La agrupación Libres del Sur presentó en la Justicia cuatro denuncias por la violencia institucional ejercida contra mujeres de esa organización durante los allanamientos ocurridos durante un megaoperativo policial el 12 de julio pasado, en los que en total diez referentes, de esa organización y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto fraude a la administración pública.
Las denuncias –una por cada una de las afectadas– contemplan irregularidades en los allanamientos y en las detenciones ocurridas el 12 de julio. Por ejemplo, el personal policial que llevó adelante la detención, en ningún caso se identificó ni les exhibió la orden judicial correspondiente. Además, los allanamientos se realizaron sin la presencia de testigos civiles, durante la noche y haciendo abuso de las armas reglamentarias: en uno de los casos, apuntando directamente al cuerpo, de manera intimidatoria.
En el caso de Gladys Aballay, denunció haber sido esposada, incomunicada y que le colocaron una capucha antes de ser trasladada a la Comisaría Primera. Una vez allí, la metieron en una celda hasta que fue trasladada a una oficina donde le tomaron las huellas dactilares, le preguntaron dónde vivía y quién era su abogado. Todavía no recuperó los objetos personales que le fueron sustraídos el día de la detención: celular, DNI, su cartera con su billetera y el auto en el que se trasladaba.
Durante la presentación realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén, el referente nacional de la organización, Jesús Escobar, sostuvo que “en Neuquén retrocedimos 20 años” porque “nuevamente se vuelve a manipular la Justicia y el Poder Judicial con fines políticos”. Agregó que ese accionar “tiene como fin el desprestigio, criminalización y persecución de la oposición” y responsabilizó al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, de estar detrás de las detenciones en el marco de una disputa por el “control del territorio”. En ese sentido, amplió que en una reunión de la que participaron los referentes provinciales Mercedes Lamarca y Sebastián Íbalos, el funcionario habría expresado: “yo voy a construir mi fuerza, quiero manejar el territorio de Neuquén (o sea los barrios)”.
El diputado provincial de UxP, Darío Martínez, presente en la Ciudad Judicial, se solidarizó con lo ocurrido y remarcó la intención del Gobierno provincial de alinearse con el Gobierno nacional en su política de criminalización de las organizaciones sociales. “En esa semana había que perseguir a los movimientos sociales, y acá se buscó salir en los titulares y mostrar en Buenos Aires que se estaban haciendo los deberes”, declaró. Agregó que “el Gobierno debe dedicarse a gobernar y no hacer estas cosas, y que la justicia, por ejemplo, no logramos que investigue los dobles cargos de la provincia”.
El diputado MC Mariano Mansilla también sumó su solidaridad y calificó a la denuncia de “absolutamente falsa”. Agregó que “en el texto que presentó la Fiscalía de Estado se puede leer que “se inventan hechos que no existen” y que el Gobierno provincial “busca en enemigos internos”. En ese sentido, amplió que “los maestros fueron elegidos para discutir con ellos, ahora las organizaciones barriales”.
De la presentación también participaron el diputado nacional Pablo Todoro (UxP); el diputado provincial Darío Peralta (UxP); la referente de APDH Neuquén, Sara Mansilla; referentes de las organizaciones Ctep, Fol, Polo Obrero, CCC; y de los sindicatos Adunc, Sitramune, Siprosapune, Secaspi; mientras que Aten provincial envió una adhesión.
