Las condiciones en las que las personas privadas de la libertad sobreviven en las comisarías de Neuquén son “terribles” y para que eso se revierta “hace falta una decisión política” de todos los poderes del Estado que, por el contrario, han “normalizado” la situación. La tesis pertenece a Raúl Caferra, Defensor Oficial de Neuquén y uno de los integrantes del Grupo de Control del Encierro Preventivo del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que días antes del cierre del 2024 presentó ante el ministerio de Seguridad un informe preliminar con una descripción detallada de lo que ocurre en las comisarías de la Primera Circunscripción judicial.
Recapitulemos: en 2022, los Defensores oficiales presentaron un habeas corpus preocupados por la grave situación de hacinamiento de personas privadas de la libertad en cárceles, luego de la muerte de Maximiliano Mérgola y Víctor Herrera, a causa de un incendio en el “buzón” que compartían en la Unidad 11 de Neuquén. La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, hizo lugar a ese pedido y ordenó el cese de nuevos ingresos a todas las unidades de la provincia. Esta medida, si bien morigeró la situación en las cárceles, hizo que el problema se traslade a las comisarías donde, según el informe del MPD, hay 143 personas detenidas en lugares con capacidad para alojar a 72.
“Estamos en una crisis terminal del sistema carcelario”, dijo Caferra en esta charla con Intempestiva, y consideró que la peor parte se la llevan las comisarías, que “están reventadas”. Por ello, adelantó que están trabajando en la presentación de un nuevo habeas corpus para establecer cupos de detenidos en estos lugares, pensados para que las personas permanezcan allí unas pocas horas. “Hay centros de detención que nosotros llamamos ilegales, aunque no sean clandestinos, que directamente hay que cerrarlos”, vaticinó.
“Veo que se normalizó esta situación”, se lamenta el Defensor, “no veo un malestar en los poderes públicos, ni siquiera en el Poder Judicial. No veo una preocupación real en los fiscales, en los jueces ni en el Ministerio de Seguridad ni en el Gobierno. No lo veo. No veo que estén preocupados, sinceramente, porque si no buscarían alguna alternativa”, sostuvo.
Sin nombrar a Rolando Figueroa, volvió contra el gobierno provincial al hablar del plan contra el narcomenudeo por considerar que responde a una necesidad de mostrarse en sintonía con el gobierno de Javier Milei y porque cree que “hoy políticamente y mediáticamente queda bien hablar de esto”. Pero anticipó que con estas políticas “termina criminalizándose y encarcelándose al último eslabón de la cadena que son personas muy humildes, excluidas que generalmente son mano de obra de los narcos pero que son los que en el barrio terminan vendiendo, muchos de ellos adictos”.
–¿Qué los motivó a los Defensores a hacer este informe?
–Vemos que estamos en una crisis terminal del sistema carcelario. El efecto más grave en este momento está en las comisarías porque las unidades de detención estaban sobrepasadas en su capacidad. Ahí normalmente se alojaban a las personas condenadas, y las que estaban en prisión preventiva en las comisarías. Como desde 2014 para acá viene teniendo un crecimiento continuo y sostenido la cantidad de personas privadas de la libertad, terminó sobrepasándose la capacidad de las unidades de detención y en 2022 hubo un habeas corpus de la Defensoría pública respecto de esta situación de hacinamiento que estaba ya instalada en las unidades de Neuquén capital. La jueza de Ejecución hizo lugar a ese habeas corpus y fijó un cupo. Desde ese momento no se permite ingresar personas por sobre el cupo, lo cual está perfecto. Pero ¿qué pasó? Siguió encarcelándose gente y empezaron a alojar a los condenados en las comisarías.Entonces ¿qué pasó? Las comisarías están reventadas.Ya tenían condiciones deficientes de antes pero a consecuencia de ésto directamente están explotadas. La capacidad oficial de lo que dice la policía –ni siquiera es lo que debería ser el cupo de acuerdo a los parámetros internacionales- que tenían las comisarías de la Primera Circunscripción, era de 72 personas. Hay, en este momento, 143. Es un desastre absoluto. No sólo por el hacinamiento sino también por las condiciones mismas.
