El primer informe realizado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT) sobre las condiciones de detención de las personas alojadas en la Unidad de Detención Nº 11 de Neuquén capital vuelve a poner en tensión el paradigma punitivista que rige en la provincia. A la constatación de problemas estructurales, como el hacinamiento en ambientes insalubres, se suman otros derivados de una mala gestión de los recursos que redundan en un acceso a la salud deficiente o en la provisión de comida poco nutritiva y en mal estado, entre otros. Mientras esto ocurre, la Provincia impulsa un modelo que propone aumentar el encarcelamiento de las personas que cometen delitos como única política para combatir la inseguridad. ¿Qué puede salir mal?
Entre el 15 de febrero y el 17 de abril pasados, los integrantes del CPPT, que comenzó a funcionar a fines del año pasado, hicieron inspecciones en la U11 con el fin de relevar aspectos específicos vinculadas a la situación de habitabilidad de las personas privadas de su libertad, en concordancia con la Ley de Ejecución Penal 24.660.
En las visitas, los comisionados realizaron 220 entrevistas a personas privadas de su libertad. También mantuvieron reuniones con el Jefe de la Unidad y con personal a su cargo, así como con los responsables de las áreas de Salud, Trabajo, Educación y Revisión de visitas y paquetería. Y recorrieron todas las instalaciones del establecimiento, incluidos pabellones, celdas, patios internos, talleres, casas de pre-egreso, áreas educativas, de salud, trabajo, tanques de agua y depósitos, cuyo estado fue documentado también con fotografías.
En el informe, advierten la continuidad de problemas que ya habían sido detectados en visitas realizadas desde 2019 a la cárcel ubicada en el parque industrial. Los mismos están reseñados así: “se destacan las condiciones indignas de habitabilidad de las celdas, comedores y otros espacios de uso común; la escasa o prácticamente nula iluminación natural, la ausencia de vidrios o acrílicos en las ventanas; el mal estado de los colchones –cuando no faltantes-; la presencia de cucarachas, hormigas, lauchas y otros animales vectores de enfermedades; el deterioro, mal funcionamiento (o inexistencia) de grifería y sanitarios; y muy serios problemas de alimentación, dificultades de acceso a la salud física y mental, a la educación y al trabajo”.
El hacinamiento aparece como el principal problema estructural que se profundiza con el paso del tiempo. La U11 tiene capacidad para 233 personas y, actualmente, hay alojadas 264. En noviembre de 2022 la jueza de Ejecución Penal de Neuquén, Raquel Gass, y su par del interior, Alicia Rodríguez, ordenaron suspender nuevos ingresos a todas las unidades penitenciarias de la provincia, debido a la superpoblación y las pésimas condiciones edilicias. La medida se cumple pero traslada el problema a otros lugares de detención: las comisarías.
En febrero de este año, la Legislatura de Neuquén sancionó la ley que declara la emergencia penitenciaria y autoriza al gobernador Rolando Figueroa a tomar crédito público por hasta 50 millones de dólares para hacer frente a la crisis del sistema. Si bien comenzaron a realizarse algunas obras, aún no se traducen en un alivio a la crisis actual.
Desde la elaboración del informe hubo también algunas acciones que dan cuenta de una intencionalidad de dar respuestas, que siempre resultan insuficientes. Cuando el Comité realizó el informe, el pabellón 7 estaba cerrado. A mediados de julio fue reabierto con nuevas conexiones de agua, la instalación de luz recién hechas y las paredes pintadas. Pero allí se alojan cuatro personas en una celda que es para dos. Además, ahora hay que reacondicionar el pabellón 9, con lo cual las personas serán nuevamente relocalizadas. Sin contar que entre sus recomendaciones, el Comité solicitó el cierre del pabellón 6B –al que dedican un apartado especial-, porque ahí encontraron problemas eléctricos, pérdidas de agua, ausencia de canillas y de literas, colchones en pésimo estado o directamente la ausencia de ellos y hollín en las paredes producto de sucesivos incendios. En uno de los últimos, murieron Maximiliano Mérgola y Víctor Herrera, ambos detenidos en un “buzón” que tenía lugar para una sola persona.
“Es un problema estructural. Fueron muchos años en los que no se hizo nada entonces el hacinamiento es cada vez más grande porque, además, no hay una política criminal por parte del Poder Judicial que implique menos encarcelamiento”, dijo a Intempestiva Silvia Couyoupetrou, una de las ocho comisionadas que realizaron las visitas a la cárcel. “Es un problema estructural porque se mantiene en el tiempo y es el de más lenta resolución porque ahora están construyendo el pabellón de máxima seguridad pero hay 16 meses para adelante para el final de obra”, detalló.
