El desmantelamiento por parte del Gobierno nacional de las políticas públicas para abordar la violencia de género tiene consecuencias directas: una de ellas, es que al dejar de existir el ministerio y la subsecretaría de la Mujer, no hay ninguna institución pública que termine de dar cumplimiento al acuerdo amistoso firmado por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Ivana Rosales. A nivel provincial quedan dos puntos a terminar de ejecutar: un centro integral para víctimas de violencia de género y las capacitaciones de la Ley Micaela.
Este 6 de septiembre se van a cumplir 7 años del fallecimiento de Ivana. Tenía 43 años y estaba embarazada de 5 meses. Murió en su casa por un ataque epiléptico, patología desencadenada por el brutal ataque que sufrió por parte de su ex pareja, Mario Garoglio, en 2002. El juicio contra el agresor estuvo cargado de actuaciones discriminatorias y revictimizaciones hacia Ivana. Durante el proceso judicial, sus dos hijas fueron obligadas a vincularse con el denunciado, y en ese tiempo fueron abusadas. Mayka se suicidó años más tarde.
En 2002 no se hablaba de femicidio y la violencia de género no estaba visibilizada como tal. Ivana lo sabía, lo intuía, y por eso recurrió a los medios. Mostró su rostro golpeado, con cicatrices. Fue una de las primeras sobrevivientes de un intento de femicidio en denunciar públicamente a su agresor en Neuquén. Después vino el juicio y la violencia estatal de no protegerla a ella ni a sus hijas. Pasaron 10 años para que Garoglio finalmente fuera a la cárcel, con la suma de la condena por el abuso sexual a sus hijas. “En el momento en que tomé conciencia de cuáles habían sido mis derechos, que fueron violados en el juicio, y la discriminación que había recibido por parte de la Justicia, recurrí al CELS”, contó Ivana cuando a través del Centro de Estudios Legales y Sociales, inició en 2005 una demanda ante la CIDH.
Pasaron 16 años, ya sin Mayka ni Ivana, en 2021 el Estado argentino reconoció su responsabilidad y se comprometió a realizar acciones concretas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. En el acto público estuvo presente Abril Rosales, hija de Ivana, quien tomó el legado de su mamá y continuó su reclamo ante el organismo internacional.
Cumplimiento parcial de la Provincia
Dos años antes, en 2019, la provincia de Neuquén había suscripto un acta de compromiso que incluía medidas de reparación. Lorena Barabini, actual subsecretaria de la Mujer, aseguró a Intempestiva que junto a la subsecretaría de Derechos Humanos presentaron en junio ante la CIDH el informe correspondiente a diciembre de 2023. “Nos hicimos cargo de darle continuidad al acuerdo, lo tenemos asumido como un compromiso y seguimos dando cumplimiento, si el Estado nacional quiere desconocer estos acuerdos internacionales no es un tema del que podamos opinar”, remarcó la funcionaria provincial.
Barabini destacó que las medidas de reparación hacia Abril se cumplimentaron durante la gestión anterior y se mantienen en la actualidad. Se refiere al patrocinio jurídico, al otorgamiento de una vivienda y a la indemnización pecuniaria.
Uno de los compromisos centrales fue la creación del “Centro de Protección Integral para las Víctimas de Violencia de Género, Ivana y Maika Rosales”. Barabini confirmó que estará lista antes de fin de este año, que la construcción está finalizada y que ahora restan trabajos de cerramiento perimetral (que ya está licitado) y la compra de equipamientos.
El espacio fue incluido dentro de la Unidad Ejecutora provincial, en agosto de 2021, según se publicó en el Boletín Oficial. Fue una de las promesas del gobernador Omar Gutiérrez antes de terminar su gestión. Sin embargo, la construcción de la vivienda en Plottier quedó sin finalizar, mientras que sí se inauguraron los edificios para otros dos refugios -en Chos Malal y en Zapala-, aunque hubo denuncias por la falta de recursos para su funcionamiento adecuado. La obra iba a contar con financiamiento del Gobierno nacional pero nunca se concretó y “ahora no hay ni margen para reclamarlo”, aseveró Barabini.
