Walter Pérez, presidente de la Asamblea Por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén, dijo que enviaron una carta a la senadora nacional neuquina, Lucila Crexell, para pedirle que vote el rechazo de la Ley Bases porque “va a afectar a su comunidad”, en referencia a San Martín de los Andes, pero también “los derechos y garantías” de todas las personas.
Pérez contó que “le mandamos una nota a la senadora Lucila Crexell, (…) que hoy está enrolada con el Rolo, aunque ha sido una senadora díscola en muchas cosas”.
Amplió que en esa nota le indicaron el rechazo de la APDH a la Ley Bases y apeló a que la legisladora es oriunda de San Martín de los Andes, ciudad que cuenta con una sede de Radio Nacional, empresa que el gobierno quiere privatizar; o una sede de la Universidad Nacional del Comahue, que está siendo desfinanciada, entre otros temas que “afectan los derechos y garantías” de todas las personas.
“Le pedimos que vote negativamente teniendo en cuenta cómo va a afectar a su comunidad, a la provincia, pero particularmente a la ciudad donde es oriunda”, indicó y concluyó: “Veremos qué hace”.
En una entrevista con Todo el mundo sabe, por Aire 99, Pérez habló también del proyecto que discute la Legislatura neuquina para que la policía de la provincia incorpore el uso de otras armas no letales. Mencionó la reunión que la APDH mantuvo la semana pasada con los legisladores y dijo que allí fijaron “una postura de rechazo a la incorporación de más armas”, un tema que definió como “verdaderamente polémico, controvertido”.
“Nosotros consideramos que cualquier arma tiene letalidad de acuerdo a cómo se la utiliza”, indicó Pérez. Agregó que una pregunta que plantearon a los legisladores es “si en estas circunstancias, donde hay amplios sectores de la sociedad neuquina vulnerables, en una provincia que supuestamente por la riqueza que tiene no tendría que tener los altos niveles de pobreza que tiene, es necesario invertir dinero del que todo el mundo te dice que no hay, en este tipo de cosas”.
Por otra parte, apuntó que “la policía tiene armas no letales o menos letales” y el ejemplo más claro fue el crimen de Carlos Fuentealba, asesinado por el disparo de una granada de gas lacrimógeno durante un operativo represivo.
En diálogo con Fabián Polizzo, Pérez se refirió también al estado de la causa por contaminación contra la empresa Comarsa, en la que la APDH junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina son querellantes. En febrero, en una audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías aceptó algunas medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal para los máximos responsables de la empresa. Entre ellas, la inhibición de bienes por el valor de 7,5 millones de dólares.
“A partir de ahí se inició una madeja judicial por los recursos presentados por la defensa”, contó Pérez, en referencia a que el Tribunal de Impugnación “por mayoría, 2 a 1, decidió que se levanten esas medidas cautelares y se fije una multa equivalente a lo que establece el código de procedimientos de la provincia”, que establece como máximo de multas 200 mil pesos. Además, solicitó que vuelva la causa al juez de Garantías.
“La novedad es que el martes próximo se va a hacer una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia, que va a resolver esta cuestión”, anticipó Pérez.
“Lo importante es que se ha logrado la formulación de cargos por contaminación con afectación a la salud pública y defraudación contra los responsables de la empresa”, remarcó.