Respecto de la alimentación, en el informe se lee que es otro de los principales problemas encontrados. “La comida es provista por empresas de viandas y servicios, que llevan la misma una vez al día. Dicha vianda consiste en la provisión de un saquito de té o mate cocido y un sobre de azúcar a modo de desayuno y merienda, y dos bandejas con comida, una para el almuerzo y otra para la cena”, describe el informe. Agrega que “de todas las personas entrevistadas, solo 30 PPL (personas privadas de su libertad) indicaron que la consumen, coincidiendo que lo hacen porque no les queda otra opción para no pasar hambre, y que cuando la consume, (como en aquellos casos en que declararon consumirla ‘a veces’) lo hace no directamente de la vianda, sino reciclando luego de sacarle el trozo de pollo que contiene y elaborar con ello una comida diferente”.
Couyoupetrou hizo hincapié en que sumado a los relatos de los detenidos sobre las viandas, “nosotros las vimos: estaba cruda la masa, el relleno era dudoso… El Ministerio dice que tiene control de Bromatología pero la verdad que la comida no es buena y nosotros lo que recomendamos es revisar todo el sistema, no solamente la vianda”, indicó. Para esta comisionada, el deficiente servicio de alimentación responde a un mal gerenciamiento del servicio, con énfasis en la logística y en la falta de control de todo el circuito. “Nosotros no sabemos cuánto sale cada vianda porque estamos pidiendo informes al Ministerio (de Seguridad) sobre las licitaciones de alimentos y el ministerio no nos ha respondido”, expresó.
Otro problema complejo que señala es el acceso a la Salud. Si para la población en general es difícil acceder a la salud pública, para las personas privadas de su libertad lo es aún más porque son atendidas por médicos policiales. “Las personas detenidas con problemas de adicciones no reciben tratamientos apropiados”, ejemplificó, y agregó que no hay un seguimiento de las historias clínicas para tratar cada caso. “Todo es muy complejo pero hay cosas que se podrían ir solucionando más rápido que otras”, concluyó.
Tras la finalización del informe sobre la cárcel más poblada de la provincia, los comisionados se encuentran por estos días realizando inspecciones en las unidades 12 y 16. Su objetivo es haber relevado todos los lugares de detención de la ciudad de Neuquén y presentar un informe general hacia fin de año, para luego comenzar el trabajo en el resto de la provincia, una vez que les asignen el presupuesto necesario para ello.
Un problema que se va a profundizar
El hacinamiento, señalado en el informe de la U11 como el principal problema estructural, se repite en todas las unidades de detención y comisarías de la provincia. Sólo la Unidad Nº16, de mujeres, no está sobrepoblada: tiene capacidad para 25 personas y hay actualmente 20 mujeres –cuatro de ellas están procesadas-. En este complejo escenario, hay tres factores que tienden a aumentar el nivel de encarcelamiento y, por lo tanto, profundizar el problema.
Uno, es la implementación del juicio directo en la provincia. A partir de una reforma del Código Procesal Penal impulsada por el ex gobernador Omar Gutiérrez sobre el cierre de su gestión, la Legislatura habilitó esta modalidad de juicio que aplica a personas encontradas en situación de flagrancia, requiere muy poca intervención del Ministerio Público de la Defensa y permite dictar condenas en poco tiempo.
El segundo, es el anuncio del gobernador Rolando Figueroa, realizado junto al fiscal general, José Gerez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, y el Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, para que la provincia asuma la investigación de los delitos de narcomenudeo –que actualmente se tramitan en la justicia federal-. Esta iniciativa sigue un modelo que ya se aplica en algunas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde viajó Gerez esta semana para interiorizarse sobre el tema junto al Subsecretario de Política Criminal de la Nación, Alberto Nanzer.
Por último, el Gobierno nacional de Javier Milei presentó, a través de los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, bajar la edad de imputabilidad, lo que permitiría privar de su libertad a adolescentes de entre 13 y 18 años, ya sea en establecimientos específicos o en sectores puntuales dentro del actual sistema penitenciario.
“En la medida en que la política criminal siga siendo encarcelamiento y solo encarcelamiento no le vemos una solución a corto plazo”, señaló Silvia Couyoupetru, y concluyó que “el encierro como castigo no resuelve ningún conflicto, lo posterga en el tiempo y después lo agrava. Tiene que haber, como política penitenciaria, una manera de resolver esta cuestión. Eso involucraría mucha más gente que el servicio penitenciario”.
