Por Graciela Landriscini (*)
La política y la economía en tiempos de Milei navegan entre el discurso libertario y la expresa intención de destruir el Estado desde adentro, lo que profundiza la desigualdad.
La Ley Bases, hoy en debate en el Congreso y la sociedad, fue concebida por Javier Milei y su equipo como un instrumento para refundar la Argentina. En tal sentido, se convertiría en un recurso de gobierno centrado en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, en procura de sortear al Congreso Nacional, sus tiempos y debates, y -de ese modo- acelerar la implementación de profundas reformas estructurales en la economía y el Estado. Algo que la gestión macrista no logró concretar en materia tributaria, laboral y previsional por la crisis financiera de 2018, la resistencia social y la consecuente derrota electoral de agosto y octubre de 2019.
La gestión Milei arremetió, desde sus inicios y desde su concepción libertaria y anárquica del capitalismo, con motosierra y licuadora en mano para avanzar en la obra inconclusa del Gobierno de Cambiemos. Lo hizo de espaldas al propio Congreso en su asunción y sin apelar a la política como mecanismo de construcción de acuerdos sociales e institucionales, pretendiendo imponer un considerable número de reformas en el sentido de la desregulación de la economía nacional, como las contenidas en el Decreto 70/2023.
En un mar de resistencias sociales, gremiales y de los gobiernos provinciales y locales, sumó a dicho Decreto la presentación del proyecto de Ley Bases, una propuesta de cientos y cientos de artículos conteniendo disruptivas decisiones en lo administrativo y en las relaciones económicas del Estado con la actividad privada, incluyendo numerosas privatizaciones de empresas públicas, la reestructuración y supresión de organismos estatales, un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el recorte de los derechos laborales y sociales convertido en un andamiaje centrado en la desigualdad distributiva, valiéndose de la injuria y el desprecio del otro, sean jueces, diputados, senadores, dirigentes sociales o sindicalistas.
Por caso, el RIGI, corazón de un capítulo de la ley con media sanción de Diputados, es una clara expresión del retorno al coloniaje. Establece beneficios extraordinarios a corporaciones sin exigir la promoción de las capacidades tecnológicas locales, ni integrar virtuosamente en sus proyectos a las unidades menores de las cadenas productivas centradas en los recursos naturales. Es un régimen que apunta al extractivismo, como modelo de explotación, a la primarización y los enclaves con desmesurados beneficios fiscales que se ponen a disposición de los grandes inversores y accionistas. Es una clara señal de dar la espalda a la ciencia y tecnología nacional, a las cadenas industriales que pueden suponer las inversiones y reinversiones de utilidades en los territorios, optando por favorecer sólo los dividendos de accionistas, sin darle el lugar que corresponde al país receptor de las inversiones, al trabajo local directo e indirecto y a la sedimentación del conocimiento y el aprendizaje tecnológico al presente y al futuro.
Cabe visibilizar y dejar en claro frente a la pretensión de imponer el RIGI a fuerza de presiones a los gobiernos locales, provinciales y a entidades gremiales, que Argentina no aspira a ser una guarida fiscal, sino un país democrático y soberano frente a la transición energética, el cambio climático y las nuevas tecnologías, con posibilidades de desarrollo en el conjunto del territorio, con fortaleza educativa e inclusión social.
Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones: una apuesta de riesgos múltiples
El RIGI, como parte de la Ley Bases, se suma al desmantelamiento de normas nacionales que se sancionaron para impulsar el desarrollo industrial soberano. Por caso, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Compre Nacional y con ella el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) y la Ley 21.608 de promoción industrial. Y el ajuste fiscal en curso impacta en el desfinanciamiento de las universidades y en la reducción y eliminación de organismos trascendentes, como la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior, el INTI y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, los institutos de CONICET y la Agencia de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación, entre otros, junto a la amenaza que se cierne sobre empresas públicas estratégicas del complejo de CyT.