–En el informe preliminar no hay recomendaciones al Ejecutivo pero quería consultarle si tienen sugerencias para hacerle.
–Esa es una falencia del informe porque se limitó a lo descriptivo, inicialmente. Tendríamos que formular también recomendaciones. Ahora estamos trabajando en un habeas corpus colectivo, junto con la Defensoría de Ejecución Penal. Lo queremos acelerar para tratar de dar algún paso firme el mes que viene sobre la Primera Circunscripción. El primer paso sería establecer un cupo. Y hay centros de detención que nosotros llamamos ilegales, aunque no sean clandestinos, que directamente hay que cerrarlos. No debería haber personas. Suena fuerte pero lo peor de todo es que no son clandestinos, están a la vista de todo el mundo y con la aceptación de todo el mundo.
Por ejemplo, las Comisarías Primera y la Segunda, que son las más antiguas del sistema policial de Neuquén, una está en pleno centro y otra al lado del colegio industrial (EPET 8), sobre la ruta, junto a la 41, que está en el barrio Don Bosco, directamente son cuchas donde no podría estar una persona. Son lugares donde las personas no tienen ninguna posibilidad de esparcimiento más que el calabozo de 4 metros cuadrados, totalmente cerrado, oscuro. Es como estar en un buzón, en un centro clandestino de detención, la diferencia es que no es clandestino. Te aseguro que ahí ponés un perro y en una semana el perro se vuelve loco. Ahí hay personas durante meses que tienen que comer en el piso, hacer sus necesidades en una letrina en el mismo lugar donde están detenidos, no tienen una mesa, no tienen un patio, no ven la luz natural en ningún momento. Es terrible. Eran lugares que estaban previstos para alojar a una persona, un contraventor, por algunas horas. Sin embargo, hoy alojan detenidos y aún condenados durante meses. Eso, directamente, habría que clausurarlo. Y después las comisarías que sí tienen instalaciones para alojar personas de manera permanente, no superar el cupo, cumplir condiciones mínimas, que tampoco las cumplen.
–El Comité provincial contra la Tortura en su informe anual propuso implementar medidas alternativas al encierro, como aumentar las prisiones domiciliarias, las tobilleras electrónicas, ¿están de acuerdo con ese enfoque?
–Totalmente. Hay dos medidas fundamentales. Primero, ampliar la capacidad de alojamiento. Por supuesto que la solución no es cárceles y más cárceles, pero la realidad es que hay gente encarcelada y va a haber. El tema es que se cumplan condiciones de detención mínimas. Por lo que vimos en la reunión con el ministerio –porque el ministro (N. de la R: se refiere al ministro de Seguridad, Matías Nicolini) no vino, mandó a un subordinado suyo-, es que está previsto a lo sumo en un año aumentar 25 lugares en la unidad de detención. Hoy faltan 80 lugares, con lo cual no va a mejorar mucho la situación. Ahora viene el tema del narcomenudeo, que va a aumentar la cantidad de personas privadas de la libertad, y el mismo sistema que cada vez encarcela más gente.
–Le quería preguntar por esa política que lanzó el gobierno provincial contra el narcomenudeo, que es una medida novedosa, en el sentido de nueva…
–Sí, sí, es novedosa porque hay que responder a una cuestión casi publicitaria y mediática, pero no se piensa en las consecuencias.
–Las consecuencias son más personas privadas de la libertad.
–Sí, por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el Comité contra la Tortura. En primer lugar deberían aplicarse medidas sustitutivas de la privación de la libertad, tanto para las prisiones preventivas y, en este caso de crisis del sistema carcelario, los que están en prisión preventiva en relación a delitos leves deberían morigerar las prisiones preventivas. Y a los condenados por penas cortas también debería buscarse alguna alternativa.
