El ministerio Público Fiscal de Neuquén archivó la investigación de las dirigentes sociales Gladys Aballay, Graciela Leuno, Marisol Lopez y Romina Pacheco, de la cooperativa “Manos solidarias”, organización que pertenece a Libres de Sur, que en julio de 2024 fueron acusadas de “presunta extorsión” a otros integrantes de esa institución.
A partir de las pruebas aportadas por la defensa, la justicia corroboró que la cooperativa no presentaba irregularidades en su administración ni en la rendición de cuentas, la cual fue realizada en tiempo y forma, respecto de los fondos percibidos.
La hipótesis de presunta extorsión quedó sin sustento toda vez que la defensa pudo demostrar con testimonios, entrevistas video filmadas y la apertura de teléfonos celulares ofrecidos como pruebas, que las personas realizaban aportes voluntarios a la organización y que los montos de los mismos eran “insignificantes”: en ningún caso superaban los mil pesos.
El abogado Federico Egea, que representa a las acusadas, remarcó que la totalidad del material probatorio estuvo a disposición de la justicia desde un primer momento, “no obstante la fiscalía mantuvo abierta las actuaciones por más de ocho meses y expuso a las mujeres sindicadas a una fuerte campaña de desprestigio, malos tratos y abusos institucionales”.
Vale recordar que en agosto pasado, presentaron una denuncia por violencia institucional en relación a las detenciones arbitrarias que sufrieron las dirigentes de Manos solidarias el 12 de julio de 2024, cuando fueron demoradas en allanamientos transmitidos en vivo por algunos medios de comunicación en connivencia con la justicia y el gobierno provincial. Ese día, también fueron demoradas dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha, que siguen en la mira de la Justicia.
Egea adelantó que “en miras a que no existe delito, desde la defensa vamos a gestionar el sobreseimiento definitivo con prescindencia del archivo de las actuaciones”.
El día de los allanamientos, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, que estuvo presente en el procedimiento, había afirmado que se investigaban “extorsiones” a integrantes de las organizaciones para asistir a las marchas: “Quien no iba a la marcha, no recibía un bolsón de comida”, afirmó en esa oportunidad.
