Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei las universidades públicas nacionales vienen desarrollando una ingeniería minuciosa para llegar a fin de mes. Con un presupuesto pensado en 2022, el desfase entre los fondos que reciben y los costos de funcionamiento genera un ahogo financiero que se agudiza mes a mes.
A excepción de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que negoció con el Gobierno un aumento del 270 por ciento y suspendió la emergencia, las autoridades de las 60 universidades restantes se las ingenian para seguir garantizando el dictado de clases de grado y el pago de los sueldos, también atrasados, a los trabajadores. Si bien ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que van a equiparar a todas con el beneficio otorgado a la UBA, hasta ahora es sólo un anuncio que parece lanzado para menguar la adhesión a las medidas de fuerza que habrá esta semana.
La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que cruzó el año pasado el medio siglo de vida, cuenta con sedes en 17 localidades de Río Negro y Neuquén. En sus 17 unidades académicas, un puñado de centros regionales y asentamientos universitarios, se distribuyen 101 carreras de grado y otras 17 de posgrado, donde asisten unos 30 mil estudiantes. Emplea, además, a casi 4.400 trabajadores: 3.370 docentes, casi 900 no docentes y 127 autoridades.
Según informes internos de la Secretaría de Hacienda, en enero de este año, la UNCo recibió fondos para gastos de funcionamiento por 121.719.818 pesos mientras que la cuota salarial de ley aprobada por presupuesto reconducido fue de 992.352.697 pesos. A fines de enero, se conoció el reconocimiento de incrementos salariales según la planta de personal vigente a noviembre de 2022.
La Secretaría de Hacienda está a cargo de María Laura Porrino. Con precisión de cirujana, la contadora detalló a Intempestiva cómo administra el presupuesto de la universidad en el contexto del recorte feroz que lleva adelante el Gobierno de Milei.
El 27 de marzo, Nación informó que daría un aumento del 70 por ciento en los gastos de funcionamiento a todas las universidades nacionales. “A nosotros nos refleja 85 millones de pesos más”, indicó Porrino, quien pide ser muy precisos con los datos, porque se actualizan permanentemente. En ese sentido, indicó que “la inflación acumulada ya era superior al 200 por ciento en 2023” y agregó que “hoy ya estamos hablando del 314 por ciento. Sólo en el primer cuatrimestre es del 64,67 por ciento, con lo cual hoy el gasto de funcionamiento debería ser 500 millones, no 206 millones como lo que fue aprobado con el incremento del 70 por ciento”, advirtió.
Luego de la marcha federal universitaria del 23 de abril, el Gobierno Nacional anunció otro aumento del 70 por ciento para gastos de funcionamiento. Es decir, el aumento llegaría al 140 por ciento en total, tomando como base los 121 millones de pesos recibidos en enero, conforme lo establece el presupuesto original. Ese segundo desembolso aún no lo cobraron. Dijeron que sería depositado en junio.
“Nuestro gasto de funcionamiento, si siguen los parámetros inflacionarios, debería ser de alrededor de 500 millones de pesos, con lo cual, debería implicar un 300 por ciento de aumento, sobre esos 121 millones”, indicó Porrino. Más allá de las cifras, hizo hincapié en la incertidumbre que genera el Gobierno con esta forma de actualizar las partidas por goteo y como respuesta a la masificación de los reclamos. “La falta de presupuesto es una situación de inseguridad jurídica y de inseguridad económica porque nosotros no sabemos hasta fin de mes cuál es la plata que vamos a tener. Con lo cual, nuestros gastos, ya ajustados, rondan los 250 millones”, sostuvo.
“Ajustados” refiere a que, desde febrero de este año, en la UNCo se limitan a sostener los gastos que permitan mantener los servicios básicos y se han reducido servicios que también son importantes, como limpieza o seguridad. El mantenimiento edilicio -muchos son edificios de más de 50 años de antigüedad- se realiza de acuerdo a una minuciosa orden de prioridades. Además, se suspendieron en este cuatrimestre el lanzamiento de nuevas convocatorias a proyectos de investigación y de extensión que estaban cubiertos hasta el año pasado. Sólo se continuaron los que ya venían desde 2023.