–¿La Provincia está buscando alinearse con Nación?
–Por supuesto. Ésta es mi impresión personal. Yo creo que hoy políticamente y mediáticamente queda bien hablar de esto, queda bien decir que se va a meter presos a los narcos, supuestos narcos. En realidad lo que va a terminar ocurriendo es lo que ya ocurrió en otras provincias y es que termina criminalizándose y encarcelándose al último eslabón de la cadena que son personas muy humildes, excluidas que generalmente son mano de obra de los narcos pero que son los que en el barrio terminan vendiendo, muchos de ellos adictos, y eso sirve publicitariamente porque dicen “aumentó la cantidad de personas privadas de la libertad por delitos vinculados al narcotráfico un 2 mil por ciento”. ¡Oh, qué bueno! Pero en realidad los que van a estar presos no van a ser los narcotraficantes ni los que se benefician con ese comercio sino las personas que están en una situación de extrema pobreza en un barrio, y que en muchos casos son adictos y son captados por estas redes como el último eslabón de la cadena. Muchos de ellos, mujeres. Esa sería también la novedad: las mujeres encarceladas en la provincia siempre fueron un número muy pequeño y va a crecer exponencialmente.
–Noto cierto malestar con el gobierno provincial cuando señala que Nicolini no acudió a la reunión o esta crítica al plan contra el narcomenudeo. ¿Es así?
–La verdad veo que se normalizó esta situación. Lamentablemente, es como que se toma como algo normal: “Uy, sí, el sistema carcelario está en crisis”, “Uy sí, la crisis carcelaria… pero va preso igual”. Es como una casa donde hay una gotera y al rato ya tomás como algo normal que se llueva el techo y seguimos como si nada. Veo que, y lo tengo que decir con preocupación, no veo un malestar en los poderes públicos; ni siquiera en el Poder Judicial. No veo una preocupación real en los fiscales, en los jueces ni en el Ministerio de Seguridad ni en el Gobierno. No veo que estén preocupados, sinceramente, porque buscarían alguna alternativa. Habría un plan serio y no lo hay. Habría una medida concreta y no la hay. Los jueces tomarían otras medidas alternativas que la prisión, y no las toman. Realmente no veo una preocupación, veo que se normaliza y se toma como un dato más, como algo que fuera a cambiar como una cuestión climática y obviamente no es así. Hace falta una decisión política y veo que no hay una preocupación ni una decisión política.
–¿Cómo describirías a la actual población carcelaria de Neuquén? ¿Quiénes viven en las cárceles y comisarías?¿Hay algún rasgo que haya cambiado en los últimos años?
–El perfil promedio de lo que es una persona privada de la libertad en Neuquén no difiere mucho de lo que vemos en el resto del país: son hombres, jóvenes y pobres, preferentemente. Jóvenes de 20 a 30 o 35 años. Esto, por supuesto, no es un estudio serio y científico, es mi impresión, pero estoy seguro que se corrobora con la información que podemos sacar de las personas que están privadas de su libertad. Hay una gran cantidad de personas privadas de su libertad en relación a delitos contra las personas y delitos contra la integridad sexual; de estos hay muchos últimamente.
–Por último quería preguntarle por el delito juvenil. Sabemos que un porcentaje muy bajo de los delitos graves son cometidos por niños y adolescentes, pero estamos ahora en una nueva oleada del gobierno nacional para bajar la edad de punibilidad. ¿Qué opina de esas posturas?
–Creo que en eso sí el sistema provincial responde a parámetros legales y respetuosos de las garantías constitucionales. En el caso de los menores de 18 años la privación de la libertad es un recurso muy, muy excepcional. No hay institutos de menores, no hay cárceles de menores. Si llega a cristalizarse alguna de estas medidas que se están hablando a nivel nacional ahí sí es probable que sea también catastrófico el resultado.
