La situación de las universidades públicas es traumática desde hace ocho meses, en coincidencia con el arribo de Javier Milei a la presidencia. La falta de presupuesto para funcionar, los magros salarios y la ausencia de paritarias son algunos de los aspectos que hacen que el funcionamiento de las 60 casas de estudios (a excepción de la UBA) estén mes a mes al borde de la debacle. La UNCo no está ajena a esa realidad y es una de las principales que se declara en guerra contra las políticas libertarias.
La semana pasada, luego de un paro que contó con un masivo apoyo a nivel nacional, el Consejo Superior declaró la emergencia salarial. La propuesta, impulsada por los gremios y la Federación Universitaria (FUC) y aprobada por unanimidad, destaca que la situación de las y los trabajadores es “crítica” e “inédita” desde la recuperación de la democracia.
En el escrito, además, se detalla que los incrementos salariales impuestos entre diciembre de 2023 y julio de 2024 quedaron cerca de un 60 por ciento por debajo a la inflación acumulada en el mismo período, situación que deja a numerosos trabajadores y trabajadoras, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza.
La emergencia salarial de la UNCo fue impulsada por la Intersindical, conformada por ADUNC, APUNC, CEDIUNCO y la Federación Universitaria del Comahue (FUC).
En diálogo con Intempestiva, la rectora Beatriz Gentile indicó que “hoy nos encontramos con un cuatrimestre que no puede comenzar y con docentes y no docentes que están con salarios muy atrasados”. Aclaró que la paralización de actividades es real y aseguró que “el Gobierno nacional tiene que dar una respuesta rápida y contundente de recomposición salarial y sancionar una ley de presupuesto universitario -que ya cuenta con media sanción en Diputados-, lo que habilitaría un incremento por IPC con una revisión bimestral”. Explicó que esta ley es fundamental porque “las universidades no podemos depender del antojo de la cuota de negociación que el Gobierno nacional decide, sino que por ley corresponde tener un presupuesto acorde a las pautas y necesidades que cada universidad plantee en función de su actividad académica, su actividad científica y su actividad administrativa”.
Dijo que la respuesta es esperada por toda la sociedad y que la urgencia radica en que no se pueden soportar otros seis meses de incertidumbre. “Se nos va el año y esto daña enormemente a la cursada de nuestros chicos y de nuestras chicas”, remarcó Gentile, quien adelantó que el viernes habrá un plenario de rectores donde se discutirá cómo serán los próximos meses si no aparece la solución.
Los libertarios, enemigos de la educación pública
Si bien la marcha del 23 de abril se hizo sentir en todo el país y sirvió para destrabar algunas cuestiones negadas, pisoteadas e invisibilizadas por Nación, el presente es negro y mantiene abiertas las puertas de la incertidumbre de cara al futuro más próximo: mañana. Así lo hacen saber desde la UNCo y lo refuerzan desde la Conadu Histórica y el CONICET.
“Este es un Gobierno que no quiere a la educación púbica y que tiene como proyecto la mercantilización y privatización, es decir, achicar la universidad estatal argentina y convertir a la educación en una mercancía para que sea comprada y vendida en el mercado”, expresó Luis Tiscornia, secretario general de la Conadu Histórica. Cuestionó las políticas nacionales y puso en duda el futuro de los dos millones de jóvenes que estudian en estos espacios, así como el de los 160 mil docentes y el de los 50 mil no docentes o auxiliares. “Al no tener una ley de presupuesto vigente, las universidades y los organismos nacionales están hoy a merced de las decisiones que tome el Poder Ejecutivo Nacional sobre la ejecución presupuestaria”, dijo y agregó que esta situación “condena a las universidades al cierre”.
Comprometer el funcionamiento de las universidades es justamente achicar la capacidad de desarrollo científico y tecnológico del país. Por lo tanto, es condenar al país a una mayor subordinación y dependencia”, dijo Tiscornia.
Comentó que la histórica marcha de abril permitió que el Gobierno otorgara un incremento de las partidas, pero aclaró que eso sólo fue un respiro para los meses de junio y julio, monto que alcanzó para pagar la luz y el gas. “La restricción presupuestaria sigue siendo muy grave”, dijo y acotó que desde “diciembre a esta parte existe una pérdida del 60% con respecto a la inflación acumulada”.
Para Cinthia Wanschelbaum, investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UBA, las políticas de ajuste y la ofensiva de Milei hacia las universidades públicas son insostenible y remarcó que “decir que los salarios le están ganando a la inflación es parte de la narrativa, de la retórica, que tiene el presidente para construir una mirada sobre lo que está pasando, pero que nada tiene que ver con la realidad concreta”. Explicó que esto se vincula con la pata más política de esta ofensiva de Milei hacia las universidades públicas, que tiene que ver con un ataque general contra el Estado nación en cuanto garante de derechos.
“En términos generales, Milei intenta volver a tiempos premodernos, previos a la existencia del Estado nación, o en su defecto a un Estado que sea funcional a los intereses de los grandes capitales concentrados, que no tenga dentro de sus objetivos los derechos humanos y sociales, como el derecho a la educación”, sentenció y aclaró que “la universidad es foco recurrente de los ataques porque plantea que son lugares de adoctrinamiento de la izquierda, marxista, comunista y socialista, y que dentro de su batalla cultural la universidad ocupa un lugar central en términos de su voluntad de destrucción de este espacio”.
Subsistir a la espera de la Ley de Financiamiento Universitario
Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, las universidades le exigen hoy a senadoras y senadores que traten con urgencia la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene media sanción de Diputados. Si bien no hay fecha para su discusión, hay quienes aseguran que el análisis en comisiones comenzará la semana que viene, por lo que habrá que esperar para que llegue a sesión.
“El contexto actual para las universidades nacionales es muy complicado. Venimos de un año muy difícil, donde el Gobierno tardó más de un semestre en comprender que la prórroga del Presupuesto 2023, para gastos de funcionamiento y para presupuesto en general, no era suficiente”, indicó Gentile. Explicó que, ante esta situación, las rectoras y los rectores siempre “tuvimos claro que actualizar el gasto de funcionamiento era una parte muy menor de lo que implicaba el presupuesto universitario, porque sin recomposición salarial las universidades no pueden seguir abiertas” e hizo saber que a este planteo se le sumó, entre otros aspectos relevantes, la necesidad de revisar el presupuesto para ciencia y técnica, para la continuidad de los programas de becas y aumentar el valor de las becas. “De un programa de cinco puntos iniciales, el Gobierno nacional sólo atendió al gasto de funcionamiento”, criticó la rectora de la UNCo.
Tiscronia coincidió con ese posicionamiento y destacó lo importante que sería tener aprobada la ley que llegó hace unos días al Senado. “Esa norma, que fija un presupuesto y un mecanismo de actualización, subsana, en alguna medida, la grave situación que atravesamos y es un mínimo piso que les garantiza a las universidades poder seguir cumpliendo sus funciones este año”, dijo.
Por todas estas situaciones es que hoy las miradas están puestas en el Senado a la espera de una respuesta positiva. Se aguarda el tratamiento del proyecto y su posterior aprobación. Luego será tiempo de estar en alerta ante un posible veto de Milei. Porque en el Gobierno de los libertarios, todo puede pasar.
