Uno de los sectores sobre los que, durante el primer año de gestión, el gobierno de Javier Milei más blandió la motosierra para “achicar el gasto” y alcanzar el déficit cero, fue el de las jubilaciones. Al punto tal que más de una vez nos preguntamos –con ironía- si, al final, ellos eran “la casta”. Veamos cómo impactaron las medidas del Gobierno sobre este sector.
Desde el inicio de la gestión, los alrededor de 7 millones de jubilados que hay en Argentina sufrieron, como el resto de la sociedad, un cimbronazo que redujo su poder adquisitivo a partir de tres medidas concretas y simultáneas: la devaluación un 118% del tipo de cambio; la desregulación del sector de los servicios públicos (que se tradujo en subas significativas en las tarifas de luz, agua, gas y transporte); y la inflación, que acumuló casi un 60% en tres meses (alcanzó 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero).
El impacto negativo que esas decisiones tuvieron sobre los haberes de los jubilados no se vio amortiguado por ninguna medida en los primeros meses de gobierno. Es más, en marzo el Gobierno modificó la fórmula previsional que venía del gobierno anterior y que establecía una actualización trimestral por IPC. De esta manera, mediante el DNU 274/2024, dispuso que en adelante los aumentos serían mensuales –siguiendo el último dato de inflación disponible (de 2 meses anteriores)- y otorgó una suba excepcional de 12,5% con la que pretendía compensar la inflación de enero, que había sido de 20,6%. También comenzó a otorgar un bono de 70 mil pesos para las jubilaciones más bajas, cuyo monto se mantiene en la actualidad y así será hasta fines de 2025, según acaba de anunciar el director de Anses, Mariano de los Heros.
En un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) titulado “El primer año de gestión de Milei en datos”, señalan que “la fórmula anterior, atada a salarios y recaudación, hubiera arrojado haberes 21% superiores a diciembre 2024 respecto de los que efectivamente serán con la fórmula de Milei”. Los economistas agregan que “al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperarse”.
El 22 de agosto pasado el Congreso de la Nación votó un nuevo régimen jubilatorio. La Ley 27.756 incluía una cláusula gatillo una vez al año que mejoraba los haberes sujeto a la recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. La ley también otorgaba una recomposición por única vez para todos los haberes con el fin de recuperar parte de la inflación de enero, y una garantía de haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total, lo que implicaba consolidar el bono para quienes perciben la mínima.
A días de su sanción, tal como lo había anticipado, Milei vetó esa ley que no cerraba en la matemática del Gobierno porque implicaba elevar al 1% el déficit fiscal. La decisión tuvo un costo para el Gobierno: su popularidad cayó –aunque luego se recuperó- y no dudó en enviar a las fuerzas de seguridad a reprimir a los jubilados que comenzaron a manifestarse todos los miércoles frente al Congreso para exigir una mejora en sus haberes.
La última estocada a los jubilados se la dio el Gobierno la semana pasada cuando el PAMI anunció la eliminación de la gratuidad de los medicamentos para aquellas personas que cobren hasta un haber mínimo y medio (es decir, $390.000). Ahora, quienes reúnan los requisitos, deberán hacer un trámite online o dirigirse hasta una oficina de Anses para tramitar el beneficio, presentando además las recetas y datos de su historia clínica para que se evalúe su posterior aprobación.
En síntesis, en este primer año de gobierno libertario los haberes y la cobertura de salud para jubilados y pensionados se han deteriorado de manera impactante. Quizás para el Gobierno sea un problema menor porque “sólo el 11% de los jubilados es pobre”, según declaró recientemente el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Los números del Indec lo desmienten: la pobreza en los mayores de 65 años llega al 29,7%.
