El juicio en el que se ventila la corrupción estatal que le permitió al Movimiento Popular Neuquino lograr votos y dinero para las campañas electorales con el peaje que les cobraba a los desocupados a través de planes sociales comenzó hace dos semanas y terminará en septiembre. Será en los días previos a la elección legislativa nacional y, posiblemente, le permitirá a la nueva administración del gobernador Rolando Figueroa exhibir el cambio de modelo que sostenía en campaña.
Las y los desocupados que solo cobraban un 10% del subsidio otorgado por el ministerio de Desarrollo Social comenzaron a dar sus testimonios en las audiencias realizadas esta semana. El resto del subsidio, de hasta 49 mil pesos, se iba todos los meses a un circuito paralelo de administración de fondos, con uso presuntamente partidario.
También declararon los primeros contratados y contratadas del organismo que sostenían administrativamente el mecanismo que hacía llegar, en efectivo, los billetes de los subsidios a la caja chica del MPN.
Casi 200 tarjetas de débito fueron utilizadas para desembolsar más de 1.133 millones de pesos del presupuesto destinado a la ayuda económica de los que menos tienen con destino a la campaña política.
Casi 200 tarjetas de débito fueron utilizadas para desembolsar más de 1.133 millones de pesos del presupuesto destinado a la ayuda económica de los que menos tienen con destino a la campaña política”.
En el juicio, no se investiga todo el periodo en el que se produjeron las defraudaciones, sólo lo que se sustrajo de los cajeros (también con cheques de la cuenta de los subsidios) durante casi dos años: entre el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022.
Hubo un pedido expreso del Tribunal para que no se ventilen los nombres de las beneficiarias y beneficiarios que dieron testimonio que son parte de la prueba, debido a situaciones complejas de vulnerabilidad y exposición.
Mutis por el foro
El silencio oficial sobre la maquinaria de corrupción que destilaba en el ministerio de Desarrollo Social fue llamativo. El 23 de julio, en el inicio de sesiones en la Legislatura luego del receso invernal, no hubo pronunciamientos sobre los políticos de alto rango que están sentados en el banquillo de los acusados por usar la maquinaria de los subsidios con fines partidarios.
El silencio oficial sobre la maquinaria de corrupción que destilaba en el ministerio de Desarrollo Social fue llamativo”.
Sí hubo fuertes cruces políticos debido a los palos y golpes a mujeres y autoridades mapuche que reclamaban las personerías jurídicas encadenadas en la vereda de la Casa de Gobierno, durante el desalojo ejecutado bajo las órdenes del fiscal jefe, Pablo Vignaroli.
El 21 de julio, el día del inicio de las audiencias, la Fiscalía de Estado iba a tener una reunión de mediación/ conciliación junto con el Obispado neuquino en el conflicto por las personerías. Tanto la Fiscalía de Estado como Vignaroli, integran la acusación de la causa del fraude con los planes sociales.
No es la primera vez que llega a la justicia el abuso de los punteros y punteras del MPN hacia las personas que consiguen planes sociales, aunque es histórico el procesamiento a las autoridades del ministerio de Desarrollo Social que dirigían las maniobras, donde los punteros son parte de la ejecución del proceso. Están acusadas de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de las tarjetas de débito.
Quiénes son los acusados
Son 14 los acusados que llegaron a juicio, con prisión preventiva los considerados cabecillas de la banda. En ese grupo se encuentran el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el ex director de Fiscalización del ministerio, Pablo Sánz; el ex director de Gestión de Programas, Marcos Osuna y el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca.
También están acusados Alfredo Cury, abogado en los listados de contratados del ministerio de Desarrollo Social; el coordinador provincial de Administración en el ministerio, Tomás Siegenthaler; los directores generales de Finanzas Luis María Gallo y Laura Resnik; la ex directora de Tesorería, Julieta Oviedo y los empleados Isabel Montoya, Valeria Honorio, Emanuel Victoria Contreras y Fernando Cardozo Regidor.
Hay otras 9 personas que a principios de año fueron condenadas en suspenso a tres meses de prisión. Quedaron fuera de este juicio ya que colaboraron con datos para desentrañar el mecanismo de obtención de fondos con destino, según se reveló en las primeras audiencias, a la maquinaria proselitista del gobierno encabezado por el ex gobernador Omar Gutiérrez.
Testimonios reveladores
Además de los subsidiados que se prestaron a la maniobra, esta semana fueron reveladores los testimonios de las empleadas (bajo contratos políticos) que eran obligadas a recaudar fondos obtenidos de los subsidios para no perder el empleo en las oficinas de Desarrollo Social.
Otras empleadas, detallaron la actividad irregular pero normalizada en las tareas diarias en el ministerio. Hubo referencias a mecanismos similares desde 2015 a los que están en juicio.
Los testimonios detallaron las diversas modalidades mediante las cuales se extraía de los cajeros o con cheques, el dinero de los desocupados que luego iba a una caja azul en el despacho de Soiza. De allí salían los sobres con efectivo que eran levantados en la sede de Rivadavia casi Avenida Argentina, por los referentes políticos o punteros. En las mismas oficinas, habría un listado de subsidiados que aportaban el “voto seguro” a las candidaturas del MPN.
Hasta el viernes, el rol que tuvieron Sanz, Osuna y Soiza se exhibió como principal para el aceitado mecanismo de la obtención de los fondos, junto con el abogado Cury, que ejerce su propia defensa y la de Soiza. Son los que repartían el efectivo o decidían el destino de los fondos luego de dirigir las extracciones en masa de las tarjetas de débito que les eran retenidos a los beneficiarios y beneficiarias, junto con el PIN.
El monto de la defraudación, se estimó cercano a un 20% del presupuesto general destinado a subsidios en los dos años a los que se acota este juicio”
El monto de la defraudación, se estimó cercano a un 20% del presupuesto general destinado a subsidios en los dos años a los que se acota este juicio. Las maniobras se realizaban con cajas de ahorro en 15 sucursales del Banco Provincia de Neuquén y unos 70 empleados bancarios manejaron los listados enviados por el ministerio de Desarrollo Social, pero el rol de la entidad financiera, no surgió en las acusaciones.
Hasta el 13 de agosto se calcula que seguirán las declaraciones testimoniales. Además del fiscal Vignaroli en la acusación, la fiscalía está representada por Juan Narváez. La Fiscalía de Estado está representada por Gustavo Kohon y el Tribunal está compuesto por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita.
Foto de portada: Matías Subat
