Federico Egea, abogado que representa a la compañera del gasista Nicolás Francés, uno de los tres muertos en la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, hizo durante su alegato una precisa descripción del modo en el que habrían accionado los seis imputados en la causa. “Existe una praxis tendiente a utilizar la obra pública no para el bien común y no para el disfrute del pueblo sino para generar fuentes de lucro. Hay una cartelización de la obra pública”, afirmó.
El fragmento de la exposición de Egea, realizada en conjunto con la Fiscalía y el resto de las querellas, fue parte del pedido para que se declare culpables a Roberto Deza, ex subsecretario de Obras Públicas; a Raúl Capdevilla, director provincial de Obras Públicas; a Carlos Córdoba, director de Obras Públicas; a Sergio Percat, inspector a cargo de la obra; a Héctor Villanueva, socio gerente de la empresa Arte Construcciones, y a Diego Bulgheroni, director de la obra.
Egea explicó cómo luego de atravesar un correcto proceso licitatorio, se naturaliza la violación de normas para abaratar costos como, por ejemplo, la omisión de pruebas obligatorias, la falta planos y documentación o la subcontratación ilegal de una empresa con empleados sin registrar y sin idoneidad comprobada.
“Hubo desidia e incumplimientos de todo tipo de normativas por parte de los imputados. Todos tenían capacidad evitativa, pero nada hicieron”, sostuvo el fiscal Gastón Liotard, para luego enumerar una decena de “cuestiones sobre las que no hay dudas”, como la certeza de los imputados de que la obra no estaba terminada, la subcontratación ilegal de Eduardo Afione o que jamás de realizó una prueba de hermeticidad.
“¿A quién le damos la facultad de custodiar los bienes materiales e inmateriales de la sociedad?”, preguntó el fiscal, quien luego aseguró que “todos los imputados omitieron desplegar acciones necesarias para evitar que se elevara el nivel de riesgo y por eso se registraron tres muertes”.
Emanuel Roa Moreno, quien junto a Darío Kosovsky representa a los familiares de Mónica Jara y Mariano Spinedi y al sindicato Aten, hizo un extenso recorrido sobre la recolección de pruebas, para luego sostener que “este desastre era totalmente evitable” y pedir que ·nunca más una maestra y dos trabajadores mueran en una escuela”.
La jornada terminó con el alegato de Juan Manuel Coto, quien reclamó la no culpabilidad de sus defendidos, Carlos Córdoba y Raúl Capdevila. Mañana será el turno de los otros cuatro abogados defensores.