“A fin de mes nos mandan una resolución de la Subsecretaría de Políticas Universitarias donde nos dicen cuánta plata nos van a dar. Y ahí vemos”, describió Porrino y contó que si el dinero que llega para funcionar durante el mes no alcanza, usan algún remanente que sobró de ejercicios anteriores.
“Lo que no tenemos con este gobierno es previsión. No sabemos cuánto nos va a venir mes a mes. No sabemos cuánto vamos a tener de ingresos, pero tampoco de cuánto van a costar los gastos de servicios básicos. Doblemente estamos entrampados”, advirtió.
Servicios con aumentos de hasta el 500 por ciento
Al recorte producto del congelamiento de presupuesto se suma el aumento sideral de las tarifas de los servicios básicos como la luz o el gas, que la Universidad tiene que afrontar. En algunos casos, como el gas o la luz, las facturas en el primer cuatrimestre ya vinieron con aumentos que llegan hasta el 500 por ciento.
“El aumento del gas ya lo vimos reflejado en la boleta de abril. Tenemos aumentos que son 31 veces en el consumo y cuatro veces en el valor del metro cúbico y no tuvimos casi consumo, aún no se habían prendido los calefactores en abril”, advirtió Porrino.
Para no entrar en cesación de pagos, “intentamos hacer gestiones con los municipios de las 17 localidades donde está asentado el Comahue para lograr la exención impositiva porque muchos de los servicios tienen tasas. Todas esas gestiones hoy están medio truncadas porque, si bien son beneficiosas, son aumentos que todas las familias van a sufrir”, apuntó.
¿Cómo hacen para afrontar el pago de esas facturas?
“Por un lado, estamos utilizando remanentes de ejercicios anteriores”, indicó Porrino, pero aclaró que “no por eso podemos decir que estamos funcionando con normalidad”. En todos los servicios básicos se están evaluando estrategias para renegociar el pago de facturas.
Por otra parte, “el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó en marzo una ordenanza que nos condona deuda a la Municipalidad y nos exime de todo concepto de tributo”, señaló. Con algunos prestadores, como Aguas Rionegrinas o el EPEN, se trabaja en convenios ante la imposibilidad de pago. Pero otros servicios, como el gas, se tienen que pagar.
“Los servicios hay que pagarlos sí o sí porque, si no, te los cortan”, reflexionó Porrino. En el caso de la Universidad, por tratarse de una institución prestigiosa y legitimada, cuya situación crítica tuvo difusión en los medios de comunicación, ningún proveedor le ha cortado los servicios hasta el momento. Pero es una deuda que se acumula si no se llega a un acuerdo. Además, Porrino advierte: “es plata que no le entra al Estado provincial, en el caso del EPEN, o al Estado municipal”.
El recorte empieza por la Investigación
La enseñanza es la tarea más visible y conocida de la UNCo, pero no la única. Al igual que en el resto de las universidades nacionales, la Investigación y la Extensión son las otras dos labores esenciales que, claro, requieren de recursos humanos y económicos.
Es que la producción de conocimiento no es propiedad exclusiva del Conicet. De hecho, gran parte de ese trabajo está en manos de las universidades diseminadas por todo nuestro país. Pero también la Extensión – vinculación con la sociedad en función de sus necesidades- es relevante.
Lo que ocurre en casos de desfinanciamiento como el actual, cuando se torna imposible mantener el funcionamiento normal, es que estas áreas son totalmente invisibilizadas en los presupuestos. Ante este panorama, la decisión de la UNCo es sostener los ingresos y cuidar del mejor modo la continuidad de los estudiantes, priorizando el funcionamiento de los comedores, las becas, etc.
Mientras tanto, en este contexto de administrar pobreza, ya se determinó que, al menos en la primera mitad del año, no habrá viáticos para la investigación. Esto redunda en el retraso o la paralización de proyectos. También existirá un freno en el mantenimiento de los laboratorios o en las publicaciones científicas. Y, es un hecho, ya no habrá convocatorias para nuevos investigadores.
En suma, es probable que ni la UNCo ni otras universidades cierren sus puertas o dejen de existir. Lo que sí está claro es que ya no podrán afrontar su funcionamiento básico.
