el Colegio de Contadores no dieron más opción a los investigadores que continuar sólo con la línea que indaga en el supuesto cobro de un aporte obligatorio de 800 pesos a los integrantes de la organización, a cambio de beneficios. Habrá que ver si queda probado el delito de extorsión. Por ahora, hay testigos que aportó la defensa que declararon que el aporte era voluntario; otros, que no hicieron ningún aporte y no pasaba nada.
En este marco, la relación del Gobierno con esta organización comenzó a recomponerse. Cuando fue el violento allanamiento a las dirigentas, el líder de Libres, Jesús Escobar propinó duras acusaciones contra funcionarios provinciales y judiciales. Incluso, llegó a pedir la renuncia del Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.
Pero todo eso quedó atrás. Una foto reciente de Gladys Aballay –en representación de Libres del Sur- firmando un acuerdo para la entrega de asistencia a comedores con la coordinadora general de Gestión del ministerio que conduce Castelli, Claudia Braceras, muestra el inicio de una nueva etapa en la relación con el Gobierno.
El FOL, más lejos de una solución
Distinta es la situación del FOL, organización que en julio pasado también comenzó a ser investigada por la justicia provincial a instancias de una denuncia del gobierno de Rolando Figueroa por supuesto fraude al Estado a través de la cooperativa Viento Sur, por un monto superior a los 1.100 millones de pesos mediante el manejo de fondos del “Programa sistema de promoción de empleo neuquino”.
El viernes pasado, el Ministerio Público Fiscal realizó diligencias para avanzar con la investigación. En ese marco, allanaron la cooperativa Cae Babylon, “donde se encontró documentación que tiene vinculación con la cooperativa Viento Sur”, informó en un video el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, quien agregó que en los tres allanamientos realizados en Neuquén y Fernández Oro pudieron obtener documentación relacionada a la causa.
El líder del FOL, Diego Mauro, explicó a Intempestiva que todavía están reuniendo los papeles que les pidió la justicia para presentarlos en el expediente. Y volvió sobre un punto central en todo esto: “Todavía no hay ninguna formulación de cargos” porque, asegura, “el fiscal no tiene nada”, en referencia a la falta de pruebas para formular una imputación.
El dirigente cuestionó también que a la justicia le resultó “muy fácil” bloquearles todas las cuentas bancarias a la organización y con la misma facilidad podría solicitarle información de los extractos bancarios al banco, a la AFIP y a las empresas donde compran los insumos, la información que da cuenta de en qué se gastó el dinero.
Por último, Mauro contó que acaban de finalizar dos convenios que habían firmado con el Gobierno provincial, cuatro están vigentes y están por firmar cuatro más, con perspectivas de desarrollarlos el año que viene. Días atrás, en una entrevista con Intempestiva, el Ministro de Gobierno, Jorge Tobares, despejó algunas dudas que aún mantiene la justicia, cuando aclaró que “A cada una de las cooperativas que están en este momento vinculadas con nosotros se hace un control de legalidad, están inscriptas, son proveedores del Estado, cumplen con las obligaciones ante la Afip. Están en una situación legal totalmente normal y por eso es que están vinculadas con nosotros”.
