El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Pablo Ruiz, ex titular de la Casa de las Leyes y hermano de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz. Está acusado de peculado en carácter de autor y estiman que causó un perjuicio económico de más de $52 millones a la administración pública provincial.
En la audiencia celebrada el viernes pasado, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez indicó que el exfuncionario cometió la maniobra tras asumir el cargo el 10 de diciembre de 2023, mediante la Resolución 547, firmada por su hermana. Desde esa fecha y hasta noviembre de 2024, recibió dinero de manera habitual proveniente de la cuenta bancaria de la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén perteneciente al Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Detalló que entre enero y agosto de 2024, la modalidad fue mediante transferencias de la única cuenta de la Legislatura hacia su cuenta personal de acreditación de haberes del BPN, por un total de $34.719.194. Luego, cuando las autoridades legislativas fueron advertidas por el BPN de que esto no podía hacerse, el imputado comenzó a recibir de la Legislatura cheques al portador que eran cobrados por caja por personal autorizado que luego entregaba el dinero en efectivo al imputado. El monto total de esta maniobra ascendió a $19.975.564.
Los más de 50 millones de pesos girados de la Legislatura a la cuenta de Ruiz tenían como fin sostener programas como “Ritmo Ciudadano”, “Jóvenes líderes, comunitarios y políticos”; “Actividades culturales, recreativas y comunitarias”; “Murales urbanos”, que estaban a cargo de la Casa de las Leyes. Sin embargo, según el fiscal, Ruiz sustrajo los fondos públicos que había recibido para constituir tres plazos fijos.
Tras la formulación de cargos, Narváez solicitó, como medida cautelar, el embargo de uno de los plazos fijos, por un monto de $42 millones de pesos, que sumados los intereses devengados a su vencimiento ascenderá a más de $47 millones, y su posterior depósito en una cuenta judicial. Además, solicitó la inhibición general de bienes de Ruiz, por el plazo de 10 meses. El objetivo es proteger el dinero y evitar la insolvencia del imputado.