Otro de los acuerdos que no se terminaron de concretar fueron las capacitaciones por la Ley Micaela. Barabini confirmó que desde la firma del acta compromiso a diciembre de 2023 no se ha llegado a capacitar al 20% de los y las agentes estatales, y funcionarios/as. “El número de personal y funcionarios capacitados es bajo. Desde que asumimos hasta acá en total entre policía y personal del Estado no llegamos a los 500. Hicimos una revisión de contenidos, retomamos las capacitaciones y estamos ajustando procedimientos, incluyendo la virtualidad, aunque no soy muy amiga de esta modalidad para este tema”, indicó.
En cuanto a la participación de la Provincia en el Registro Nacional de Violencia de Género, la funcionaria explicó que Neuquén cuenta con su propio Observatorio que a la vez es parte del Centro de Monitoreo de Políticas Públicas. También afirmó que se sigue dando cumplimiento al programa de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género contando con dos abogadas en Neuquén Capital, una en Cutral Co y otra en San Martín de los Andes. Asimismo, se mantiene la publicación y difusión de materiales para concientizar sobre la temática.
A nivel nacional, el acuerdo está “paralizado”
A nivel nacional los compromisos asumidos se cumplieron parcialmente y muchos quedaron sin continuidad con las medidas del gobierno de Javier Milei. Se concretó el acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional y la publicidad del acuerdo. Hay más de 18 puntos que con la actual gestión quedaron sin seguimiento.
“Hemos denunciado ante la CIDH el cierre del ministerio, pero también de la subsecretaría contra la violencia de género, porque entendemos que no quedó ningún órgano específico que pueda llevar adelante el cumplimiento del acuerdo firmado en el caso de Ivana Rosales”, indicó a Intempestiva Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS.
Agregó que “también alertamos que se habían desplomado 19 políticas vinculadas con violencia de género, habiendo aumentado inclusive la cifra de femicidios”. En ese sentido explicó que se realizó un pase de competencias y facultades del ministerio de Capital Humano al de Justicia, pero que no quedó ningún área específica que asuma las funciones del antiguo ministerio de las Mujeres. “No hubo continuidad con lo que es el Acompañar, eso también es algo muy preocupante, se ha eliminado el programa Acercar Derechos que facilitaba el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. No encontramos ningún área que trabaje la violencia a nivel federal”, aseguró de la Vega sobre algunos de los programas que estaban estipulados en el acuerdo.
“Con relación a los compromisos asumidos por el Estado Nacional, varias medidas se cumplieron positivamente hasta septiembre del año pasado”, afirmó de la Vega. Entre ellas, las capacitaciones de la Ley Micaela (aunque no cuentan con informes sobre el porcentaje total del personal abarcado), un programa para el abordaje de masculinidades, un protocolo para situaciones de alto riesgo de letalidad, el desarrollo del programa Acercar Derechos. Además, varios compromisos fueron incluidos dentro del Plan Nacional contra la Violencia de Género.
“Aún así, quedaron algunas cuestiones sin terminar de definirse como por ejemplo el protocolo para la alerta temprana y el abordaje de las situaciones de alto riesgo de letalidad. Eso no quedó satisfecho. Y otras cuestiones también vinculadas a la capacitación en la ley Micaela que también entendemos que no quedaron cumplidas, así como también si bien hubo alineamientos para el abordaje de masculinidades violentas, eso no se concretó en un avance efectivo en la política pública”, describió.
La perspectiva de finalizar con los compromisos a nivel nacional no es alentadora. “Entendemos que se encuentra paralizado el informe en un caso como el de Ivana que resulta tan paradigmático, tan fuerte no solo por la gravedad de los hechos sino también por la lucha que ha llevado adelante Ivana”, remarcó de la Vega. Sobre las acciones posibles adelantó que “en julio también le pedimos a la CIDH que indique un plan de trabajo para cumplir con las medidas faltantes, que se establezca un organismo que responda por el Estado Nacional y que convoque una reunión para establecer una agenda de trabajo. Tenemos entendido que le han llegado distintos llamados de atención al Estado Federal en materia de la eliminación y los retrocesos vinculados a políticas de género, en particular con relación a nuestra petición, pero el proceso es confidencial”.
