El pasado viernes 12 de julio, la Legislatura de Río Negro aprobó, en una sesión a puertas cerradas y con 35 votos a favor, la adhesión al acuerdo RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) convirtiéndose en la primera provincia argentina en hacerlo. Este hecho ha generado una gran preocupación y oposición entre diversas comunidades y organizaciones, que ven en esta medida una amenaza a sus territorios y bienes comunes naturales.
La aprobación del RIGI se suma a una serie de decisiones legislativas que han facilitado la expansión de proyectos extractivistas en la provincia. Anteriormente, se habían aprobado modificaciones en leyes como la 3.308, que protegía al Golfo de proyectos hidrocarburíferos, y la Ley de Tierras, Nº 279, así como cambios en el Código minero. Estos antecedentes, junto con la adhesión al RIGI, consolidan un modelo que prioriza los intereses de las empresas extractivas sobre los derechos de las comunidades y la protección del ambiente.
El RIGI otorga a las empresas extractivas un control casi total sobre los bienes comunes, incluyendo el agua, la cual se destinará prioritariamente a sus operaciones. Habiendo firmado la provincia el acuerdo con la empresa estatal israelí Mekorot –copartícipe de crímenes de lesa humanidad con Palestina-, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) serán elles quienes arbitren y destruyan toda capacidad reguladora y de protección social del bien más preciado, el agua.
Además, se eliminan o transfieren los controles sobre la infraestructura a las mismas empresas, quienes operarán bajo un sistema de declaraciones juradas, sin una regulación adecuada y con plazos de aprobación de proyectos que prácticamente eliminan la consulta previa a las comunidades afectadas.
Esto deja a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema. Proyectos como la extracción de hierro en Sierra Grande durante los años 90, que prometían desarrollo económico, terminaron empobreciendo la región y dejando graves problemas ambientales y de salud. Ejemplos recientes incluyen el proyecto de la mina Gonzalito, que dejó a un 40% de la población de San Antonio con plomo en la sangre, y los impactos del fracking en el valle rionegrino, que ha provocado sismos y la contaminación de tierras y aguas.
En este contexto, el proyecto Calcatreu, de extracción de oro y plata, y el proyecto Navidad en Chubut, se enfrentan a una fuerte resistencia de las comunidades locales que luchan por proteger sus recursos hídricos. Asimismo, proyectos de uranio y litio, como el de Amarillo Grande y el de arenas silíceas en los campos del conductor y empresario Marcelo Tinelli, ponen en riesgo los recursos naturales vitales para las economías regionales y la supervivencia de las comunidades.
La adhesión al RIGI es vista como un paso más hacia el saqueo de los territorios, favoreciendo únicamente a las empresas extractivas en detrimento de las comunidades locales y el ambiente.
La única respuesta posible, según las asambleas y comunidades afectadas, es seguir organizándose, difundiendo la situación y construyendo espacios de resistencia y lucha comunitaria. Solo a través de la unión y la acción colectiva se podrá enfrentar este modelo extractivista y buscar formas alternativas que promuevan el buen vivir y la protección de todos los territorios.
Por la Multisectorial del Golfo San Matías
