Legisladores de varios bloques de la oposición presentaron en la Legislatura un proyecto para que la provincia comience a pagar un plus por presentismo a docentes del sistema público y desde el sindicato Aten salieron a repudiar la iniciativa.
“A nosotros la idea del presentismo nos lleva a la época del sobichismo donde todo derecho intentó ser vulnerado”, dijo la secretaria gremial de Aten, Cintia Galetto a Intempestiva, y amplió que “hay un clima de época y hay una necesidad de ir contra la mirada política de los sindicatos”, además de “una clara denostación a la escuela pública y al ser docente, y a la dignidad con la que sostenemos cotidianamente nuestro trabajo”.
En ese contexto, la dirigenta cuestionó el proyecto presentado por los bloques MPN, Hacemos Neuquén, Juntos y JxC, porque “nosotros hemos ido muchas veces a la Legislatura planteando un montón de realidades que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela pública o con la generación de política pública educativa y gran parte de las veces nunca hemos tenido respuestas”. Agregó “que algunos legisladores hoy presenten este proyecto como solución a una realidad que está cubierta por el régimen de licencias y por la formación que están teniendo, de política educativa habla muy poco”.
Para Galetto, en su lugar, los legisladores deberían “contribuir a garantizar que la Ley de financiamiento educativo se cumpla como corresponde, que los fondos para infraestructura se ejecuten como corresponde y no que pretendan, ajustando el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, generar fondos para salir a construir escuelas”.
El proyecto por el cual se crea el Incentivo al Desarrollo Profesional Docente, establece que se pagará un 10 por ciento más de la asignación del cargo que mensualmente corresponde a cada agente, a aquellos cuyas inasistencias no superen las 3 trimestrales con un límite de 2 mensuales, debidamente justificadas.
Además, los agentes deberán cumplir con una serie de capacitaciones previstas en un Plan Anual de Capacitación y Fortalecimiento Docente, el que será establecido anualmente previo al inicio de cada ciclo lectivo. De lo contrario, no percibirán el dinero extra.
Sobre este punto, Galetto indicó que en la actualidad los docentes ya se capacitan y eso es lo que les permite incrementar el puntaje, con lo cual “hay un desconocimiento total en relación al funcionamiento del sistema educativo y el proyecto, más allá de querer ir contra una situación de abuso de licencias que ellos describen, a nosotros nos parece que está también en consonancia con un modelo nacional en donde hace muy poco en la Comisión de Educación, Presupuesto y Hacienda se presenta el mismo tipo de proyecto instalando la idea de presentismo en el sistema educativo y poniendo en duda entre otras cosas, el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación”.
Por otra parte, remarcó que en la actualidad hay un régimen de licencias que se analiza en un área del Concejo Provincial de Educación que “hoy no tiene muchas personas a cargo, entonces tienen que analizar lo administrativo de toda una provincia seis o siete personas, y eso es en todo caso donde el Ejecutivo o cualquier propuesta que surja tiene que hacer hincapié”.
¿Suma en negro?
La iniciativa que tuvo preferencia hoy en el recinto y comenzará a ser debatida en comisiones, lleva las firmas de Claudio Domínguez, Gabriel Marcial Álamo, Patricia Noemí Fernández, Gerardo Gutiérrez, Cielubi Agustina Obreque y Juan Abel Sepúlveda (MPN); Carina Yanet Riccomini (JUN); y Alberto Raúl Bruno y Guillermo Claudio Monzani (HN). También cuenta con la adhesión del diputado César Gass (JXC NQN -UCR).
Consigna que el “Incentivo” será liquidado con una periodicidad trimestral, con los haberes mensuales devengados de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. De sancionarse esta ley, será percibido a partir de los haberes de septiembre de este año, en base al trimestre inmediato anterior.
Para el secretario gremial de Aten provincial, Pablo Grisón, este proyecto “pone sobre el debate la salud porque van a cambiar salud por plata”. “Los docentes tienen que trabajar cuando están en condiciones de salud para trabajar”, apuntó.
“Por otro lado no está aclarado cómo lo van a liquidar. Estimo yo que va a ser plata en negro, una suma fija atada a un porcentaje del básico. Y fin. Entonces eso no le aporta al Instituto, es una suma que nosotros rechazamos porque además nos costó muchísimo sacar las sumas en negro y nos costó la vida de un compañero”.
En los fundamentos del proyecto, retoman declaraciones del Gobernador Rolando Figueroa en las que aseguró que el Tesoro Provincial destina “alrededor de US$100 millones anuales al pago de suplencias. De esta suma, US$20 millones se utilizan para el pago de ‘suplentes de suplentes’, un gasto que podría financiar la construcción de 64 escuelas primarias cada año”.
Grisón sostuvo que “las suplencias no son todas que se pagan dos veces porque hay gente que toma cargos de mayor jerarquía y no cobra por el mismo puesto dos veces. “Es una falacia lo que dice el gobierno. Encima, hay suplencias que se pagan de docentes que no están en el sistema educativo. Hay docentes que van a trabajar a la Legislatura, a los ministerios, a Concejos Deliberantes, y eso lo paga Educación. Eso no se lo pueden achacar a los docentes”, señaló.
Hacer como en Río Negro: apuntar contra los certificados truchos
Días atrás, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que mantiene un duro conflicto salarial con el sindicato de docentes, Unter, informó que denunciaron a más de 20 profesionales de la salud por emitir certificados médicos “truchos” a docentes de la provincia para cubrir licencias médicas. Buscan así investigar la posible comisión del delito de estafa contra la administración pública provincial.
Para Grisón, con esta acción Weretilneck “puso los puntos sobre las íes” porque “fue adonde tiene que ir” y explicó que “ellos consideran que si hay un certificado trucho o que hay un exceso, también atrás hay un profesional de la salud”. Agregó que “nosotros hemos en su momento ido contra algún profesional y fuimos al Colegio de profesionales a denunciarlo con nombre y apellido porque detectamos que cobraba por los certificados. Y lo denunciamos en el Consejo de Educación”.
“Si hay sospechas de que hay licencias que son truchas tienen que ir a la base del problema. Es más se lo hemos reclamado nosotros al gobierno: vayan a donde tienen que ir, no pueden solamente sembrar sospecha sobre los trabajadores”, indicó.
Sobre este tema, Galetto opinó que “quizás sea un modo de resolver esa situación” porque “así como van en contra de los trabajadores de la educación, quizás se debe poner el ojo en los médicos que generan certificados truchos. Eso en las localidades del interior se conoce y muy claramente”.