Es un régimen contrario a las concepciones de la política industrial que ha tomado un nuevo impulso en el mundo. Ante la transformación estructural que supone la transición energética, la política industrial desempeña un papel fundamental al acelerar dicha transición y posicionar a las naciones en las nuevas cadenas de valor. Ello es reconocido por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobare la cuestión de marzo 2024, que detalla las policías industriales adoptadas por países desarrollados desde la pandemia y por el país hermano Brasil como política de Estado.
Informes disponibles señalan que el régimen incentiva el ingreso de proyectos con un mínimo de U$D 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años. Cede soberanía a la hora de controversias (se resuelven en el CIADI) y no están establecidos sectores prioritarios. Apunta, preferentemente, a la minería, el petróleo y el gas, siendo Vaca Muerta un espacio de privilegio para la valorización del capital internacional, al igual que lo son las zonas del litio, el oro y el cobre. ¿Cómo impacta?
En materia de divisas establece libre disponibilidad del 20% en el primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercer año. Ello dificulta ostensiblemente la posibilidad de ingresos de dólares por esta vía.
En materia fiscal reduce ganancias a un 25%, elimina Derechos de Exportación a partir del tercer año, permite el cómputo del Impuesto a los Débitos y Créditos compensatorio de ganancias y otorga beneficios de IVA. Elimina derechos de importación e impide que las provincias y los municipios modifiquen tributos sobre estos proyectos, aumentando el gasto tributario.
Garantiza estabilidad tributaria a los inversores con resolución de controversias en jurisdicción extranjera para estas medidas tributarias, aduaneras y cambiarias e incluye estabilidad fiscal hasta 2058, lo cual significa que no puede haber cambios tributarios y cambiarios hacia adelante, con lo que convierte a la Argentina en un enclave extractivista por 30 años. En caso de que hubiere disputa con el Estado Nacional, la resolvería un tribunal arbitral extranjero. La ausencia de controles en materia de ingreso de capitales de origen ilícito, convierten al RIGI en un potencial vehículo de lavado, ello sumado al blanqueo de capitales sin controles, previsto en la legislación en debate en el Senado, que incluye a no residentes. Argentina se convierte, a partir de esta iniciativa, en un paraíso fiscal, para atracción de capitales que huyen de la tributación en otros países.
El eje en lo extractivo implica una afectación de la matriz productiva, ya que no dispone que haya transferencia tecnológica. Se beneficia al inversor extranjero dado que el local debe pagar aranceles por los insumos necesarios para producir el mismo bien de capital. Tampoco supone una política de desarrollo de proveedores, debido a que no exige agregación de valor local. Tampoco los inversores que queden adheridos al RIGI tendrán obligación de comercializar productos en Argentina. De este modo, se constituye un régimen cuasi colonial: las empresas extranjeras podrán producir con beneficios extremos y exportar libremente, sin abastecer al mercado local. Y en cuanto a generación de empleo -siendo actividades extractivas, con reducido encadenamiento-, se supone será escasa.
Esta iniciativa se inscribe en el plan de políticas que lleva adelante el actual Gobierno y que tiene como principal objetivo otorgar beneficios a grandes grupos económicos con la finalidad de obtener dólares frescos, en el camino al levantamiento del cepo y la posterior dolarización de la economía. Nos trae a la memoria el Pacto Roca Runciman, de 1933, símbolo del coloniaje suscripto en la denominada “Década Infame”. Del mismo modo que aquel Pacto, el RIGI es un régimen que convierte a la Argentina en un territorio atrapado por negocios muy favorables de unos pocos inversores trasnacionalizados con base en los recursos naturales para la reproducción del capital en otros países.
La Ley Bases contiene medidas que se imbrican perfectamente con el RIGI, tales como un blanqueo de capitales a tasa cero, la rebaja del impuesto patrimonial a los Bienes Personales, las privatizaciones de empresas públicas e intervención de organismos descentralizados, la cancelación de programas de investigación y desarrollo, la desregulación del sector hidrocarburífero, cambios regresivos en el mundo laboral y la eliminación de la moratoria previsional, entre otros aspectos. Ellos configuran una Argentina menos soberana y más desigual al presente y a futuro.
(*) Diputada nacional por Río Negro, Frente de Todos-Unión por la Patria, 2019-2023
